Uno de los asesores legales del presidente surcoreano, Yoon Suk-yeol, explicó hoy lunes que el mandatario da ahora mismo prioridad al juicio ante el Tribunal Constitucional que determinará si su destitución es firme o no frente a las investigaciones criminales en curso a cuenta de su declaración de la ley marcial el pasado 3 de diciembre.
El abogado, Seok Dong-hyeon, explicó hoy esto a medios locales en un momento en que le llueven las críticas a Yoon por negar a personarse para ser interrogado ante las autoridades que lo investigan, al tiempo que los servicios de seguridad presidencial han hecho todo lo posible para rechazar las convocatorias enviadas por fiscalía o el equipo especial que forman el ente anticorrupción, la policía y el Ministerio de Defensa, detalla EFE.
«El presidente cree que los procedimientos para el juicio político deben priorizarse sobre las investigaciones», explicó Seok en declaraciones que recoge la agencia Yonhap.
«El presidente solo está suspendido temporalmente de sus funciones y sigue siendo el presidente. Ningún organismo de investigación puede obligar al presidente a comparecer ante ellos y a dar respuestas», matizó con respecto a la inmunidad que acarrea el cargo en Corea del Sur.
Seok puso como ejemplo lo acaecido con la destituida presidenta Park Geun-hye, que encaró el proceso ante el Constitucional antes de que, ya ratificado su cese por parte del máximo tribunal, fuese investigada por la trama de corrupción que condujo a su caída y posterior encarcelamiento.
En todo caso, Yoon se ha negado por el momento a remitir también la documentación que le ha requerido el Constitucional en relación a la vista inicial preparatoria para su juicio prevista para el viernes.
Yoon fue destituido el pasado 14 de diciembre por el Parlamento y su futuro depende ahora de lo que el Constitucional, que tiene un máximo de seis meses para determinar si el presidente violó o no la Carta Magna al implementar la ley marcial y si, por lo tanto, debe ratificarse su cese o debe ser restituido en el puesto.
A Yoon, al que se ha prohibido salir del país, así como a miembros de su Gabinete, altos cargos policiales y militares y exmilitares se les está investigando por presuntos delitos de amotinamiento, abuso de poder o insurrección.
Este último es el más grave de ellos y puede suponer el arresto de Yoon, ya que ni siquiera la inmunidad presidencial prevalece en casos de insurrección, delito que, para aquellos a los que se considera líderes del levantamiento, se salda con cadena perpetua o pena de muerte (sobre la cual exista una moratoria en Corea del Sur desde 1997).
Por: Agencias / Foto: Cortesía