Una decisión del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) abrió una fuerte controversia judicial y política en California. En diciembre, la agencia permitió que uno de los acusados por el mayor robo de joyas de la historia del país abandonara Estados Unidos y fuera deportado a Sudamérica, lo que impidió que enfrentara un juicio penal federal previsto para este año.
El caso involucra a Jeson Nelon Presilla Flores, uno de los siete imputados por el asalto a un camión blindado de la empresa Brink’s en 2022. Según la acusación, el grupo siguió al vehículo tras una feria internacional de joyería cerca de San Francisco y lo atacó en una parada de descanso al norte de Los Ángeles. El botín incluyó diamantes, esmeraldas, rubíes, oro y relojes de lujo. Las víctimas denunciaron pérdidas por más de USD 100 millones, aunque Brink’s sostuvo que el valor real no superó los USD 10 millones.
Presilla Flores enfrentaba cargos por conspiración y robo de carga interestatal e internacional, delitos que podían derivar en una condena de hasta 15 años de prisión federal. El acusado se declaró inocente y se encontraba en libertad bajo fianza, con residencia permanente legal en Estados Unidos, mientras el proceso avanzaba.
Sin embargo, en septiembre quedó bajo custodia de ICE. De acuerdo con documentos judiciales, los fiscales federales afirmaron que desconocían la existencia de una orden de detención migratoria. En diciembre, durante una audiencia de inmigración, Presilla Flores solicitó la salida voluntaria. El juez rechazó ese pedido, pero dictó una orden final de expulsión. Días después, el acusado fue enviado fuera del país, con destino final en Sudamérica.
La decisión generó sorpresa entre los fiscales, que ahora buscan mantener abierta la posibilidad de un juicio futuro. En una presentación judicial, solicitaron que los cargos se retiren “sin perjuicio”, una figura que permite reactivar el caso si el acusado regresa a Estados Unidos. La defensa, en cambio, pidió el cierre definitivo del expediente y la eliminación permanente de los cargos, al sostener que se violaron los derechos procesales de su cliente.
Por Agencia