El niño de seis años camino hacia su iglesia con noticias emocionantes para compartir. Había pensado un poco en el asunto, le dijo al sacerdote Luis Alberto Mosquera, y había decidido que quería ser un católico practicante.
Según el niño, el sacerdote le respondió: “Si quieres ser monaguillo, debes pasar una prueba”. Años más tarde, el testimonio del niño sobre aquella tarde en la casa parroquial resultaría crucial: un juzgado concluyó que Mosquera había abusado sexualmente de él.
Mosquera fue condenada en 2006 a más de siete años de prisión por abuso sexual contra un niño, pero no terminó su sentencia. Sus abogados temían por su seguridad en prisión y solicitaban la libertad condicional. Un juez estuvo de acuerdo; Mosquera fue liberada después de dos años y volvió a la iglesia en el estado de Lara, donde todavía es sacerdote. Una foto publicada en su página de Facebook en 2016, y republicada en 2017, lo muestra rodeado de niños.
El caso del clérigo de 63 años se encuentra entre los 10 que involucran denuncias de abuso sexual infantil investigadas por The Washington Post en los últimos dos años. Este diario entrevistó a líderes católicos, policías, funcionarios judiciales y víctimas, y revisó documentos policiales y judiciales.
En la mitad de los casos, que datan de 2001 a 2022, encontramos sacerdotes condenados por cargos de abuso que fueron liberados antes de tiempo o que no cumplieron ningún tiempo en prisión. En al menos tres casos, a los sacerdotes se les permitió regresar al ministerio.
Los entrevistados señalaron que hay un patrón que sugiere la colusión entre un sistema judicial corrupto y la Iglesia para proteger a los perpetradores en lugar de a las víctimas. El elemento común en los 10 casos: los niños involucrados procedieron de entornos pobres y vulnerables.
Las burlas de abuso por parte de sacerdotes sacudieron a la Iglesia en América Latina en los últimos años. Las agresiones denunciadas en México, Argentina, Chile, Colombia y Perú arrojaron condenas y renuncias en los más altos niveles de la institución.
Pero Venezuela logró escapar de la ola. Los analistas dicen que una de las razones es que solo se puso el foco en la controversia política que existe en el país socialista en quiebra. Un sistema judicial roto es otra. La influencia de la Iglesia y su estabilidad comparativa es una tercera.
“Se han pospuesto tantas cosas debido a la confusión social y política”, dijo en entrevista David Smilde, sociólogo de la Universidad de Tulane cuya extensa investigación sobre el país se ha centrado en parte en la religión. “Una de las instituciones que más respetan a los venezolanos es la Iglesia católica. Eso limita cuánto puedes actuar”.
Hugo Chávez, fundador del actual Estado socialista en Venezuela, criticó públicamente a la Iglesia. Pero su sucesor, el presidente Nicolás Maduro, es mucho menos franco sobre las transgresiones de los sacerdotes, y la Iglesia se convirtió en un intermediario entre el Gobierno y la oposición.
“Nuestra relación con la Iglesia ha sido de mediación y soporte político”, indicó Julio Borges, un opositor político.
Para miembros del clero que abusaron de menores, el estatus de la Iglesia parece haberles brindado protección. Un sacerdote en Zulia, por ejemplo, no pasó tiempo en prisión a pesar ser condenado por abuso sexual agravado en contra de una niña de 12 años. Un sacerdote del estado de Falcón se declaró culpable de cometer un acto carnal contra una joven de 14 años, pero se le concedió arresto domiciliario con la condición de que se mantuviera alejada de la víctima. Regresó a la Iglesia, donde hoy continúa con su ministerio.
Para las víctimas de estos casos, la vida es una lucha. Por lo general, tienen poco apoyo cuando intentan seguir adelante.
Desafiando el silencio y la impunidad de la Iglesia
Mosquera trabaja en el pequeño pueblo de Humocaro Alto, a unos 480 kilómetros al oeste de Caracas. Fue asignado al menos a dos parroquias diferentes desde 1996, cuando un niño de 12 años lo acusó de intentar violarlo a punta de pistola, según los registros policiales. Mosquera finalmente fue absuelto de violación en grado de tentativa.
En enero, Mosquera proporcionó a The Washington Post que sigue siendo un sacerdote en activo, pero se negó a responder más preguntas.
Su papel actual no sorprende al abogado que representó al niño de seis años y que ayudó a que Mosquera fuera condenado. “La Iglesia realmente protegía al sacerdote. Le dieron todo el apoyo”, dijo el abogado Jorge Mendoza. Agregó que lo presionaron para que retrocediera: “El arzobispo de Barquisimeto me dijo que me iban a excomulgar si seguía defendiendo al niño”.
El arzobispo murió el año pasado. El reverendo Oswaldo Araque, vicario general de Barquisimeto, indicó al Post que la arquidiócesis está “atenta” en recibir y actuar sobre las acusaciones contra los sacerdotes. Cuando se le preguntó sobre la culpabilidad de la Iglesia al devolver al ministerio a un pedófilo convicto, señaló que investigaría si se le proporcionaran detalles. “¡El Estado también es responsable!”, destacó. “Lo dejaron ir”.
Otros casos revisados por The Washington Post también terminaron, si acaso, con un tiempo mínimo tras las rejas. En uno, un sacerdote en el estado de Mérida intercambió mensajes de texto con una niña de 13 años, la llevó a una habitación de hotel y la besó, según un tribunal. La niña testificó que él trató de levantarle la camisa. Sus abogados argumentaron que ella quería irse con él y no se consumó ningún acto sexual. Fue declarado no culpable de actos lascivos agravados en 2006.
Ante la poca confianza que tienen en que las fuerzas de seguridad o los tribunales venezolanos respondan rápida y efectivamente ante las denuncias de abuso, algunas víctimas llamaron la atención sobre el tema al ventilar las denuncias en redes sociales.
En 2018, una petición de ayuda en Twitter ayudó a exponer un caso en el estado Anzoátegui. “Sacerdote pedófilo”, decía el tuit, que después nombraba a la parroquia y suplicaba: “Ayúdenos Santidad”. El sacerdote Enrique Castro Azócar fue detenido al año siguiente y acusado de abuso sexual de dos menores.
La búsqueda de justicia fue agotada para el padre de las víctimas. “Nuestras vidas cambiaron para siempre debido a esto”, aseguró al Post Robing Damián Salazar, un carpintero. “He sido acosado y amenazado, luchando por mis hijos”.
Castro se declaró culpable de dos cargos de abuso sexual de un niño y fue sentenciado a cinco años. Pero en lugar de ir a prisión, se le otorgó un tipo de libertad condicional conocida en Venezuela como medida sustitutiva de libertad. Fue liberado con la condición de que se mantuviera alejada de las víctimas, fuera tratado por un psicólogo y compareciera ante un tribunal cada 30 días.
Los defensores de las víctimas sostienen que la sentencia violó un fallo de 2017 del Tribunal Supremo de Justicia, la instancia judicial más alta de Venezuela, que señala que las personas condenadas por tales delitos no son elegibles para alternativas al encarcelamiento. “Cosas como estas reflejan el estado de indefensión e impunidad que prevalece en el país”, subrayó el abogado Carlos Trapani, titular de la organización de derechos de la niñez Cecodap.
Un registro policial obtenido por The Washington Post muestra que el sacerdote fue acusado de un crimen similar en la Diócesis de Barcelona. Al menos dos familias presentaron denuncias ante la fiscalía en 2014, según muestran los registros de la Policía y la fiscalía. Ninguno en cargos resultó. Algunas de las presuntas víctimas tenían 10 años.
Según policías, el obispo Jorge Aníbal Quintero indicó que Castro sería destituido como sacerdote, pero simplemente fue trasladado a otra parroquia. Ni Quintero ni la Diócesis de El Tigre respondieron a las solicitudes de entrevista. Castro no pudo ser contactado para que hablara sobre el tema.
El sacerdote Carlos Viña, vicario de Barcelona en el estado de Anzoátegui, estuvo a cargo de investigar las denuncias de abuso en Venezuela durante 10 años. Añadió que encontró evidencia probatoria en ocho casos, aunque la Iglesia no hizo público ninguno.
“Un sacerdote que comete un delito representa un riesgo para los niños y adolescentes, y no se puede tolerar”, aclaró Viña en entrevista en enero.
Los casos muestran ‘irregularidades evidentes’
Un juez del Tribunal Supremo de Justicia, que habló bajo la condición de anónimo por temor a represalias, revisó seis casos identificados por The Washington Post.
En uno el sacerdote Rafael Márquez, del estado de Zulia, fundador de una red de hogares para albergar y educar a niños en situación de calle, fue imputado por actos lascivos violentos agravados contra 12 menores de 16 años “en presencia de otros niños y adolescentes”, destacó el fiscal en documentos judiciales.
La sentencia de Márquez no se hizo pública. El último documento judicial disponible es de 2011.
Márquez trabajó como sacerdote hasta su muerte, en 2018, según el padre José Palmar, quien lo conoció personalmente. “Le dieron medida sustitutiva”, explicó Palmar. “En ese caso, la Iglesia no hizo lo que debería haber hecho. No hubo juicio canónico. El Estado y la Iglesia fueron cómplices”.
El abogado del sacerdote, Álvaro Castillo Zeppenfeldt, no respondió a una solicitud de entrevista.
Todos los casos, añadió el juez del Tribunal Supremo, revelaron “irregularidades evidentes”, incluida la concesión de alternativas a la cárcel a los abusadores condenados que regresaron al ministerio sin supervisión. “En todos los encuentros delitos que debieron terminar en mayor castigo, y no fue así. Hay un problema”.
Ni el Vaticano ni la conferencia episcopal venezolana respondieron a las solicitudes de entrevista. El Post entrevistó a decenas de personas que denunciaron abusos o acosos por el clero, pero que no pueden obtener justicia.
“Hay un sistema macabro” entre la Iglesia y el Estado, destacó una monja que habló bajo la condición de anonimato por temor a represalias. “Las familias necesitan ayuda, comida, todas las cosas que proveen la Iglesia en las comunidades pobres, y los perpetradores usan esto para llegar a las víctimas y mantenerlas calladas”.
José Leonardo Araujo, un abogado de 33 años de Caracas, pasó su vida adulta entrando y saliendo de terapia para lidiar con los pensamientos suicidas que lo atormentan al menos una vez al mes.
Araujo dice que fue abusado a los 13 años por un sacerdote mexicano que trabajaba para la congregación Sociedad de San Pablo en Venezuela. Realizó la denuncia ante la fiscalía local en el estado de Mérida en 2019, pero el caso murió en el sistema judicial. Indica que entonces recurrió a la Iglesia, pero le dijeron que no había pruebas. El cardenal Baltazar Porras, quien recibió la denuncia, no respondió a una solicitud de entrevista.
El caso pronto cayó en el olvido en Venezuela, pero llamó la atención en México, donde el sacerdote Juan Huerta Ibarra fue investigado por la Iglesia, declarado culpable y expulsado del sacerdocio, según un comunicado de la Sociedad de San Pablo. Huerta se negó a ser entrevistado.
Ninguno de los cientos de organizaciones no gubernamentales que hay en Venezuela se enfoca en el abuso por parte de sacerdotes. Las víctimas tuvieron que recurrir a grupos en Argentina y Chile en busca de apoyo. Víctor Hernández, un joven de 26 años, en Barquisimeto, destaca que buscó ayuda en Venezuela antes de encontrar una red de sobrevivientes en Argentina.
Hernández señala que fue abusado a los 15 años por un monseñor ya fallecido en el estado de Lara. Recientemente informado de su caso a la nunciatura apostólica, la misión diplomática del Vaticano en Caracas. En una declaración escrita, describió un episodio en el que el monseñor abusó de él y luego le pidió que se quedara para una misa improvisada. “Arreglé todo tal como él me indicaba. En su cama presidió la Eucaristía, comulgó y me dio la paz; todo esto después de haber abusado de mí hacía menos de una hora”, escribió.
La nunciatura le impide en un correo electrónico que el caso fue elevado al Administrador Apostólico de Barquisimeto. La nunciatura no respondió a una solicitud de entrevista.
“No hay nada más que pueda hacer”, dijo Hernández, quien ahora vive en España. “Aquí estamos solos”.
Por: Agencias / Fotos: Cortesía