De acuerdo con las previsiones de quienes integran el Comité Especial de Postulaciones de la Asamblea Nacional, para la primera semana de julio próximo podrían ser designados los nuevos titulares de los órganos que forman parte del llamado “poder moral” que, en el ámbito nacional, conforman la Contraloría, la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo, que constitucionalmente conforman el Consejo Moral Republicano.
Como representante de sectores de la oposición elegidos para el actual período de sesiones de la Asamblea Nacional, el diputado José Gregorio Correa, quien figura además como vicepresidente del mencionado comité, al cual correspondió recientemente designar a los nuevos magistrados del TSJ, al mismo tiempo de prever la cercanía de las próximas designaciones reiteró para El Universal su preocupación en relación con las previsibles condiciones prevalecientes.
El recelo de Correa se centra en que la designación del contralor, el fiscal y el defensor del pueblo como en la continuación del predominio “hegemónico de la tendencia ideológica que desde hace 23 años ha impedido que se distribuya de manera equitativa el poder” en Venezuela.
Respondió Correa, en primer lugar, sobre las posibilidades de que los titulares de la Contraloría General de la República, del Ministerio Público y de la Defensoría del Pueblo, sean designadas en el curso de este año como se anuncia, y por el mismo comité que lo hizo con los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, que “la comisión de postulaciones judiciales tiene un mandato por dos años. Ya una vez finalizado el nombramiento de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, la inspectora general de tribunales y el director de la Escuela de la Magistratura, la Asamblea Nacional, se dispone en las próximas semanas a estudiar la posibilidad de renovar los integrantes del Poder Moral Republicano, probablemente para la primera semana de julio próximo”.
Sobre la posibilidad de que se repita lo ocurrido con la designación de dichos magistrados, en el que se impuso el predominio de una mayoría de gente vinculada al actual Gobierno y su partido el PSUV, advirtió Correa que esa constituye una realidad la cual tiene su origen en el llamado de abstención formulado por el sector de la oposición en las elecciones del 2020.
Ea tendencia dejó una mayoría determinante de 93 % de diputados del oficialismo elegidos contra 7 % apenas de la oposición. Es decir: “Se trataría de una decisión política que adoptaría el pleno de la Cámara, que está integrado por 277 diputados, de los cuales 257 son de la fracción del Gobierno”, subrayó.
“Sin embargo, a pesar de esa circunstancia, nosotros, hemos levantado la voz y alertado sobre como hacer las cosas basados en el diálogo y no en la mayoría. Aspiramos que el Poder Moral Republicano, nombrado por la Constituyente en su momento, y de lo cual mantengo mis reservas en cuanto al origen de sus nombramientos, una vez concluido su mandato comencemos a estudiar y a trabajar basados en el diálogo y el entendimiento, y que quienes estén al frente de estas instituciones, aun teniendo alguna parcialidad política lo hagan ajustado a derecho y sin ningún tipo de preferencia partidista».
Por otra parte, en relación con su apreciación sobre lo que ha sido el cumplimiento de los postulados que dieron origen a la formulación de la propuesta de “poder moral” en Venezuela, indicó el parlamentario que no se ha cumplido a lo largo de estos años con la independencia y la autonomía de los distintos poderes.
Sostiene que se ha impuesto “una mayoría hegemónica desde hace 23 años, lo cual ha impedido que se distribuya de manera equitativa el poder y que exista un contrapoder entre cada una de las fuerzas políticas que actúan dentro del Estado venezolano”.
“Nosotros tenemos que ir, tarde o temprano hacia los postulados de ese Poder Moral Republicano que tiene su origen en el pensamiento del libertador, Simón Bolívar, quien hablaba justamente de que teníamos que hacerlo nuestro, y que en justa medida podríamos ir explorando siempre tener instituciones lo más equilibradas y ajustadas al derecho; lo que nos permitiría contar con un mejor funcionamiento del Estado.
Por: Agencia