Un grupo encabezado por un obispo católico de Filipinas puso en marcha el miércoles un organismo de investigación para documentar relatos de testigos y otros detalles de la sangrienta ofensiva antidrogas del expresidente Rodrigo Duterte, que el gobierno puede utilizar para procesar a agentes de las fuerzas de seguridad.
Duterte, quien puso fin a su turbulenta presidencia de seis años en 2022, fue arrestado el año pasado y trasladado a Holanda, donde enfrenta un juicio ante la Corte Penal Internacional en La Haya por presuntos crímenes de lesa humanidad relacionados con esa campaña, refiere la nota de AP.
El senador Ronald dela Rosa, un leal aliado de Duterte y su exjefe de la policía nacional, y que fue el primero en aplicar la sangrienta ofensiva, está buscado por la CPI como coautor por algunas de los miles de decesos, que alarmaron a gobiernos occidentales y a grupos de derechos humanos.
Dela Rosa se ha ocultado y es perseguido por las autoridades filipinas, que han prometido cumplir la orden de arresto de la CPI y entregarlo al tribunal internacional.
Dela Rosa y Duterte, conocido por su lenguaje directo y provocador, han negado haber autorizado ejecuciones extrajudiciales, pero el entonces presidente había amenazado repetidamente con la muerte a los sospechosos.
Muchos de los miles de policías implicados directamente en la brutal ofensiva que acabó con la vida de sospechosos —en su mayoría pobres— no han sido investigados a fondo, y muy pocos han sido condenados, según grupos de derechos humanos.
“Esto llega con mucho retraso”, manifestó el cardenal Pablo Virgilio David en una conferencia de prensa. La “Comisión de la Verdad sobre las EJK”, una entidad no gubernamental que él ayudó a organizar, se centrará en ayudar a las víctimas, a sus familias e incluso a agentes arrepentidos a encontrar por fin un cierre, explicó.
“Esta es una oportunidad para una catarsis… para que podamos recuperar nuestra dignidad como país”, agregó. “En última instancia, lo que aspiramos es a la sanación no solo de las víctimas, sino también de nuestras instituciones”.
Raul Pangalangan, un respetado abogado filipino que ha servido durante años como juez de la CPI, señaló que la comisión que encabezará “se creó para garantizar que las historias de las víctimas, los sobrevivientes y las familias sean escuchadas, verificadas y preservadas”.
La comisión planea celebrar audiencias públicas.
“Estas cosas ocurrieron porque todo el mundo miró hacia otro lado”, manifestó Pangalangan. “Es casi una conspiración de silencio”.
Integrantes de la comisión indicaron que permitirán que el gobierno utilice sus hallazgos para ayudar a las autoridades a investigar, procesar y exigir responsabilidades. Agregaron que sus informes periódicos podrían presentarse a funcionarios de justicia y de derechos humanos.
David instó a la sociedad civil, a grupos académicos, religiosos y de otro tipo a ayudar a la comisión, y dijo que una gran organización benéfica en Alemania ha ofrecido apoyo financiero.
Raquel Fortun, patóloga forense de la Universidad de Filipinas estatal e integrante de la comisión, dijo a The Associated Press que la tarea de establecer los hechos años después de las muertes sería difícil. Hubo esfuerzos de algunos agentes del orden implicados en las muertes para eludir responsabilidades.
Los certificados de defunción de 13 sospechosos de narcotráfico, cuyos restos fueron exhumados después de que Duterte dejara el cargo, indicaban que murieron por causas naturales, como un ataque al corazón y neumonía, señaló.
“Cuando examiné los restos, encontré que habían recibido impactos de bala”, relató Fortun.
Por: Agencia