El economista Ronald Balza, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), compartió este lunes 20 de mayo sus opiniones respecto a la nueva Ley de Protección de Pensiones, durante una entrevista en el programa De Primera Mano de Radio Fe y Alegría Noticias.
Balza destacó que, aunque la recaudación de impuestos es fundamental para el financiamiento del gasto público en áreas como educación y salud, es necesario que exista una rendición de cuentas clara sobre el uso de estos recursos.
“Los impuestos, tal como lo hemos visto ahora, pueden generar mucho malestar o incomodidad sobre los empresarios y trabajadores cuando se usan mal, pero hay impuestos que permiten construir un ambiente en el que el servidor público contribuye a la actividad privada con todo lo que presta”, afirmó el economista.
Recordó que cada nuevo impuesto forma de financiamiento o endeudamiento que tiene repercusiones significativas en la economía del país.
Asimismo, calificó la medida como arbitraria debido a que cree que hace falta mucha información para poder saber con claridad qué va a significar para la actividad empresarial, comercial e industrial.
¿Qué hace falta conocer?
Remarcó que desde 2016 el presupuesto nacional no se publica, en un país donde los gastos parafiscales han sido significativos desde 2005 con la creación del Fondo De Desarrollo Nacional (Fonden) y en 2010 con los fondos chinos que se usaron sin la debida observación ciudadana.
Indicó que durante el período de hiperinflación, el Gobierno recurrió al financiamiento monetario y realizó gastos a través de mecanismos desconocidos, lo cual afectó gravemente los salarios y pensiones de los trabajadores, “convirtiéndolos prácticamente en sal de agua”.
“No sabemos cuál es el número de pensionados, cuál es el monto que el Gobierno está destinando actualmente al pago de las pensiones a través del Seguro Social, cuál es el total que va por la vía de los bonos como el bono de guerra o cuáles son las remuneraciones totales para el sector público que van a tener una incidencia sobre quienes están próximos a jubilarse”, detalló.
La incertidumbre se extiende también al uso del impuesto sobre la renta y a la Ley de Armonización Tributaria. “Un impuesto más lo que me hace pensar es que es un peso más sobre las empresas, sin que haya una seguridad de alivio para los pensionados”, aseveró.
Informalidad y evasión de impuestos
El decano también expresó su preocupación por el impacto negativo de la nueva contribución sobre las empresas formales, advirtiendo que esto podría incentivar la informalidad o la evasión de impuestos.
“Un impuesto que se coloca justamente sobre las empresas formales y que encarece los pagos de trabajo o de pensiones por parte de estas empresas puede tener como respuesta la no formalización o la evasión de pago de impuestos”, explicó.
Añadió que esta situación podría inhibir actividades productivas y de contratación laboral, afectando tanto a la economía como a las personas remuneradas.
A su juicio, hay una contradicción en la política del Gobierno que por un lado incrementa impuestos, y por otro promete menos cargas tributarias en las zonas económicas especiales.
“Cuando el gobierno, por ejemplo, dice que va a estimular el crecimiento por la vía de las zonas económicas especiales, una de las cosas que dice es que en esas zonas se van a cobrar menos impuestos. ¿Cómo es posible que se suban unos impuestos y se diga que se van a cobrar menos cuando lo que no es zona económica especial va a tener que cargar con el mayor peso?”, cuestionó.
Subrayó que la incertidumbre fiscal afecta las decisiones de inversión, las cuales se toman pensando en el futuro.
Por Agencia.