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El abogado, activista y miembro de la directiva de Provea, Marino Alvarado, aseguró que la nueva resolución, impuesta por el gobierno venezolano, pide información confidencial, como nombres y direcciones, de las víctimas y beneficiarios de las organizaciones civiles. “La resolución del Gobierno es la continuidad de un cerco a las organizaciones de la sociedad civil, no solo de Derechos Humanos, sino el conjunto de la sociedad, a quienes cada vez se le ponen más trabas para hacer su trabajo y ayudar”, indicó. Aseguró que el Estado venezolano coopera con organizaciones no gubernamentales en el exterior, pero quiere impedir que eso ocurra acá. “Con esta medida Fe y Alegría, por ejemplo, está siendo colocada como sospechosa y su trabajo claramente es educar a niños de sectores populares”, a...