“Detenidos a temprana edad” es el nombre del nuevo material audiovisual en el cual se muestran los peligros que rodean a la juventud venezolana y cómo los aborda el sistema penitenciario en caso de ser detenidos y recluidos ilegalmente en calabozos policiales
Con el objeto de seguir promoviendo y defendiendo los derechos humanos de las personas que se encuentran recluidas en centros de detención preventiva, cárceles y penitenciarias, Una Ventana a la Libertad, bajo la coordinación del abogado Carlos Nieto Palma, denuncia, a través de un nuevo audiovisual, la compleja situación que atraviesan los niños, niñas y adolescentes transgresores de la ley penal en Venezuela, reseñó Una Ventana Para la Libertad.
“Detenidos a temprana edad” es el nombre del más reciente material en el cual se muestran algunos peligros que rodean a los menores de edad venezolanos y cómo los trata el sistema penitenciario en caso de ser detenidos y recluidos en retenes policiales.
La dramática situación económica, social y familiar que vive el país obliga a muchos niños, niñas y adolescentes a abandonar sus hogares para buscar en las calles algo de comer e incluso, conseguir el sustento para ayudar a alimentar a padres enfermos o a hermanitos recién nacidos.
“El impulso es el hambre”, indica la investigación audiovisual en la cual se recogen testimonios de varios menores de edad en situación de calle.
El equipo investigador explica que el artículo 531 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (LOPNA) establece que en Venezuela un adolescente es imputable a partir de los 14 años de edad.
El instrumento agrega que antes de esta edad el niño o niña no puede ser imputado o imputada penalmente y lo cometido es considerado una “falta”.
Muchos son los aspectos que diferencian el trato penal entre un adolescente y un adulto, uno de ellos es la existencia de un Consejo de Protección que debe velar no solo por la realización de un juicio rápido y oral sino por la estabilidad emocional y psicológica de ese menor de edad.
Voces expertas
Una vez más Una Ventana a la Libertad apeló a la opinión de expertos en esta compleja materia. Por ejemplo la abogada Graciela Durán, Defensora 119 de la Lopna, explicó que lo más importante, lejos de lo material, es que el niño o adolescente tenga un hogar sólido en el cual le enseñen valores y buenas costumbres.
Luego de su larga trayectoria Durán considera que es “peor el remedio que la enfermedad”, es decir, que recluir a un niño o adolescente en los llamados Centros de Atención para Menores de Edad casi siempre resulta contraproducente.
El abogado Alí Daniels, profesor universitario y Director de la ONG Acceso a la Justicia, al ser consultado sobre las detenciones arbitrarias que se cometieron en el año 2018 contra niños y adolescentes en el marco de las protestas antigubernamentales señaló que se trató de graves violaciones de derechos humanos.
“En su momento dijimos que eso era ilegal e inconstitucional porque en realidad no se estaba deteniendo a los niños, niñas y adolescentes porque estaban cometiendo un delito sino simplemente por protestar y como medida de intimidación a sus familiares”, indicó el experto.
Como se recordará en aquel momento otras organizaciones no gubernamentales, como Foro Penal, Provea y Amnistía Internacional, denunciaron que muchos menores de edad, incluso, habían sido ilegalmente recluidos en el Helicoide, sede de la policía política.
Por su parte, Leonardo Rodríguez, abogado y Director de la Red “Casas Don Bosco”, indicó que los niños, niñas y adolescentes están expuestos a un contexto de “desesperanza” porque la pobreza y falta de oportunidades obligaron a muchos padres a migrar a otros países dejándolos solos o en manos de terceros que no les brindan cuidado, educación y afectos.
“Hay una relación directa entre las crisis económicas, entre las restricciones de acceso a los servicios básicos y cometer delitos”, dijo Rodríguez.
El abogado considera que muchos niños, niñas y adolescentes hoy se están “criando así mismos”.
Madres ofrecen sus testimonios
Dos madres de adolescentes que se encuentran ilegalmente detenidos en retenes policiales accedieron, bajo anonimato, a ofrecer sus testimonios.
Ambas, visiblemente afectadas, manifestaron el dolor que sienten al tener a sus hijos, menores de edad, detenidos por delitos comunes que, según ellas, no cometieron.
Las mujeres relataron lo difícil que resulta sostener económicamente un problema de este tipo, de hecho, una de ellas, se vio en la obligación de dejar de trabajar para poder ir todos los días a llevarle comida y “chucherías” al joven detenido.
En marzo 2020, poco antes de decretarse la Pandemia del coronavirus, Una Ventana a la Libertad realizó una investigación denominada: “Perfil socioeconómico de los familiares de privados de libertad en centros de detención preventiva en el Distrito Capital y los estados Miranda y La Guaira”.
Según este estudio, el 92 % de los familiares, en su mayoría mujeres en pobreza extrema, no pueden cubrir las necesidades básicas de los presos ni de los integrantes de su núcleo familiar.
Esclavizar para delinquir
En este nuevo material audiovisual se hace mención a la más reciente investigación (marzo 2022) realizada entre CECODAP y la Agencia de Periodistas Amigos de la Niñez, la cual se denomina “Esclavizar para delinquir”.
Se trata de un reportaje multimedia sobre el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por el crimen organizado en Venezuela.
En este sentido el coordinador de Cecodap, Carlos Trapani, dijo que luego de 17 entrevistas contando con el testimonio de 8 adolescentes que pertenecieron a las bandas de la Cota 905, se evidenció que vivir en extrema pobreza los convirtió en presa fácil para ser reclutados con la intención de ser convertidos en “malandros”.
Trapani explicó que la esclavitud a la que estos niños y adolescentes fueron sometidos fue invisibilizado por el Estado venezolano, que los delincuentes dividían a los jóvenes en categorías para establecer su escala de mando dentro de la organización, que los niños o niñas podían ser captados a partir de los 10 años y que toda esta situación se traduce en el delito de “trata de personas”.
Por Nota de Prensa