La organización no gubernamental (ONG) SOS Orinoco denunció el martes 16 de enero el aumento de la minería ilegal en el Parque Nacional Yapacana (Amazonas), tras el despliegue de la Operación Autana que puso en marcha la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en 2023.
“La minería ilegal sigue aumentando en (el parque nacional) Yapacana, a pesar del show mediático de la FANB”, publicó la ONG en un mensaje en la red social X (antes Twitter).
SOS Orinoco indicó que el operativo militar causó “la propagación de los mineros desalojados”, quienes han dañado el ecosistema con nuevas minas en esta zona fronteriza con Brasil.
Afirmó que estas nuevas minas han sido creadas con el “visto bueno de la FANB”, por lo que cuestionó la supuesta lucha de las autoridades contra la minería ilegal.
La organización compartió además un video en X en el que destacó el daño ambiental que incluye 15 hectáreas destruidas durante los despliegues militares.
Explotación ambiental en Yapacana
SOS Orinoco ha alertado en varias ocasiones sobre el deterioro ambiental de la Amazonía, especialmente en Bolívar, pese a los operativos militares llevados a cabo por la FANB para expulsar de esta zona a las personas que se dedican a la extracción ilícita de minerales.
El 5 de septiembre de 2023 la ONG publicó un boletín en el que indicaba que en el Parque Nacional Yapacana aún quedan “áreas significativamente grandes en las que permanecen intactas” un número indeterminado de minas.
“Miles de mineros continúan operando en Yapacana, ahora, según hemos conocido, bajo el control completo de las Fuerzas Armadas venezolanas, con algunos sectores donde las Fuerzas Armadas estarían permitiendo a los indígenas continuar con la minería ilegal”, aseguró la organización en esa oportunidad.
Asimismo, detalló que la FANB publicaba a diario los avances de sus operativos militares en la región, con el propósito de crear la ilusión de éxito, aun cuando la minería persiste a través de medios alternativos.
Desalojos de mineros es insuficiente
SOS Orinoco denunció además que la medida de desalojar a mineros ilegales es insuficiente; y pidió que se establecieran responsabilidades para todos los que han permitido esta práctica en contra del ambiente.
“Se deben establecer responsabilidades administrativas y penales para todos los cómplices que permitieron esta situación por años, incluyendo la de autoridades civiles y militares que facilitaron este ecocidio y se enriquecieron a través de asociaciones con grupos armados”, subrayó en su boletín.
En septiembre de 2023 la organización venezolana Control Ciudadano pidió a la Fiscalía y otros organismos de justicia determinar las responsabilidades de funcionarios civiles y militares que han permitido la minería ilegal en el estado Amazonas.
La organización acotó que si bien las autoridades militares se han desplegado en Yapacana para erradicar la minería ilegal y desalojar a los “mineros ilegales” desde el 1° de julio de 2023, no se han determinado responsabilidades por la omisión del deber de guardería ambiental.
“Control Ciudadano exhorta al Ministerio Público y demás autoridades competentes a determinar las responsabilidades penales, civiles y administrativas de funcionarios públicos, civiles y militares, con competencia de guardería ambiental”, mencionó la ONG.
Por Agencia.
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