“Cuando se agotan los recursos, los impuestos se recaudan bajo presión. Cuando el poder y los recursos se han agotado, se arruina el propio país”, Sun Tzu.
Un candado de los buenos, —será según soplan los vientos—, el regalo de fin de año que el gobierno de Miraflores le tiene a gobernaciones y alcaldías que revela su clara intención de meterle mano y confiscar recursos generados por cobro de servicios públicos y otros ingresos propios en estados y municipios, a partir de la discusión que la Asamblea Nacional hará del proyecto de Ley Orgánica de Coordinación y Armonización de las Potestades Tributarias de Estados y Municipios.
Así de sencillo, simple y sin anestesia el anuncio del presidente Nicolás Maduro ha caído como un balde de agua fría en el interior del país y otros sectores, donde la precariedad social producto de la situación país no disimula sus estragos en la calidad de vida ciudadana. Los gobernantes regionales y locales, seguramente poniéndose las manos en la cabeza, deberán decidir morir callados o no aceptar esta nueva arremetida de la vorágine fiscal en la que anda el gobierno nacional en la búsqueda de medio pa’ completar un real a través de múltiples formas “legales” aunque ello resulte en el cierre técnico de gobernaciones y alcaldías. En el Zulia los alcaldes temen un desenlace nada favorable y preparan un pronunciamiento en cualquier momento denunciando otro atropello contra la provincia venezolana. De paso el instructivo de la Onapre ha sido otro golpe contra la calidad de vida de miles de funcionarios públicos que ganan sueldos miserables en cualquiera de las más grandes o pequeñas alcaldías venezolanas.
No es un secreto que el modelo político instalado en Miraflores desde 1999 no ha sido nada amigo de la descentralización y transferencia de competencias a estados y municipios. Es historia que el extinto presidente Rafael Caldera no veía con muy buenos ojos la descentralización administrativa y la transferencia de competencias. El líder socialcristiano a regañadientes no atentó contra ese avance democrático. Sin embargo, la buena suerte no acompañó ese gran paso cuando una de las primeras decisiones del desaparecido presidente Hugo Chávez fue revertir al centralismo esas competencias constitucionales, obtenidas a partir de 1989, cuando por primera vez la provincia designó a sus gobernantes.
Actualmente, la asfixia financiera que golpea a gobernaciones y alcaldías las convierte prácticamente en pagadores de nómina. Lo poco, —porque ahora no cabe decirse lo mucho—, que puedan recibir a través del Situado Constitucional deben estirarlo, cual ama de casa, como si se tratara de goma de mascar. Si el malabarismo financiero les permite cierto manejo de la situación generada, claro, no por ningún bloqueo o sanciones de los malvados gringos, sino por el fracaso de un modelo político y económico llamado Revolución del Siglo XXI, el devaluado signo monetario venezolano queda en desventaja frente a la moneda estadounidense, resultando sólo en sal, agua y buenas intenciones el accionar de gobernadores y alcaldes. Construir obras, llevar a la gente programas sociales, reponer equipos o cancelar sueldos y salarios justos cada vez más de ser una posibilidad puede pasar a ser imposible.
La suspicacia también puede ponernos a pensar muy en serio —casi 12 años después— en el anuncio del fallecido Aristobulo Istúriz, cuando en 2010 siendo diputado oficialista ante la AN, propuso la eliminación y desmontaje de alcaldías y gobernaciones.
“Con estas alcaldías, con estas gobernaciones no vamos a hacer la revolución”.
“Los mejores gobernadores serán aquellos que primero desbaraten las gobernaciones. Los mejores alcaldes serán aquellos que primero desbaraten las alcaldías y les transfieran competencias y poderes a los consejos comunales”, afirmó Istúriz.
En el Zulia ese sueño del exalcalde de Caracas casi que llegó a ser cierto, si a ver vemos lo que pasó con la administración anterior en el palacio de Los Cóndores y la mayoría de las alcaldías ganadas por la oposición. Lo encontrado sólo fueron “cascarones vacíos”.
Por: José Aranguibel Carrasco / CNP-5.003