Durante el primer año de pandemia de COVID-19 en el país, desde marzo de 2020 hasta marzo de 2021, hubo un aumento en los casos de corrupción, reveló un informe de la organización no gubernamental Transparencia Venezuela.
A esta situación, agregó, se le suman los enormes vacíos de información oficial sobre las contrataciones públicas realizadas para atender la pandemia, lo que ha permitido la discrecionalidad y los abusos.
En el informe Corrupción en pandemia. La tragedia de Venezuela más allá de la COVID-19 se señaló que la opacidad está presente también en el proceso de adquisición de vacunas y en el plan de inmunización para proteger a la población del contagio.
La investigación precisó que en ese año de emergencia humanitaria llegaron a Venezuela 21 aviones con personal, materiales e insumos provenientes de China, Rusia, Turquía, Cuba e Irán, países aliados del régimen de Nicolás Maduro.
“Sin embargo, se desconocen las condiciones que rodean a estas entregas, el monto total de los recursos asignados, los términos de ejecución de los contratos, así como la cantidad y calidad de los equipos y servicios negociados. El gobierno no dejó claro si los productos recibidos son donaciones, compras honradas o si se trata de una nueva deuda que está adquiriendo el país”, señaló Transparencia Venezuela.
En el informe también se detalló cómo durante el primer año de pandemia llegaron al país cuatro aviones con vacunas provenientes de Rusia y China. Pero no se hay información disponible continua y detallada sobre los contratos o acuerdos firmados para obtener los fármacos, según reseña El Nacional.
Añadió la organización que tampoco se publicó un plan oficial de vacunación ni el criterio de prioridades establecido por las autoridades sanitarias. Además, no existen certezas sobre cuándo llegarán las próximas dosis, cómo las distribuirán y quienes recibirán la atención.
En Venezuela, según el informe, hay registros que evidencian el aumento de los cobros ilegales, conocidos como matraqueo, en los puntos de control policial y militar instalados para restringir la circulación de los ciudadanos durante la semana de cuarentena radical.
“De los testimonios y denuncias recabadas se desprende que el esquema gubernamental conocido como 7+7 genera una mayor incidencia de hechos irregulares. Transparencia Venezuela registró denuncias sobre militares y policías que solicitan dinero o bienes a comerciantes para permitir que abran sus negocios o continúen sus labores, durante las semanas de cuarentena radical”, señaló la ONG.
También se documentó cobros en divisas para emitir salvoconductos que permiten la movilización, así como la exigencia de pagos para corregir averías en los servicios públicos.
“Se recopilaron denuncias sobre funcionarios que exigen dinero para tramitar citas en oficinas del sector público que se mantienen cerradas como medida de contención del virus, entre otros hechos ilícitos”, indicó.