La crisis que atraviesa Venezuela se evidencia en mayor medida en la continua vulneración a los derechos fundamentales de grupos en situación de vulnerabilidad, quienes se encuentran en una situación de riesgo y desprotección latente ante las acciones y omisiones contrarias a derechos humanos por parte del Estado.
En los últimos días, muchas mujeres expusieron testimonios en las redes sociales y redes sociales de situaciones de violencia de género a las que se enfrentan, el incremento de estas denuncias que evidencia una la falta de políticas y mecanismos de protección a los derechos de las mujeres por parte del Estado venezolano.
Estas situaciones inconcebibles afirman la existencia de una crisis multisectorial y principalmente de un sistema de justicia penal quebrantado.
Centros de acoso
Los testimonios se extienden incluso a los centros de reclusión del país, donde a pesar de estar en una situación de doble vulnerabilidad y bajo la custodia del Estado, la desidia del sistema penitenciario y la carencia de un enfoque diferenciado con perspectiva de género se evidencia en las precarias condiciones de detención en la que permanecen las mujeres en los diferentes establecimientos del país.
Todo ello, propicia ambientes caracterizados por tratos indignos, degradantes e inhumanos, donde, además, las situaciones de violencia de género y violencia sexual suelen ser uno de los principales problemas; en este sentido, se reportaron en los establecimientos de reclusión situaciones donde en muchos casos las mujeres son sometidas a tener relaciones sexuales por supervivencia.
Tras las rejas se hace imposible alzar la voz, ya que las mujeres privadas de la libertad no cuentan con los medios o mecanismos necesarios para denunciar y expresar las situaciones irregulares que ocurren en cada uno de los establecimientos carcelarios y calabozos del país, se hace incluso más difícil denunciar situaciones de violencia sexual a las que lamentablemente fueron sometidas en dichos recintos.
Según varios de los casos recibidos por el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), los perpetradores de la violencia son funcionarios de seguridad y vigilancia, e incluso personas privadas de libertad denominadas “lideres negativos” los cuales por la posición de poder que ostentan coaccionan a las mujeres en prisión exigiéndoles relaciones sexuales para el cobro de “beneficios”, tales como acceso al agua, alimentos y hasta productos de salubridad e higiene, dichas situaciones, se han documentado incluso en casos en los que las mujeres son obligadas por parte de sus compañeras de celda a los cuales han identificado como “machitos”, las cuales les exigen relaciones sexuales a cambio de beneficios personales.
Llamado de atención
El equipo del OVP manifiesta su ante la falta de acceso a la justicia y el continuo abandono por parte del Estado a las mujeres víctimas de violencia y acoso, en este sentido, exigimos el exhaustivo cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de acceso a la justicia a mujeres víctimas de violencia sexual y el respeto de los derechos humanos de las mujeres con mecanismos idóneos que aseguren el desarrollo de una vida libre de violencias.
“Rechazamos los actos de violencia contra la mujer que atentan los derechos humanos de cada una de las mujeres, extendemos nuestra solidaridad y las acompañamos ante estas situaciones indignantes”, detalla una nota de prensa.
También objetan la impunidad que acecha a cada una de las víctimas de violencia de género por falta de un sistema de justicia robusto, independiente, que incorpore una perspectiva de género, no revictimice y que pueda velar por la protección de todas las mujeres: las que hablaron, las que no han hablado y las que no tienen voz.
Por: Nota de Prensa / Foto: Cortesía