De acuerdo al más reciente informe elaborado por Una Ventana a la Libertad, entre octubre de 2020 y abril de 2021, 32 privados de libertad murieron a causa de graves enfermedades como VIH-SIDA, tuberculosis y desnutrición.
“Veinticuatro (24) internos murieron de tuberculosis, 3 de VIH, 3 por complicaciones respiratorias, 1 por afección gastrointestinal y 1 por un infarto. Las cifras pudieran ser mayores, pero no se realizan diagnósticos médicos ni ofrecen cifras oficiales”, indica el documento emitido por la ONG que coordina el abogado Carlos Nieto Palma.
La mayoría de decesos se registró en el estado Zulia, específicamente en el Centro de Arrestos y Detenciones Preventivas de Cabimas, lugar donde los cadáveres son colocados en plena calle para llamar la atención de las autoridades.
La organización indicó que la cifra corresponde solo a casos de detenidos que se encontraban recluidos en retenes policiales del Área Metropolitana de Caracas y los estados Miranda, Vargas, Nueva Esparta y Zulia.
La investigación determinó que los fallecidos nunca recibieron atención médica adecuada y que además los tribunales jamás procedieron al otorgamiento de las medidas humanitarias.
El monitoreo se realizó sobre un total de 111 centros de detención preventiva que tienen capacidad de albergar a 3. 702 privados de libertad, pero hasta el mes de abril de 2021 en estos retenes había una población de 11 mil 527 detenidos: 10.392 hombres y 1.134 mujeres.
La ONG constató que el hacinamiento en estos lugares alcanza el 311 % y que estos centros triplican su capacidad, con el agravante de que en ninguno de estos lugares hay comedor ni poseen baños para que los presos o presas puedan realizar sus necesidades fisiológicas o asearse.
“En muchos casos deben hacer sus necesidades en bolsas, que mantienen durante largos períodos dentro de los propios calabozos en los que están recluidos, lo que pone en riesgo su salud”, precisa la ONG.
La acumulación de basura en estos retenes constituye también una condición que incrementa el riesgo de enfermedades intestinales, estomacales o de la piel, pues crean un ambiente propicio para la reproducción de insectos, bacterias y hongos.
“UVL determinó que 24 de estos centros (22 %) no cuentan con servicio de recolección de basura”, se lee en el documento emitido por la organización.
Al término de la investigación UVL determinó que, en esos 111 centros de detención preventiva, no hay condiciones adecuadas para garantizar el derecho a la salud de los privados de libertad.
En detalles
El mencionado informe contiene siete (7) importantes reportajes a través de los cuales se informa detalladamente sobre la situación de salud que padecen los internos que se encuentran en los centros de detención preventiva ubicados en Caracas, Altos Mirandinos, Guarenas, Guatire y Barlovento, Valles del Tuy, Nueva Esparta, Vargas y Zulia.
La información sobre Caracas indica que el VIH sigue siendo un tema del cual no se habla, aunque con frecuencia mueren detenidos de esta enfermedad infectocontagiosa.
“Hablar de VIH con funcionarios policiales, familiares de los reclusos e incluso con los mismos detenidos ha sido un mito”, indica la información.
La investigación determinó que al menos 156 reclusos ubicados en retenes del Área Metropolitana de Caracas padecen de tuberculosis y otros 283 están desnutridos.
“En los Altos Mirandinos el hacinamiento es el detonante de las enfermedades respiratorias”, indica el reportaje.
En febrero de 2021 UVL logró realizar una jornada médica en los calabozos de la Policía de Guaicaipuro.
“La jornada evidencia las carencias de atención médica y de salud preventiva, además del hacinamiento. En una solo celda hay hasta 19 detenidos”.
En Guarenas, Guatire y Barlovento la situación no es distinta, por el contrario, en esta región se registraron varias muertes no solo por la falta de atención médica sino por el abuso de autoridad.
Según UVL la primera muerte en esta región se registró el día 3 de febrero de 2021.
Se trató de una detenida, de apenas 22 años de edad, que presentó afección intestinal. Se llamaba Deisy Rondón y se encontraba en los calabozos de la Policía del Municipio Plaza.
En esos mismos calabozos murió un detenido que respondía al nombre de Carlos José Sojo y padecía de tuberculosis. Esta persona nunca recibió atención médica.
El caso de abuso de autoridad lo constituye la muerte la joven Daniela Geraldine Figueredo, quien fue asesinada por un funcionario policial que pretendió abusar sexualmente de ella.
En los Valles del Tuy y los estados Nueva Esparta, Vargas y Zulia la situación es igual de dramática puesto que los privados de libertad padecen graves enfermedades como neumonía, tuberculosis y desnutrición y no son atendidos adecuadamente.
“La muerte de un privado de libertad a causa de neumonía, la presencia de al menos 65 presos desnutridos y el caso de un interno con VIH, sin tratamiento, es la muestra de lo difícil que es vivir detrás de los barrotes de los retenes policiales del estado Miranda”.
La pandemia agudizó los problemas que ya enfrentaban los privados de libertad recluidos en el estado Nueva Esparta, de hecho, los más de mil 600 reos de la entidad presentan graves evidencia de desnutrición y escabiosis.
En los 5 centros de detención preventiva del estado Vargas la atención médica sigue siendo deficiente y el hacinamiento se ubica en 262 %.
“En el caso de los dos privados de libertad con VIH en Caraballeda, ambos reciben tratamiento, pero no de manera regular, pues la responsabilidad de llevar estos medicamentos recae de manera absoluta en la familia”, indica UVL.
Casi a diario UVL emite alertas sobre casos en el estado Zulia. En esta entidad murieron 24 privados de libertad por retraso en atención médica.
Una de las cosas particulares que se registra en los retenes de esta entidad es que al menos los que fallecen en el reten de Cabimas, que depende de la Policía Nacional Bolivariana, son colocados en plena calle para llamar la atención de las autoridades.
Aun así nada ha provocado que en ese lugar se realicen jornadas médicas y se lleve agua y comida a los internos.
Por Nota de Prensa