El gobierno de Trump ha deportado a casi 13.000 cubanos, venezolanos y personas de otras nacionalidades a México, donde son vulnerables a la violencia de los cárteles en un país desconocido, según un informe de Human Rights Watch publicado el miércoles.
Aunque México acepta este tipo de deportaciones desde hace años, los deportados durante el actual gobierno estadounidense son de mayor edad y han vivido en Estados Unidos durante más tiempo que en el pasado, lo que les dificulta encontrar trabajo y aumenta la urgencia a la hora de conseguir atención médica, indica la nota de AP.
El reporte, basado en más de 50 entrevistas en las ciudades de Tapachula y Villahermosa, en el sur de México, se publica durante una amplia campaña de redadas migratorias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para llevar a cabo su plan de deportaciones masivas.
Esto ha significado que inmigrantes que antes no eran objetivo, como cubanos que llevaban años o décadas viviendo en Estados Unidos, han quedado atrapados en las redadas. Algunos países, como Cuba y Venezuela, limitan los vuelos de deportación o no aceptan deportados en absoluto, por lo que en su lugar son enviados a México u otros países con los que Estados Unidos ha alcanzado acuerdos.
“Imaginen tener 60 o 70 años, ser arrancados de su vida de la noche a la mañana y enviados a un país que no conocen, donde las autoridades los dejan abandonados sin acceso siquiera a los servicios más básicos —albergue, atención médica—. Imaginen que los dejan en ciudades peligrosas sin nada más que la ropa que llevan puesta”, explicó Alcira Hava, titular de una beca Leonard H. Sandler en Human Rights Watch y que trabajó en el informe.
“Esa es la realidad para muchos cubanos deportados a México”, agregó Hava.
Los cubanos representan el grupo más grande enviado a México, según el reporte, con más de 4.300 deportados. Más de la mitad de los 41 cubanos entrevistados habían vivido en Estados Unidos desde las décadas de 1980 o 1990, tras llegar durante el éxodo del Mariel o mediante el programa de lotería en la década de 1990. La mayoría tenía una tarjeta de residencia permanente, pero la había perdido.
Más de la mitad de los cubanos deportados tenía antecedentes penales, pero solo el 16 % correspondía a delitos violentos, según los investigadores. Una cuarta parte no tenía historial delictivo.
La mayoría fue detenida durante controles rutinarios con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, pero algunos fueron detenidos en su lugar de trabajo o en espacios públicos. A ninguno lo llevaron ante un juez para impugnar su deportación a México, incluso cuando expresaron temor por su seguridad.
La diáspora cubana, con acceso a una vía acelerada hacia la residencia y la ciudadanía mediante la Ley de Ajuste Cubano, se ha visto conmocionada por el alcance de la ofensiva migratoria de Trump.
Una vez en México, estos deportados son enviados a ciudades del sur con pocas oportunidades laborales, acceso limitado a atención médica y donde los cárteles se aprovechan de ellos. Enfrentan un proceso logístico complicado para obtener estatus de refugiado en México, si es que siquiera cumplen los requisitos.
Un albergue en Villahermosa ha recibido en el último año a cubanos deportados de hasta 83 años, algo distinto de los hombres jóvenes y las familias que suele recibir, según el trabajador del albergue Josué Leal.
“Estados Unidos los desecha. Cuba los desecha”, dijo Leal, que lo calificó como una forma de “doble castigo”.
No está claro cómo se están llevando a cabo las deportaciones a un tercer país, ya que ni Estados Unidos ni México han hecho público el acuerdo. HRW pidió a ambos países que publiquen el acuerdo y que garanticen que en estos casos se respete el debido proceso y el derecho internacional.
También instó a México a garantizar el acceso a tratamiento médico y una vía para regularizar el estatus migratorio de quienes no pueden regresar a sus países de origen. Asimismo, pidió a Estados Unidos que suspenda estas deportaciones a menos que existan esas garantías.
Por: Agencia