Las denuncias por posibles violaciones de derechos humanos arrecian contra una de las operaciones policiales más letales que se recuerdan en la ciudad brasileña de Santos y sus alrededores, en el litoral de São Paulo, con un saldo de 39 muertes en el último mes.
Familiares de tres de los fallecidos, entre los cuales hay un joven prácticamente ciego y otro con cojera congénita, hablaron con EFE para defender su inocencia y apuntar a las inconsistencias de las investigaciones sobre las muertes, ocurridas en el marco de esta operación, lanzada el 7 de febrero en respuesta al asesinato de un agente y que continúa abierta.
La Secretaría de Seguridad de São Paulo afirma que investiga los homicidios, pero asegura que los fallecidos tenían vínculos con el narcotráfico y murieron tras enfrentarse a los agentes. “Dios crea y la policía mata”, se escucha decir a los lugareños.
Contra la inexorabilidad de esa máxima, en la comunidad Vila dos Pescadores un grupo de madres, hermanas y esposas cuentan sus casos ante el ómbudsman de la Policía regional. Llevan cruces blancas con los nombres de sus muertos.
Leonel Santos, 36 años La noche del 9 de febrero, Santos, padre de tres, salió de su casa para ver a Jefferson Ramos, un buen amigo. Como siempre, iba con muletas porque padecía de atrofia en una pierna y no conseguía caminar sin ellas.
Pasadas las 20:00 hora local (23:00 GMT), su esposa, Beatriz García, escuchó unos disparos y corrió hacia el lugar. Allí se topó con un muro de agentes de operaciones especiales que, fusiles en mano, contenían a empujones a los familiares desesperados.
La ambulancia tardó alrededor de una hora en llegar, dice García. En el informe posterior, al que tuvo acceso EFE, la Policía sostiene que una patrulla vio a dos individuos “armados” que dispararon en su dirección, a lo que esta respondió con una decena de tiros.
La lista de objetos requisados incluye datos precisos sobre la cantidad de drogas y hasta menciona el color de las mochilas, pero no se habla de las muletas, que han desaparecido según la familia. “O sostenía la pistola o las muletas. Matan a Leonel y después alegan que es traficante, pero era tranquilo y luminoso”, cuenta García, consternada.
El ómbudsman de la Policía regional, Cláudio da Silva, es crítico con la actuación de los agentes: “Los informes policiales son un copia y pega y solo contienen un lado de la historia”. Allan de Morais, 36 años Allan de Morais murió al día siguiente.
Tras salir de su trabajo como utillero en un club de fútbol, fue interceptado unos kilómetros más adelante por una patrulla. Según la Policía, los agentes ordenaron a De Morais detenerse, pero este intentó escapar y tomó un arma, momento en el que le dispararon para impedir una “inminente agresión letal”.
Llamaron a la ambulancia y su fallecimiento fue constatado en el hospital, un hecho común que, según las ONG, busca embarrar investigaciones posteriores.
“La Policía se niega a registrar la muerte en el lugar; lleva los cuerpos a los hospitales y, por tanto, se desmonta la escena del crimen”, critica Dimitri Salles, presidente del Consejo Estatal de Defensa de los Derechos de las Personas.
La familia asegura desconocer que De Morais tuviera un fusil, y alerta de que la pérdida de la ropa que este llevaba puesta ese día daña la precisión de la autopsia. “No estoy a favor de la criminalidad, pero justicia es arrestar, juzgar y condenar, no es una condena de muerte”, lamenta la madre, Maria de Morais, con gafas oscuras y voz quebrada. Hilderbrando Neto, 24 años Neto estaba completamente ciego de un ojo y apenas veía con el otro.
Recibía un apoyo del Gobierno y se dedicaba a cuidar de dos hijos. Aquel día, su madre estaba preparando café cuando vio a un grupo de policías armados irrumpir en su casa. “Estese quieta”, le ordenaron. Luego escuchó un disparo y a Neto llamándola. Corrió hacia el cuarto, pero un agente la sujetó y la sacó fuera de la casa.
El informe policial, que no menciona la casi ceguera del fallecido, relata que este les apuntó con una pistola, por lo que los agentes le dispararon tres veces en “legítima defensa”. “Existe la defensa propia, pero la fuerza no se puede usar de forma desproporcionada”, señala César Muñoz, director de Human Rights Watch en Brasil.
La madre, quien tuvo que dejar uno de sus trabajos para hacerse cargo de los nietos huérfanos, quiere llevar el caso a juicio. Después de disparar a Hilderbrando, dice que los agentes le preguntaron a qué se dedicaba su hijo. “Ni preguntan los nombres, ni saben quiénes son”.
Por: Agencias / Foto: Cortesía