Humberto Castro, un venezolano de 59 años, iba conduciendo al trabajo como todos los días desde su casa en el Doral, donde vive desde hace ocho años, cuando fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).
“Mi papá tiene su permiso de trabajo con validez hasta el 2030. Su asilo está pendiente. Estaba yendo a su trabajo, manejando normal, y lo pararon y esposaron”, dice su hija, Arianna Castro, de 29 años. El hombre llegó a EEUU con una visa y tiene una solicitud de asilo pendiente, según explicó su hija. No tiene antecedentes criminales, reseñó El País.
El caso de Castro se produce en medio de una ola de arrestos de inmigrantes en el sur de la Florida que encendió las alarmas entre la mayor comunidad de venezolanos de Estados Unidos. Ahora está pidiendo respuestas y exigiendo medidas concretas a sus representantes en el Congreso, a poco menos de tres meses de las elecciones de medio término.
Dos de las principales organizaciones del exilio, Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex) y la Asociación Multicultural de Activistas Voz y Expresión (Amavex) prepararon un informe que enviaron a congresistas y senadores pidiendo investigar las detenciones de venezolanos con solicitudes de asilo y otros procesos migratorios pendientes.
El informe dice que los venezolanos en EEUU se vieron afectados por la eliminación de protecciones temporales y humanitarias, y que las personas con solicitudes de asilo pendientes y otros procesos están siendo detenidas para su deportación, incluso a terceros países lejanos, como Liberia. También señala que las autoridades no publican registros sobre cuántos venezolanos detenidos tienen antecedentes penales o procesos migratorios abiertos.
Como referencia, el reporte señala que hasta julio había unas 65.765 personas bajo custodia del ICE, de las que más del 70 % no tenía antecedentes criminales. También documenta al menos tres casos de venezolanos detenidos entre julio y agosto que tenían autorización de empleo y casos de asilo pendientes.
Helen Villalonga, presidenta de Amavex, dice que la política migratoria de la Administración de Donald Trump ha “lastimado de manera brutal” a la comunidad.
Casi la mitad de la población de Doral, una ciudad del condado Miami-Dade, es venezolana. La municipalidad suscribió un acuerdo 287(g) para colaborar con inmigración el año pasado.
Buena parte de la comunidad venezolana del sur de Florida respaldó a Trump en las elecciones pasadas, con la expectativa de que aumentaría la presión sobre el Gobierno de Nicolás Maduro y que la campaña de deportaciones masivas que prometió estaría dirigida a criminales y personas con vínculos con el chavismo, señala Villalonga. Ahora, incluso venezolanos vinculados al Partido Republicano la llamaron tras publicar el informe para decirle: “Esto no era por lo que votamos. Esto no era lo que estábamos esperando”, apunta.
Villalonga indica que el reporte tiene la intención de poner presión sobre los congresistas del sur de la Florida antes de las elecciones de noviembre. Si bien algunos legisladores han mostrado simpatía con la causa de los venezolanos, no se ha traducido en soluciones, y el informe pide resultados concretos, apunta. Los legisladores no han dado acuse de recibo después de que les enviaron el reporte, afirma.
“Ya estamos cansados de que [los legisladores] se pronuncien a través de sus redes sociales o que manden una carta. Lo que necesitamos son acciones dentro del Congreso inmediatas, son acciones dentro del Departamento de Seguridad Nacional, dentro del Departamento de Estado”, señala.
Por Agencia