La política migratoria impulsada por la administración Trump vuelve a estar en el centro del debate tras revelarse que se están acelerando los procesos de deportación de niños inmigrantes bajo custodia federal. La medida, que busca agilizar el sistema, ha encendido las alarmas entre abogados y organizaciones defensoras de derechos humanos por sus posibles consecuencias en una de las poblaciones más vulnerables.
De acuerdo con información publicada por CNN, las audiencias migratorias —clave para determinar si un menor puede permanecer en el país— están siendo adelantadas semanas e incluso meses. Este cambio reduce significativamente el tiempo disponible para que los abogados preparen casos de protección, como solicitudes de asilo o estatus especial para menores.
El impacto es tangible
Niños de apenas cuatro o cinco años están compareciendo repetidamente ante tribunales, en algunos casos sin representación legal. “Están confundidos, asustados y frustrados”, explicó Scott Bassett, del Centro Amica para los Derechos de los Inmigrantes. La presión es tal que, según testimonios recogidos por defensores, algunos menores presentan reacciones físicas de estrés durante las audiencias.
La situación se agrava en estados como Texas, donde decenas de casos han sido reprogramados de forma abrupta. Emily Norman, directora regional de Kids in Need of Defense, relató que audiencias previstas para años posteriores fueron adelantadas a cuestión de días. Este tipo de decisiones, advierte, compromete seriamente la capacidad de defensa de los menores.
Desde el gobierno, la visión es distinta
Andrew Nixon, portavoz del Department of Health and Human Services, aseguró al medio antes citado que el objetivo es “resolver los casos de la manera más rápida y eficiente posible, de conformidad con la ley”. Según explicó, agilizar los procesos también permitiría proteger a los menores de redes de trata y reducir los tiempos de permanencia en centros de detención.
Sin embargo, expertos cuestionan este enfoque. Para muchos, la rapidez podría traducirse en decisiones apresuradas que deriven en deportaciones sin un análisis completo de cada caso. “El objetivo es sacar a estos chicos del país”, afirmó Bassett. “Sienten que las paredes se les vienen encima”.
Actualmente, más de 2.000 niños inmigrantes permanecen bajo custodia del gobierno, muchos de ellos durante meses. La estancia promedio supera los siete meses, según datos federales recientes. A esto se suma la dificultad creciente para que los menores sean entregados a familiares o patrocinadores en Estados Unidos, lo que prolonga su incertidumbre.
Otro factor clave es el impacto en los procesos legales. Obtener figuras de protección como el estatus de inmigrante juvenil —destinado a menores que han sufrido abuso o abandono— puede tardar meses; los nuevos plazos hacen casi imposible completar estos trámites a tiempo.
“Cuando trabajas con niños que han vivido trauma, necesitas tiempo para generar confianza y entender sus historias”, explicó Alexa Sendukas, abogada especializada en representación de menores inmigrantes. Sin ese tiempo, advierte, el sistema corre el riesgo de fallar en su función más básica: garantizar justicia.
Funcionarios de la Casa Blanca han insistido en la necesidad de “desmantelar redes criminales” y devolver a los menores a sus países de origen. Sin embargo, para quienes trabajan directamente con estos niños, la realidad es más compleja: detrás de cada caso hay historias de violencia, pobreza o abandono que no pueden resolverse en audiencias aceleradas.
Ante el endurecimiento de las políticas migratorias, expertos en la materia han dejado en duda si el sistema, enfocado en la rapidez, garantizará la protección de los inmigrantes más vulnerables.
Por: Agencia