En el 2021 se produjo la captura de los integrantes de cuatro bandas que se dedicaban a la trata de personas. Sin embargo, existe un subregistro en cuanto al número de víctimas en la entidad. El Observatorio Venezolano de la Violencia hizo una investigación en Nueva Esparta que da cuenta de que esta actividad delictiva tiene más de una década en el estado.
Porlamar. Desde finales del año pasado, la isla de Margarita se afianza como un punto estratégico utilizado por tentáculos de las redes internacionales de trata de personas para sus “negociaciones” hacia otras islas caribeñas, e incluso a otros continentes. El fenómeno delictivo quedó demostrado no solo por las diversas detenciones practicadas en la entidad, sino también por una investigación del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) Nueva Esparta, reseñó Crónica Uno.
Incluso, el estudio compara a la región neoespartana con el estado Sucre, de donde proviene casi la mitad de las adolescentes y jóvenes que son captadas para la explotación y comercialización sexual.
Hilda Mendoza, coordinadora de la referida ONG, informó que desde el año pasado se produjo la captura de los integrantes de cuatro bandas dedicadas a la trata de mujeres jóvenes y adolescentes con fines de explotación sexual en Nueva Esparta, lo que pone a la entidad insular en la mira como un punto estratégico para las redes dedicadas a ese tipo de delitos cometidos por el crimen organizado.
Junto con Sucre, Delta Amacuro y otros estados costeros, se tornaron uno de los escenarios de proliferación de las redes delictivas que se aprovechan del movimiento migratorio causado por la crisis humanitaria del país.
En los dos últimos años «fueron rescatadas dos víctimas de esas redes. Una joven y una adolescente que eran prostituidas bajo amenaza de muerte, fueron rescatadas de manos de esas redes”, expresó Mendoza.
Afirmó que el subregistro de víctimas es mucho mayor, pero los mismos organismos del Estado no dejan trascender las estadísticas reales. Indicó que algunos testimonios recabados por el equipo local del OVV dan cuenta de que la trata de personas en la isla de Margarita funciona desde hace más de una década, tanto para el mercado interno vinculado al turismo como hacia el extranjero.
Referencias caribeñas
Mendoza especificó que el seguimiento realizado por su equipo arrojó que, en los últimos tres años, más de 120 venezolanas provenientes de distintos estados del país fueron rescatadas durante los procedimientos ejecutados en diferentes naciones del Caribe.
Citó que entre noviembre y diciembre de 2021, en República Dominicana fueron rescatadas de las redes de esas organizaciones 63 personas, mientras que en Trinidad y Tobago se concretó la liberación de 61 mujeres entre 2019 y 2022.
“Se calcula que aproximadamente 40 % de las víctimas son transportadas desde el estado Sucre, pero también se ha detectado la movilización hacia Nueva Esparta y de allí a Trinidad y Tobago, desde donde son llevadas a distintos destinos de Las Antillas, Europa y África”, detalló la portavoz del OVV Nueva Esparta.
El engaño es la principal variante
Las redes sociales son, actualmente, la vía más empleada para la captación de las víctimas.
Mendoza expuso que, aunque el contacto sea de manera consensuada y en medio de la grave crisis económica, no se puede justificar o ignorar esa actividad anulando la dignidad, capacidad y los derechos de jóvenes y adolescentes.
Argumentó que, por el contrario, es urgente promover formas más dignas de garantizar la supervivencia, la realización personal, y de mejorar la calidad de vida de los venezolanos para alejarlos de la vulnerabilidad que supone ese flagelo.
Trajo a colación el caso de Yaimal Davina Piña Álvarez, de 26 años de edad, que reclutaba jóvenes de todo el país a través de las plataformas virtuales más populares como Facebook, Whatsapp e Instagram, mediante ofertas engañosas de empleo o capacitación en el exterior.
Por ese hecho, funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), delegación municipal Porlamar, lograron ubicar y detener a Piña Álvarez en octubre del año pasado en el sector Los Robles, municipio Maneiro, estado Nueva Esparta.
En esa oportunidad, el comisario Douglas Rico, director del Cicpc, indicó que la mujer operaba mediante redes sociales y les manifestaba a sus víctimas que las ayudaría a conseguir trabajo en el extranjero, específicamente, en la isla de Trinidad y Tobago.
Informó además que una vez en Margarita, las víctimas eran retenidas y despojadas de su documentación, para forzarlas a cumplir trabajos sexuales. Entre las víctimas de Piña Álvarez se encontraba una hermanastra suya.
En agosto de ese mismo año fue aprehendido un magistrado y exfuncionario de inteligencia, de 50 años de edad, mientras intentaba movilizarse a Margarita proveniente del estado Zulia. El hombre, que estaba solicitado por el delito de trata de personas, es el exjuez Naury David Briceño Castellanos, arrestado por funcionarios del Cicpc, subdelegación Puerto La Cruz.
Al igual que la mayoría, utilizaba las redes sociales para captar a las víctimas y en su perfil de Facebook había adoptado la identidad de un adolescente de 14 años para engañar a sus potenciales víctimas.
Hasta las universitarias caen
La representante del OVV especificó que entre muchas de las víctimas que son captadas por esas redes hay chicas con carreras universitarias. Llegaban a la isla de Margarita y luego eran conducidas hacia Trinidad y Tobago, donde las despojaban de su documentación y celulares para forzarlas a prostituirse.
“En la gran mayoría de los casos está presente el engaño, pero en ocasiones puede darse con el consentimiento de la víctima”, agregó Mendoza.
Igualmente, indicó que el explotador o perpetrador se aprovecha de la vulnerabilidad de la víctima por factores psicológicos, socioeconómicos o culturales.
Una constante en los casos es que las personas viven en áreas afectadas por conflictos políticos, económicos y sociales, como es el caso de Venezuela.
Explotación con fines sexuales
La explotación de menores con fines sexuales también tiene un crecimiento en Margarita, sin estar desvinculado de las redes de trata de personas, con la utilización de las víctimas para la elaboración y posterior difusión de contenidos pornográficos a través de Internet.
La coordinadora del OVV en la entidad reveló que, por ese delito, en junio de 2021 fueron capturados un hombre de nacionalidad peruana, y una venezolana, en el sector Llano Adentro de Porlamar, municipio Mariño.
Quedaron identificados como: Adolfo Valverde, de 52 años de edad y Blanca Cecilia Espinoza Vásquez, de 21 años de edad, detenidos por el Cicpc de Porlamar tras figurar como responsables de una red de pornografía en su residencia, la cual fue desmantelada gracias a la denuncia de los vecinos que fueron alertados por una de las víctimas. Valverde y Espinoza Vásquez tenían en su poder a una joven de 20 años al momento de su detención.
En un hecho más reciente, ocurrido en mayo, el Cicpc capturó a una banda integrada por dos hombres y dos mujeres en La Asunción, municipio Arismendi, por presuntamente dedicarse a la explotación sexual de menores de edad. El arresto se produjo después de un intenso trabajo de investigación e inteligencia, luego de que familiares de una joven de 17 años de edad denunciaran que estaba siendo forzada, bajo amenazas de muerte, a prestar servicios sexuales.
En este caso fueron apresados Johancarlos José García Hernández, de 20 años de edad, Jonathan Rafael Silva Johan Carlos, de 32 años de edad, Claribeth del Valle Marcano Gómez, de 28 años de edad y Daviadny Scarley Rodríguez Arcay, de 33 años de edad.
De acuerdo con la versión del comisario Douglas Rico, los integrantes de esa banda delictiva tenían como modus operandi ubicar jóvenes y adultas, a quienes les indicaban que si trabajaban con ellos podían obtener grandes sumas de dinero.
Una vez citadas las víctimas, les retenían sus documentos y, bajo amenazas de muerte, las obligaban a tener encuentros íntimos con diversas personas a cambio de dólares.
Al momento de detenerlos les confiscaron dos celulares, los cuales, al ser sometidos a experticias telefónicas, arrojaron que eran utilizados para ubicar a los posibles clientes a través de WhatsApp. Según el tipo de mujer que demandaran, asignaban los montos a cobrar.
Rico informó que el caso quedó en manos de la Fiscalía novena del Ministerio Público del estado Nueva Esparta.
Fenómeno de larga data
La coordinadora del equipo del Observatorio Venezolano de Violencia Nueva Esparta aseveró que, de acuerdo con las investigaciones más recientes, queda evidenciado que la trata de personas como delito no es un fenómeno moderno, aunque admite que ha ido derivando en nuevos métodos y pareciera estar adquiriendo una mayor visibilidad como problema social.
Confió que una fuente policial reveló al equipo investigador que hace más de 10 años fue detectada una venta informal de videos caseros de contenido sexual en las afueras de un centro comercial en Pampatar, municipio Maneiro.
Los mismos eran producidos por redes de trata y eran ocultados en las cubiertas de copias ilegales de filmes comerciales en formato de DVD. De acuerdo con lo que detalló el informante, en las grabaciones aparecían hombres de aspecto extranjero y muchachas de apariencia criolla que lucían forzadas a cumplir las demandas del otro.
Asimismo, se veían espacios exteriores y avisos de señalización vial específicamente de la ruta a las playas El Agua y Parguito, en el municipio Antolín del Campo, así como otras localidades turísticas de Margarita.
En razón de esas revelaciones, Mendoza se atreve a afirmar que el asunto no es nuevo en la entidad. Sin embargo, a su modo de ver, pareciera ir evolucionando hacia variadas fases de ese comercio ilegal como la captación o el secuestro, el transporte, el albergue o la transferencia a otros países, además de la explotación en bares, spas, casinos y otros establecimientos.
El equipo del OVV Nueva Esparta concluyó que, así como ha avanzado o se ha sofisticado ese delito en organización trasnacional, también existe una mayor concienciación de los países en torno de esta problemática.
Igualmente, percibe una mayor definición en sus diversos aspectos, por lo que se requieren mayores esfuerzos de sensibilización, prevención y control en la entidad insular.
Por Agencia