Desde el mes de febrero de este año, diversos estados del país, con énfasis en el estado Zulia, se han visto sometidos a cortes eléctricos y severas fluctuaciones del servicio de electricidad, haciendo aún más rudo y crítico el día a día de la inmensa mayoría de los venezolanos.
Venezuela ha experimentado 442.000 fallas eléctricas desde el mega apagón del 7 de marzo de 2019, y entre enero y febrero de 2022 se han registrado al menos 5.000 cortes de luz en las 23 regiones y el Distrito Federal, según el Comité de Afectados para Apagones. El reciente informe de la Federación Internacional de Derechos Humanos y Provea, lo ratifica, la producción de electricidad ha caído en 74 %, lo que ha provocado 174.000 cortes de corriente durante 2021, afectando al 74,2 % de la población.
Esa es la gran realidad. El sistema eléctrico nacional ha sufrido durante los últimos veinte años un proceso de deterioro sostenido, como consecuencia de las nefastas políticas, la corrupción y medidas de los regímenes de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
Basta revisar la cronología de tales medidas: En 1999 paralizaron los planes de expansión del sistema. En 2002 congelaron las tarifas eléctricas. En 2008 la crisis se evidenció con cuatro apagones nacionales. A finales de 2009, Corpoelec comenzó a implementar su sistema de racionamientos. En 2010 se decretó la emergencia eléctrica y se aprobó una Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico, que prohibió la participación privada en el sector. Las empresas eléctricas de entonces fueron centralizadas en Corpoelec. Tal decisión marcó el fin de una era de calidad de servicio y el inicio del caos y la crisis del sistema eléctrico en Venezuela.
En 1998 el sistema eléctrico venezolano, con empresas públicas y privadas, era considerado el mejor de América Latina, daba cobertura a 97% de la población, era un servicio robusto, pero que hoy es incapaz de atender la demanda de electricidad de ningún estado, y la principal causa, es la corrupción y la incapacidad del régimen.
Corrupción y proceso de deterioro que nos dedicamos por años a denunciar y dejar en evidencia desde nuestra legislatura en el estado Zulia.
En reiteradas ocasiones lo señalamos. Entre 2004 y 2014, el régimen autorizó la compra de plantas termoeléctricas. ¿Qué pasó? La mayoría de esas plantas hoy están inoperativas, no por saboteo como ellos se excusaban, sino por corrupción.
Luego vino el decreto de emergencia eléctrica que desató una voraz ambición y derivó en el nacimiento de los “bolichicos”.
Con este decreto, sin licitaciones, ni concursos, sin información de precios, el régimen adjudicó a una firma desconocida llamada Derwick Associates, sin ninguna experiencia en el sector eléctrico, 12 contratos para construir generadoras eléctricas, en 14 meses. Esta operación se efectuó con un sobreprecio de 3.000 millones de dólares.
Fue así como los “bolichicos”, esos engendros de Nicolás Maduro, pagaron multimillonarios sobornos para la adjudicación de contratos, involucrando en este negoción, que llenó los bolsillos de algunos, pero que dejó sin luz a la mayoría del país a: El expresidente de PDVSA y ministro de energía, Rafael Ramírez; el exministro de Industrias Básicas y Mineras, Rodolfo Sanz; el ex viceministro de Energía, Nervis Villalobos, y Javier Andrés Alvarado Pardil, hijo del ex viceministro de Desarrollo Eléctrico y con vinculación al grupo Derwick, entre muchos otros altos funcionarios del régimen.
Lo irónico de toda esta triste historia de Venezuela es que durante los 40 años de democracia se invirtieron 50 mil millones de dólares, que generaron 15 mil megavatios; en cambio, en estos últimos 20 años del régimen Chávez-Maduro, ha dilapidado el doble, y no se han levantado ni 2 mil megavatios.
Para mayor claridad de nuestro planteamiento, pongo el ejemplo de instalaciones eléctricas que por años me dediqué a fiscalizar y constatar in situ, habló de la Planta de Bachaquero, en la Costa Oriental del Lago, la cual generaría 450 megavatios y debió estar culminada en diciembre de 2011, pero nunca se avanzó en ella más del 20% y hoy está abandonada. Hablo de la Planta de Lagunillas, que nunca se construyó, y del Parque Eólico de la Guajira que nunca llegó a operar y fue desmantelado, también me refiero a las condiciones de abandono y deterioro de la Planta Ramón Laguna de Maracaibo y de Termozulia, solo por citar las condiciones del sistema eléctrico de un solo estado del país, pero que refleja la realidad de todas las regiones.
La consecuencia de todo este desastre y corrupción del régimen, la están sufriendo los venezolanos que están siendo sometidos a extenuantes e indignantes horas de racionamiento eléctrico y caos. Un régimen que por su ambición desmedida ha dejado a todo un país en tinieblas.
Por Lester Toledo