¿Quién ordenó causar el mayor daño posible a los manifestantes, disparar perdigones a corta distancia y apuntar lacrimógenas a los cuerpos como ocurrió con la muerte de Juan Pablo Pernalete? ¿Quién ordenó la captura, tortura y ejecución extrajudicial del concejal Fernando Albán? ¿Quién ordenó además la detención arbitraria, la desaparición forzada, tortura y muerte de Rafael Acosta Arévalo?.
En el pensamiento y lógica de Tarek William Saab, el Fiscal de Nicolás Maduro, estas grandes preguntas nunca tendrán respuesta. Así lo demostró en el nuevo informe enviado el pasado el 30 de abril a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), al darle un vuelco e incluso desmentir las versiones oficialistas que hasta ahora habían defendido sobre estos tres casos emblemáticos que yacen en ese ente de justicia internacional y que describen, por su monstruosidad y crueldad, el criminal talante del régimen venezolano.
Y es que en su conveniente declaración, Tarek se quedó corto. En sus reconocimientos de culpas y errores, ocultó, nada más y nada menos que, a la cadena de mando, esa que ordenó la cruenta represión durante todos esos días de protestas en Venezuela, esa misma que ordenó ejecutar las torturas y los asesinatos.
Porque estamos claros que acá no se trata de reconocer medias culpas y de encarcelar a algunos, lo que corresponde, es hacer responsables y cómplices por todos estos delitos y por toda la cadena de mentiras, a quienes dieron la orden y a quienes lo ocultaron.
Si vas a enjuiciar a los ejecutores de estos hechos, no puedes hacer a un lado a quienes se ocuparon de manipular, obstaculizar y desviar las investigaciones, y muchos menos a quienes dieron las órdenes.
Ejemplo de quienes también tienen que ser señalados es el infeliz de Ernesto Villegas, ministro de Comunicaciones de entonces, fue él quien en transmisión de VTV habló de una pistola de perno cautivo que según ellos fue el arma que causó la muerte del joven Pernalete. Y menos aún, podemos olvidar cuando dijo que Juan Pablo había sido auxiliado y que lo vieron caminando por sus pies luego del impacto.
En la nueva versión que da Tarek, no es la pistola de perno cautivo, es el impacto de una bomba lacrimógena lo que le produce la muerte. Ahora bien, esta versión no es menos grave, pues aunque imputa sobre este hecho a 12 funcionarios de la GNB por homicidio, lo hace como preterintencional en grado de complicidad correspectiva. Esto implica que el Guardia que le disparó a Juan Pablo, lo hizo con la intención de herir y no de matar, y otro detalle que se le pasó a Tarek es que cuando en un caso se hace referencia a responsabilidad correspectiva, es cuando es imposible determinar quién causó la lesión o muerte, pero está claro, que en el caso de Pernalete, hubo un disparo, que provino de una arma accionada por un GNB, quien a su vez recibió la orden de hacer daño.
Del caso del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo lo que dijo Tarek era que se había logrado la condena a los responsables por la muerte del capitán, ocurrida en junio de 2019, mientras éste se encontraba en detenido en los calabozos de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM).
Acosta Arévalo fue víctima de desaparición forzada desde el 21 de junio, y no fue hasta el 26 de junio, en que las autoridades dieron a conocer su detención. En el expediente está un oficio que indica que los funcionarios de la DGCIM le habrían llevado a un hospital el 28 de junio, pero horas después fue presentado, mientras agonizaba, ante un tribunal militar para imputarle cargos, a pesar de su condición de retiro de las Fuerzas Armadas.
El caso es que Acosta Arévalo fue asesinado y el régimen declaró que la víctima había muerto en el Hospital Militar Vicente Salias después de haber recibido atención médica, tesis que los hechos y los testimonios desmienten.
No menos grave es el tercer caso incluido por Tarek, y es el del concejal Fernando Albán, a quien lanzaron de un piso diez del Servicio Bolivariano de Inteligencia, mientras estaba bajo su custodia. El Fiscal de Maduro le pareció bien señalar a los responsables de este asesinato, de “homicidio culposo”, es decir que, a pesar de que su cuerpo evidenció torturas, que fue lanzado de un edificio del régimen, según él, no querían asesinarlo.
Bajo este tenor fue redactado el informe consignado ante el nuevo fiscal de la Corte Penal Internacional, un documento cuyo claro propósito es preservar intacta la impunidad de Nicolás Maduro y de toda la cadena de mando. Incluso para escudarse él mismo de cualquier señalamiento de complicidad y manipulación de la justicia.
Lo cierto es que este nuevo informe de Tarek plagado de falsedades, no pasará la primera revisión de la CPI, pues allí no solo reposa la versión oficialista y cómplice de estos casos, sino además están los verdaderos informes levantados por diversas organizaciones de defensa de los Derechos Humanos de Venezuela, que a sabiendas que en nuestro país no existe Estado de Derecho alguno, se han ocupado de registrar y documentar cada situación reportada.
Y es gracias a esa valiente y minuciosa labor que hemos avanzado pues recordemos que la Corte declaró que existe una base razonable para creer que en Venezuela se han cometido crímenes de Lesa Humanidad.
Lo que no midió Tarek con sus falsedades y su declaración cómplice para proteger a la cadena de mando, a cuya cabeza está Nicolás Maduro, es que lo único que logró fue revictimizar y reavivar el dolor y la impotencia a la familia de Juan Pablo Pernalete, de Fernando Albán y de Rafael Acosta Arévalo y reabrió muchas heridas en toda Venezuela.
El Fiscal de Nicolás, no sólo obvió la cadena de mando, si no también su nombre entre los cómplices de todos crímenes de Lesa Humanidad que pesan sobre el régimen. Pero como siempre decimos, la justicia tarda, pero llega, y no tengo ninguna duda, que la justicia los alcanzará.
Por: Léster Toledo