La violencia de bandas armadas o pandillas que siembran caos y muerte en países pobres y arrasados por desastres naturales, sistemas de Justicia desprestigiados y más autoritarismo como antídoto o como resultado de la corrupción es la estampa que deja este año Centroamérica y el Caribe, donde retroceden los derechos humanos, según analistas y organismos internacionales.
Esta situación se presenta en medio de la “crisis social prolongada” que sufre América Latina y el Caribe, una región en la que no se ha logrado revertir el impacto de la pandemia en materia de pobreza y pobreza extrema, que se sitúan en un 32,1 % y un 13,1 %, respectivamente, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
Violencia armada y corrupción
La vida en Haití estuvo marcada por completo por la violencia en el último año, con el auge de las bandas armadas compitiendo por el control del territorio, principalmente en Puerto Príncipe, lo que provocó el éxodo de miles de personas que ya sufrían los estragos de desastres naturales.
Se han registrado miles de asesinatos y desapariciones en enfrentamientos armados entre la Policía y las bandas, que mantuvieron bloqueada durante meses la principal terminal petrolera, impidiendo la actividad de comercios, instituciones, hospitales, escuelas y hospitales en un momento en el que, además, el cólera ha vuelto a aparecer.
A la actividad de estos grupos se suma la corrupción política en Haití, con el señalamiento de figuras como el presidente del Senado, Joseph Lambert, presuntamente vinculado a narcotráfico, corrupción y graves violaciones de los derechos humanos, incluidas ejecuciones extrajudiciales, según informes de Estados Unidos.
En Honduras, la violencia criminal y el narcotráfico no cesan. El sector del transporte urbano ha protestado porque ya no soporta las extorsiones de las bandas que, además de haber causado más de 1.000 muertos en los últimos 20 años, han obligado a cerrar centenares de pequeños negocios.
El Gobierno declaró el 24 de noviembre “la guerra a la extorsión” y anunció un plan para combatir a las bandas.
Y para frenar la corrupción, la presidenta Xiomara Castro y el secretario general de la ONU, António Guterres, firmaron el 15 de diciembre el inicio del proceso de establecimiento de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH).
En Panamá, la nueva embajadora de Estados Unidos, Mari Carmen Aponte, dijo a su llegada a mediados de noviembre que “combatir” la corrupción es una de las prioridades de su “misión”, así como apoyar la salida del país de las listas internacionales de paraísos fiscales.
La corrupción, junto con el alto costo de las medicinas y servicios como la electricidad, impulsaron en junio las mayores protestas en años en Panamá, un país que lleva años azotado por escándalos de malos manejos públicos y de un sistema judicial muy desprestigiado.
Guatemala vivió un año turbulento, con el encarcelamiento en julio del periodista José Zamora, un crítico del Gobierno de Alejandro Giammattei, días después de publicar acusaciones de corrupción contra el mandatario, y la salida al exilio de más de 40 personas entre ex fiscales anticorrupción, magistrados y periodistas.
En Costa Rica, la libertad de prensa se vio en el ojo del huracán por una serie de altercados del presidente, Rodrigo Chaves, con el sector, incluida una violación indirecta a la libertad de prensa del diario La Nación.
En Nicaragua, se mantuvo el acoso a la prensa y las autoridades prohibieron la entrada al país al delegado de la Agencia EFE en Managua, el nicaragüense Luis Felipe Palacios, cuando regresaba después de un viaje de trabajo en Panamá.
“Le compartimos que la solicitud de ingreso no ha sido autorizada por las autoridades de Migración y Extranjería de Nicaragua. No le será permitido embarcar”, reza el correo electrónico que remitió al delegado de EFE en Nicaragua la aerolínea Avianca en Miami (EEUU) donde se disponía a tomar un vuelo directo a su país.
Denuncias de autoritarismo
El partido del presidente nicaragüense Daniel Ortega ganó el 100 % de los gobiernos de los 153 municipios del país en una elecciones celebradas en noviembre que, como su reelección hace más de un año, fueron tildadas de farsa por la oposición, que denuncia la existencia de una autocracia y exige la liberación de centenares de “presos políticos”.
Tras las revueltas sociales de 2018, que Ortega llamó intento de golpe y que dejaron centenares de muertos, este año se ha recrudecido la “deriva autoritaria” del líder sandinista, según políticos opositores y analistas, de la que no se han salvado ni obispos, sacerdotes, monjas, empresarios, periodistas, ni las ONG.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró el 29 de noviembre a Nicaragua en “desacato permanente” a las numerosas órdenes de liberar a opositores encarcelados.
En Cuba, la policía ha detenido este año a decenas de personas en protestas pacíficas, muchas de ellas realizadas tras el paso del huracán Ian, y la fiscalía ha avanzado que procederá contra los acusados, principalmente por desórdenes públicos.
Durante todo el año se han celebrado decenas de juicios por las protestas antigubernamentales de 2021, las mayores en décadas. Las ONG registró ya más de 600 sentencias, algunas con condenas de hasta 30 años de cárcel.
En El Salvador, la guerra contra las pandillas del Gobierno de Nayib Bukele ha sacado de las calles, según datos oficiales, a más de 58.000 pandilleros y personas ligadas a estas bandas, que llegaron a convertir a este país en el más violento del mundo.
Pero los activistas denuncian violaciones de derechos humanos en la aplicación del estado de excepción instaurado en marzo para combatir a las pandillas y que la población aprueba en un 75,9 %, según un reciente sondeo.
El mandatario salvadoreño es acusado por la oposición de mantener una “deriva autoritaria” apoyada por sus correligionarios en el Parlamento y evidenciada en acciones como la destitución del fiscal general o la resolución de los nuevos magistrados constitucionales que abrió la puerta a la reelección presidencial.
Por Agencia