La incertidumbre sobre el paradero de miles de desaparecidos tras los terremotos exige una respuesta clara. El Estado no puede gestionar una crisis de esta magnitud mediante el silencio o la omisión deliberada de datos. La reconstrucción de un país devastado tras un desastre comienza, fundamentalmente, con el respeto a la verdad y el derecho de la ciudadanía a estar informada.
Jorge Rodríguez y las vocerías oficiales omiten información esencial sobre el registro de personas no localizadas. Esta falta de datos no es un error, representa una decisión que vulnera los derechos fundamentales de las familias afectadas. La opacidad oficial impide labores de rescate eficiente y dificulta el acceso a la ayuda humanitaria necesaria para enfrentar la emergencia.
El vocero oficial prioriza un control político y relega el drama humano a un segundo plano.
Es necesario auditar los protocolos de actuación y la información que el Estado centraliza. Una sociedad protegida por sus autoridades requiere estadísticas precisas, indicadores reales y transparencia absoluta en la comunicación. No se trata de un debate político, sino de una exigencia ética. El Estado tiene la responsabilidad de informar con exactitud cuántos ciudadanos faltan en sus hogares y cuál es su estatus en las búsquedas. La falta de transparencia en momentos críticos no solo oculta la realidad, fomenta la desconfianza y aumenta la angustia de quienes esperan respuestas.
La historia de desastres anteriores en Venezuela demuestra que la ausencia de datos oficiales profundiza el sufrimiento colectivo y retrasa la recuperación. La reconstrucción no puede limitarse a la recolección de escombros o la rehabilitación de la infraestructura, debe fundamentarse en la reconstrucción de la confianza. Esta confianza solo se alcanza mediante la liberación completa de los datos que la sociedad reclama con legítimo derecho.
Cuando el Estado oculta cifras, limita la capacidad de respuesta de las organizaciones no gubernamentales. Es fundamental reconocer que el acceso a la información es un pilar básico para resilencia social. Sin indicadores veraces, la planificación de la ayuda es ciega y la rendición de cuentas es inexistente.
Las autoridades deben comprender que la transparencia no es una concesión graciosa, sino una obligación legal y sobretodo moral. El manejo de la crisis no debe ser un ejercicio de hermetismo, sino un proceso abierto y de colaboración. El país necesita una estrategia de comunicación que priorice la precisión y no conveniencia política, cada hora que pasa sin una cifra oficial de desaparecidos es una hora en la que la desesperanza gana terreno frente a la posibilidad de rescate.
La exigencia sigue siendo la misma que plantea nuestra incertidumbre inicial, el país necesita una respuesta clara sobre sus desaparecidos. La gestión de esta crisis debe abandonar definitivamente el silencio y la omisión deliberadas de datos. La reconstrucción de Venezuela no se sostiene sobre los escombros removidos, sino con el respeto innegociable a la verdad. Rescatar el derecho a estar informados es el primer paso real para superar esta tragedia.
Por Ángel Montiel