Un total de 77.168 migrantes irregulares, de los cuales 23.238 son venezolanos, con rumbo a Estados Unidos ingresa este año a Honduras, una cifra que triplica la del mismo período de 2022 y evidencia que el país se convirtió en un punto de tránsito obligatorio para miles de indocumentados.
“Nos hemos convertido en un país de tránsito de personas migrantes; Sin embargo, no hay un reconocimiento del Estado”, dijo este viernes la coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (Conadeh), Liliana Reyes.
La falta de reconocimiento de la crisis humanitaria por la llegada masiva de migrantes “preocupa” porque “no hay medidas que pueda adoptar el Gobierno como tal”, señaló.
El número de migrantes que cruzó Honduras este año es una cifra histórica, más del triple que las 22.962 que ingresaron al territorio hondureño en el mismo período de 2022, según datos del Instituto Nacional de Migración (INM) consultados.
Las principales nacionalidades de los viajeros que cruzaron Honduras entre el 1 de enero y el 23 de abril de este año eran ciudadanos de Venezuela (23.238), Haití (14.304), Ecuador (13.378) y Cuba (4.460). El resto son nacionales de más de una treintena de países americanos, africanos y asiáticos.
De mantenerse ese ritmo de entradas al país, este año podría cerrar con la llegada de “más de 200.000 migrantes”, señaló Reyes, quien pidió a las autoridades hondureñas “dar respuestas a las necesidades” de estas personas.
Abusos de autoridades y transportistas
El Gobierno hondureño ha creado Centros de Atención al Migrante Irregular, pero Reyes considera que también es necesario promover acciones en temas de seguridad y de atención por condición de vulnerabilidad de mujeres, niñas y personas LGBTI.
En Honduras, según la experta, los migrantes sufren muchos atropellos, principalmente en el cobro ilegal del transporte interurbano, o de agentes de la Policía Nacional.
De acuerdo con el Conadeh, los migrantes son víctimas de abusos como “cobros excesivos en el transporte y en pulperías (tiendas de abasto), venta de boletas falsificadas” para entrar al país, pese a que Honduras aprobó en 2022 un decreto legislativo que les exonera del pago de una multa administrativa por ingresar de forma irregular.
Casi el 80 % de los migrantes entran a Honduras por el departamento de El Paraíso, en el oriente del país, limítrofe con Nicaragua, donde se enfrentan a “situaciones de riesgo como robo, asaltos y el aprovechamiento de personas particulares para trasladarlas en motocicletas o carros cobrándoles excesivas cantidades de dinero”, subrayó Reyes.
No alargar sufrimiento
Según recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), señaló Reyes, Honduras debe garantizar los derechos fundamentales a los migrantes, no sancionar el ingreso de personas en tránsito, brindar asistencia humanitaria y una atención diferenciada para niños, mujeres, personas de la diversidad sexual, con discapacidad y adultos mayores.
Asimismo, flexibilizar los requisitos de ingreso al país y “no alargar el sufrimiento” de estas personas en tránsito, algunas en “condiciones hasta de calle, estar pidiendo en las calles para poder pagar una sanción administrativa por un ingreso irregular”.
El fenómeno migratorio debe abordarse desde un “enfoque de derechos humanos”, apostilló la coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del Conadeh, quien aseguró que los migrantes “no traen problemas, traen desarrollo”.
Unos 16 viajeros irregulares murieron en Honduras en 2022, acotó Reyes, quien resaltó que Honduras “es responsable por cada persona que está dentro del país y las autoridades deben de garantizar la vida y la integridad personal y no ver la migración con un enfoque de seguridad”.
Por Agencia