De acuerdo a un informe elaborado por la ONG Una Ventana a la Libertad, al menos 17 detenidos, recluidos en calabozos policiales, murieron, entre abril y septiembre de 2022, al presentar desnutrición y enfermedades infectocontagiosas, como VIH, tuberculosis y COVID-19 que no fueron atendidas oportunamente.
En el documento se indica que, las víctimas fallecieron en retenes policiales ubicados en el Distrito Capital y los estados Miranda, Vargas, Aragua, Carabobo, Anzoátegui, Nueva Esparta, Zulia y Bolívar.
Al ofrecer su testimonio, los familiares de los reclusos aseguraron que éstos nunca recibieron atención médica adecuada.
Los resultados de la referida investigación se centraron en los datos obtenidos durante un total de 11 jornadas médicas que la organización logró realizar, en alianza con los médicos infectólogos del Proyecto Once Trece, en 171 retenes policiales ubicados en nueve estados del país, publica El Carabobeño.
Carlos Nieto Palma, director general de UVL, explicó que alcanzaron a atender a 819 detenidos, entre ellos 721 hombres y 98 mujeres.
Fijo que los resultados son muy preocupantes, porque 17 detenidos fallecieron sin recibir atención médica adecuada, 539, es decir, el 5,3 % de esta población, presenta desnutrición severa, 156 tienen tuberculosis, 126 COVID-19 y 57 VIH y ninguno recibe tratamiento adecuado.
Nieto Palma recordó que desde el año 2016 realizan este tipo de actividades dentro de los centros de detención preventiva, y en ellas se hacen pruebas rápidas de despistajes de VIH, tuberculosis, COVID-19, diabetes e hipertensión arterial.
También se hacen pruebas nutricionales y se determina cuántos internos presentan escabiosis (sarna) y enfermedades respiratorias.
El documento elaborado por la ONG se denomina “Informe final del proyecto de jornadas médicas de Una Ventana a la Libertad en los estados Anzoátegui, Aragua, Bolívar, Carabobo, Miranda, Nueva Esparta, Vargas, Zulia y el Distrito Capital”.
La deuda se mantiene, el hacinamiento es de 218 %
Según la investigación las precarias condiciones sanitarias, el hacinamiento y la falta de agua potable y baños, se mantienen en los 171 calabozos policiales monitoreados. Por lo tanto, la mayoría de la población reclusa se encuentra en alto riesgo de seguir contrayendo enfermedades infectocontagiosas.
UVL explica que de estos 171 calabozos policiales investigados, 158 están bajo la custodia civil, es decir, Cicpc, PNB y policías regionales o municipales, y 19 bajo custodia militar, específicamente de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).
Solo 86 de estos lugares tiene baños y 80 cuentan con servicio regular de agua potable. Los familiares de los reclusos deben llevar botellones de agua a estos calabozos para que los internos se hidraten y aseen.
Por: Agencia