Las víctimas del proceso que le sigue la Justicia al expresidente colombiano Álvaro Uribe pidieron este jueves a la Fiscalía que lo llame a juicio luego de que una jueza decidiera el miércoles no precluir el caso contra el exmandatario por supuesto fraude procesal y soborno a testigos.
«Quiero decir que le hacemos un llamado muy respetuoso y franco al fiscal general, Francisco Barbosa: lo único que procede en derecho y en justicia es un llamado a juicio a la mayor brevedad», expresó en una conferencia de prensa el senador Iván Cepeda, del izquierdista Polo Democrático Alternativo y una de las víctimas del proceso.
La Jueza 28 de Conocimiento de Bogotá, Carmen Helena Ortiz, anunció anoche su decisión de no precluir el proceso en una audiencia virtual de más de once horas de duración en la que explicó por qué no eran procedentes la mayoría de los argumentos del fiscal Gabriel Jaimes para solicitar esa medida.
Ahora la Fiscalía puede presentar un nuevo escrito de preclusión ante el Tribunal Superior de Bogotá o un escrito de acusación, con lo que comenzaría el juicio contra Uribe, que gobernó Colombia entre 2002 y 2010.
«Por primera vez un expresidente va a tener que comparecer ante un juez de la república para asumir su responsabilidad penal ante hechos muy graves», expresó Cepeda.
La Fiscalía, la Procuraduría y la Defensa habían solicitado a la jueza precluir el proceso al considerar que las pruebas no demostraban que Uribe hubiera participado activamente o dado la orden para buscar testigos falsos contra Cepeda.
En contraposición a esa postura, las víctimas aseguran que el expresidente, de 69 años, debe ir a juicio porque las investigaciones indican que supuestamente participó en el episodio, retomando lo dicho en su momento por la Corte Suprema de Justicia.
Efecto bumerán
El caso de Uribe comenzó en 2012 cuando la Corte Suprema de Justicia, ante una denuncia del exmandatario contra Cepeda decidió no abrir investigación contra el senador de izquierdas y, en cambio, inició un proceso contra Uribe por manipulación de testigos.
Más adelante, a mediados de 2018, la Corte llamó a Uribe a indagatoria por fraude procesal y soborno, pues las pesquisas de ese alto tribunal apuntaban a que el expresidente, a través de terceros como el abogado Diego Cadena, al parecer intentó manipular las versiones de varios exparamilitares para que declararan contra Cepeda.
Uno de los puntos álgidos del proceso fue el 4 de agosto de 2020, cuando la Sala de Instrucción del alto tribunal ordenó la detención domiciliaria del expresidente, quien el 18 del mismo mes renunció a su escaño en el Senado perdiendo su condición de aforado, por lo que la Corte Suprema de Justicia perdió su competencia en el caso, que pasó a la Fiscalía y es donde está ahora.
Para el exfiscal general Jorge Perdomo, otro acreditado como víctima del caso, lo que ocurrió en la audiencia de preclusión demuestra que hay «evidencia que amerita que las conductas imputadas al exsenador sean debatidas en juicio».
Por su parte Reynaldo Villalba, abogado del senador Cepeda, expresó que la decisión de la jueza «reivindica la independencia judicial».
«Es el resultado de todo el trabajo de movimientos de derechos humanos, de la reclamación de las víctimas, del periodismo investigativo (…) pero además es la reivindicación también de fiscales y jueces que han sufrido persecución por cumplir con su misión constitucional», concluyó.
Por: Agencia