“Ni tan rosa” es el nombre del material audiovisual que contiene, entre otras cosas, imágenes impactantes, la opinión de varios expertos en materia penitenciaria y el desgarrador testimonio de Yadira Silva, quien estuvo 8 años en varias prisiones venezolanas
Una Ventana a la Libertad, en su empeño de seguir promoviendo y defendiendo los derechos humanos de las personas privadas de libertad acaba de difundir su más reciente trabajo audiovisual titulado “Ni tan rosa”, un material en el cual se muestra la grave situación que enfrentan las mujeres que se encuentran detenidas en calabozos policiales y cárceles venezolanas.
El material comienza recordando lo sucedido con una joven de apenas 19 años de edad que se encontraba detenida, en calidad de “depósito”, en la sede de la Policía Municipal de Zamora, en el estado Miranda, y fue asesinada por un funcionario policial.
Daniela Figueredo Salazar murió en forma instantánea el 13 de marzo de 2021 al recibir un disparo en la nariz. La víctima fue agredida al no permitir que el uniformado abusara sexualmente de ella.
Sus compañeras de celda, testigos de la agresión, denunciaron que este tipo de hechos se presentan con frecuencia puesto que los hombres, detenidos o uniformados en funciones de custodia, abusan de su fuerza física y de su condición.
De igual manera se presenta el caso de María Griman, una reclusa que se encontraba purgando condena en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) y que a pesar de presentar un avanzado cáncer de mama no era llevada a recibir atención médica adecuada, situación que desmejoró irreversiblemente su estado de salud.
Para salvar su vida Grimán, de 36 años de edad, filtró un video mostrando su seno necrosado y segregando pus.
En forma exclusiva, en octubre de 2020, Una ventana a la Libertad hizo la denuncia, la reclusa recibió el beneficio de casa por cárcel, pero cabe destacar que Griman tenía un año suplicando que le permitieran recibir atención médica especializada.
Comparten con los hombres las mismas violaciones de DDHH
Para la realización de este trabajo audiovisual se contó con la opinión de reconocidos expertos en materia penal y penitenciaria.
El abogado penalista y profesor universitario Alberto Arteaga Sánchez, al ser consultado sobre el caso de Daniela Figueredo Salazar, dijo que este hecho es la muestra trágica del abuso de poder.
“Es la mueca macabra y siniestra de la injusticia”, agregó.
Arteaga Sánchez explicó que esa figura de “depósito” no existe en la legislación venezolana, por lo tanto, es insólito que a un privado o privada de libertad se le considere o se le tilde de “depósito” como si fuera un objeto inservible.
Carlos Nieto Palma, coordinador general de Una Ventana a la Libertad, explica, entre otras cosas, una de las desventajas que debe enfrentar la mujer cuando es llevada a un calabozo policial o una cárcel venezolana: “a diferencia de los hombres no se le permite visita conyugal a menos que se cumpla una larga lista de condiciones”, afirmó.
Agrega que es tan frecuente el abuso sexual que se comete con las privadas de libertad que, muchas veces, al quedar embarazada ella no sabe realmente quién es el padre de la criatura.
Magally Huggins Castañeda, psicóloga social, investigadora y coordinadora de investigación del proyecto de monitoreo de los centros de detención preventiva de UVL, hace un diagnóstico de la actual situación de la sociedad venezolana y relaciona este aspecto con la creciente participación de la mujer en hechos delictivos cada vez más graves.
Asimismo, Sonia Sgambatti, abogada, con varios doctorados, exministra de Justicia, exsenadora de la República y con una dilatada trayectoria internacional, afirma que cuando una mujer es privada de su libertad el impacto negativo que eso tiene en el seno familiar es prácticamente irreversible.
“No sé qué va a pasar con la familia venezolana si estos hechos se siguen repitiendo, el país ha sufrido un retroceso lamentable, las instituciones no funcionan, no hay estado de derecho, en fin, no hay democracia”, indica la abogada.
Sgambatti sugiere, dada su experiencia, que la educación es la única vía de lograr que estas personas se regeneren y se vuelvan a insertar en la sociedad.
Todas estas voces expertas coinciden en afirmar que las mujeres detenidas en cárceles y calabozos policiales comparten con los hombres la misma vulneración de todos sus derechos humanos
“Todas, por igual, son víctimas de maltrato físico, psicológico y moral, de retardo procesal, de mala alimentación, del hacinamiento y de la falta de atención médica adecuada”, indicaron los especialistas.
De acuerdo a las cifras que ha logrado registrar Una Ventana a la Libertad, en la actualidad cerca de 3 mil mujeres se encuentran detenidas en calabozos o retenes policiales, es decir, ellas representan el 8 % de la población penitenciaria en estos lugares.
“Curé mis caries con un clavo caliente”
Yadira Silva, una mujer venezolana que estuvo 8 años recluida en varias cárceles venezolanas relata, con desgarro, parte de su dura experiencia.
“Recuerdo que cuando me vino por primera vez la menstruación, estando detenida en el Centro Penitenciario de Aragua, mejor conocido como Tocorón, tuve que picar una franela para hacer una toalla sanitaria, luego lavaba aquel trapito y lo ponía al sol y vigilaba aquello detenidamente para que otras presas no me lo robaran”, dijo.
Silva afirmó que tuvo serios problemas de salud porque el agua que consumía tenía azufre.
“Eso trajo como consecuencia, entre otras cosas, que me salieron muchas caries en las muelas. Esas caries las tuve que acabar con un clavo caliente”, indicó.
Yadira Silva destaca el papel de la familia en toda esta grave situación y reconoce que cuando sus hijos le preguntaban cuándo regresaría a casa era una de las cosas que más la hacía sufrir.
Con el objeto de explicar los derechos que amparan a la mujer privada de libertad, en el referido material se trae a colación varios artículos de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos o mejor conocidas como “Reglas Mandela”.
Por ejemplo, se indica el contenido de la Regla 28: “En los establecimientos penitenciarios para mujeres habrá instalaciones especiales para el cuidado y tratamiento de las reclusas durante su embarazo, así como durante el parto e inmediatamente después. En la medida de lo posible, se procurará que el parto tenga lugar en un hospital civil. Si el niño nace en prisión, no se hará constar este hecho en su partida de nacimiento”.
Por Nota de Prensa