La ONG venezolana Súmate, dedicada a temas electorales, informó este martes que un tribunal concedió libertad plena a su coordinadora, Nélida Sánchez, en el marco de la Ley de Amnistía promulgada en febrero.
En una publicación en X, la ONG detalló que el tribunal dictó «sobreseimiento por extinción de la acción penal» en favor de Sánchez, quien se encontraba en libertad bajo medidas cautelares desde el pasado 10 de febrero, tras permanecer casi un año y medio encarcelada.
«Exhortamos a los tribunales competentes a continuar dando respuesta a las solicitudes de amnistía introducidas en el marco de esta legislación, con lo cual estarán contribuyendo en gran medida a la materialización del proceso de reconciliación nacional», agregó la ONG.
Sánchez fue detenida en agosto de 2024, en el contexto de crisis política desatada tras las cuestionadas elecciones presidenciales del 28 de julio de ese año, cuando el ente electoral proclamó la reelección de Nicolás Maduro, lo que la oposición mayoritaria denunció como fraude.
La activista fue acusada por los delitos de terrorismo, asociación para delinquir, conspiración, traición a la patria e incitación al odio, y estuvo recluida durante casi 18 meses en El Helicoide, la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Caracas.
En septiembre de 2024, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de la integrante de Súmate, al considerar que se encontraba en «una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos».
En el marco de la amnistía, 8.416 personas habían recibido libertad plena hasta el pasado 26 de marzo, según datos del Parlamento, que no ha divulgado una lista con las identidades de los beneficiados.
La Ley de Amnistía contempla un período de 27 años, desde 1999 —cuando el chavismo llegó al poder—; sin embargo, establece que se concederá a personas vinculadas con 13 «hechos» ocurridos en 13 años distintos. Esto excluye el resto del período establecido, así como casos relacionados con operaciones militares y otros delitos, como corrupción, homicidio y violaciones de derechos humanos.
Por: EFE