Es probable que el gobierno de Estados Unidos renueve las exenciones de las sanciones a Venezuela para Chevron y cuatro empresas de servicios petroleros mientras la Casa Blanca revisa su política más amplia hacia Caracas, dicen fuentes cercanas al proceso a la agencia especializada Argus.
Las exenciones permitieron a Chevron y a las empresas de servicios Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes y Weatherford seguir operando en Venezuela después de que la anterior administración estadounidense impusiera sanciones petroleras al país de la OPEP en enero de 2019, con el objetivo de forzar la salida del poder del presidente Nicolás Maduro en favor del líder opositor Juan Guaidó.
A medida que Maduro se aferraba al poder y el apoyo de Guaidó se debilitaba, las condiciones de exención se endurecieron en abril de 2020 para permitir a las empresas preservar sus activos, pero sin mantenerlos ni pagar a los empleados locales.
Las exenciones actuales expiran a principios de junio. A finales de mayo se espera que Estados Unidos las prorrogue por tres o seis meses más, para extender un enfoque de status quo en una cuestión que la administración del presidente Joe Biden no considera una prioridad en política exterior.
Es posible que se restablezcan las condiciones originales de exención que permitieron a Chevron sacar petróleo de Venezuela, pero es mucho menos probable que una simple prórroga por ahora, dicen los observadores de Venezuela.
La Casa Blanca demócrata heredó las sanciones de la administración del presidente Donald Trump, cuya postura de mano dura no logró desalojar a Maduro, pero sí le ayudó a ganar apoyo político entre la creciente diáspora del país en las elecciones de noviembre de 2020 que, sin embargo, perdió.
Los actuales funcionarios estadounidenses han señalado en repetidas ocasiones que no tienen prisa por cambiar de rumbo respecto a Venezuela, mientras la administración de Biden se centra en cuestiones más urgentes en el extranjero, como China y Oriente Medio.
En Caracas, tanto el gobierno como sus opositores subestiman la reticencia de Estados Unidos a actuar con rapidez en Venezuela, incluso cuando las condiciones cambian. En las últimas semanas, Maduro tomó medidas conciliadoras, como el traslado a arresto domiciliario de seis ejecutivos encarcelados del brazo refinador de la estatal Pdvsa en EEUU, Citgo.
En un intento por recuperar relevancia política y desviar la culpa de los problemas sobre el terreno, como la escasez de combustible que las sanciones han agravado, Guaidó indicó esta semana su disposición a negociar con el gobierno para lograr unas elecciones presidenciales creíbles, enterrando de hecho su cacareada estrategia del «fin de la usurpación».
En Washington, algunos miembros del ala progresista del partido demócrata de Biden están presionando a la administración para que suavice las sanciones, apoyando los llamamientos para restablecer los intercambios de diésel por parte de compañías petroleras no estadounidenses, pero la tracción sigue siendo limitada.
Resistencia a los acuerdos
Tanto Maduro como Guaidó se enfrentan a la resistencia a un mayor compromiso en sus propios grupos de respaldo.
Esta resistencia se refleja en los movimientos entre bastidores para reformar la Ley de hidrocarburos para permitir que los socios extranjeros de Pdvsa, sobre todo Chevron, tengan una participación mayoritaria en las empresas mixtas, en el entendimiento de que la industria petrolera nacional no puede recuperarse sin la inversión extranjera a gran escala.
Maduro puso en marcha el año pasado una legislación «antibloqueo» con la que pretende recuperar a los inversores. Pero algunos dirigentes nacionalistas del gobernante Partido Socialista Unido (PSUV) rechazan cualquier percepción de revivir la política de «apertura» de los años 90, que volvió a abrir Venezuela a la inversión petrolera extranjera.
Los principales proyectos de la Faja Petrolífera del Orinoco que surgieron a raíz de esa política -incluida la renombrada PetroPiar de Chevron- fueron nacionalizados una década después.
En el lado de la oposición, los partidarios de la línea dura se oponen a cualquier moderación de las sanciones o al regreso de las compañías petroleras antes de que Venezuela se someta a una transición política integral, empezando por unas elecciones presidenciales creíbles y con un calendario acelerado.
Aunque las elecciones regionales y municipales están previstas para finales de este año, los próximos comicios presidenciales no están programados hasta 2024. En cuanto a la legislación petrolera, los principales opositores de Maduro sostienen que Venezuela necesita una nueva ley de hidrocarburos completamente nueva para poner al país al día en cuanto a términos fiscales, regulación y condiciones ambientales.
Por ahora, Chevron espera quedarse en Venezuela a la espera de una futura reactivación de sus operaciones. «Nuestro legado en Venezuela se remonta a la década de 1920 y mantenemos la esperanza de que la Licencia General 8 sea renovada para continuar con nuestra larga historia constructiva en el país, donde apoyamos programas de inversión social que proporcionan servicios necesarios para las comunidades locales», dijo Chevron a Argus.
Por: Agencia