Las piezas del rompecabezas petrolero que configuran los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela van encajando poco a poco, aunque todavía no se termine de armar la figura completa. Quien conoce este tipo de juego de mesa sabe que lo primero que se organiza es el marco, y eso parece ser lo que se alcanzó con el anuncio del acuerdo energético realizado el 28 de agosto.
Pero, los datos disponibles siguen fragmentados como si el rompecabezas hubiese venido sin la imagen de referencia. No obstante, los pasos para llegar a este pacto se vienen dando la Reforma a la Ley de Hidrocarburos en enero y continuaron con la modificación de las licencias a finales de agosto.
El 29 de agosto, la presidenta encargada Delcy Rodríguez detalló que se trata de un acuerdo a 25 años, lapso que coincide con el artículo 35 de la Ley de Hidrocarburos que establece la duración máxima de las empresas mixtas, prorrogable por otros 15 años. Esto da indicios de la figura jurídica utilizada, aunque no se haya especificado qué porcentaje accionario tendrá cada parte.
La reforma de enero aportó otro elemento clave: habilitó la ejecución de las actividades primarias por parte de integrantes minoritarios de las empresas mixtas y fue más allá al permitir la gestión integral del ejercicio de las actividades, conservando siempre la propiedad estatal del yacimiento según lo exige la Constitución.
Una frase del mensaje de la mandataria sintetiza la posición adoptada en la negociación y encarna ese principio legal: «Cada parte aporta aquello que puede hacer mejor: Venezuela aporta petróleo, su industria y la experiencia de sus trabajadores; Estados Unidos aporta capital y tecnología para recuperar esos activos«.
El acuerdo tiene otra pieza fundamental: el interés de Washington por asegurar el suministro petrolero. Para ello, la reforma incorporó en su artículo 36 la facultad de que el socio minoritario comercialice directamente la totalidad o una cuota de la producción. Esto le brinda a Estados Unidos una vía directa para destinar crudo a sus refinerías o reservas sin depender de la intermediación estatal venezolana.
El propio Donald Trump dejó clara esa intención en un mensaje publicado este domingo: «Una de las cosas que voy a hacer con el petróleo venezolano es llenar las Reservas Estratégicas Nacionales, que por culpa del ‘Dormilón Joe Biden’ han quedado prácticamente vacías. El proceso de ‘llenado’ comenzará muy pronto, y es un regalo de Venezuela para el pueblo de los Estados Unidos«, escribió el mandatario sin dar más detalles.
Del lado estadounidense también se produjeron ajustes legales sincronizados con el anuncio. El pasado 27 de agosto, un día antes de oficializarse el pacto, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) publicó la actualización de varias licencias para introducir un cambio que impacta la estructura jurídica de los contratos, incluidos los petroleros.
Las versiones anteriores exigían que los contratos con el Gobierno venezolano o con Pdvsa incluyeran cláusulas para interpretar sus términos bajo leyes de alguna jurisdicción estadounidense. Esa condición se eliminó en las nuevas licencias, lo que permite adaptar los contratos a la legislación venezolana, un ámbito bajo control del gobierno de Rodríguez, mientras que los mecanismos de resolución de controversias se reservaron a instancias internacionales.
«La OFAC enmendó estas licencias generales en respuesta a las reformas hechas por el gobierno venezolano relacionadas con inversiones desde enero de 2026. El Gobierno de los Estados Unidos continúa apoyando los esfuerzos de las empresas estadounidenses por reinvertir en Venezuela para fortalecer la seguridad nacional de su país en el hemisferio occidental y ayudar a restaurar a Venezuela como un aliado responsable y próspero de Estados Unidos«, explicó el organismo al argumentar el cambio.
Algunos analistas y voceros políticos han cuestionado este andamiaje legal por considerarlo inconstitucional, sosteniendo que existían otras vías para reactivar la industria. Sin embargo, quienes ejercen el poder tanto en Venezuela como en Estados Unidos actúan bajo un pragmatismo inédito que termina imponiéndose a tales objeciones.
Los campos verdes y los plazos
La mandataria encargada también precisó que la meta es alcanzar una producción de 1,5 millones de barriles diarios, sin fijar una fecha específica, aunque detalló que se trata de 17 campos, 8 de ellos «verdes«, de los cuales el Estado recibirá un mínimo del 16 % en regalías (casi la mitad del límite mayor contemplado en la nueva ley) e impuestos sobre la renta del 34 %, una tasa cercana al límite inferior contemplado en la ley para proyectos que requieren alta inversión.
«En términos concretos, esto significa que, por cada barril producido y vendido, cerca de 19 dólares ingresan directamente a nuestro país«, estimó.
El rendimiento total proyectado, calculando el barril a 65 dólares, se estima en 209.000 millones de dólares, lo que representaría un promedio de ingresos por año cercano a los 8.360 millones de dólares, en los 25 años del acuerdo.
Ninguna de estas cifras es automática ni de realización inmediata. Elevar el bombeo en los campos a la meta tomará tiempo, al igual que poner en marcha los desarrollos de los campos verdes. Al no haberse divulgado cuáles son estos bloques, resulta complejo prever cuándo se verán los primeros resultados tangibles. Tampoco ingresarán de golpe los 100.000 millones de dólares anunciados en inversión; estos recursos se desembolsarán de manera progresiva a mediano y largo plazo conforme avancen las operaciones.
El anuncio oficial, particularmente en las declaraciones de Donald Trump, mencionó una cifra de 65.000 millones de barriles de reservas, lo que generó cierta confusión. No se trata de una venta de yacimientos, algo prohibido por el marco constitucional, sino del volumen total de reservas estimadas y recuperables que contendrían los 17 campos incluidos en el trato.
En definitiva, este rompecabezas siempre ha respondido a una lógica energética: el objetivo de Estados Unidos de asegurarse un proveedor estratégico y cercano en el continente prevalece por encima de las tensiones políticas y de sus propios actores.
Qué son los campos verdes (greenfields) en el argot petrolero
En la industria de los hidrocarburos, un campo verde o greenfield es un yacimiento o área virgen donde nunca antes se ha extraído petróleo y que carece por completo de infraestructura.
La diferencia frente a un campo maduro (brownfield) es que en este último ya existen pozos perforados, tuberías y estaciones de flujo que solo necesitan reparación o mantenimiento, mientras que en un campo verde todo debe construirse desde cero: carreteras de acceso, tendidos eléctricos, plantas de tratamiento, tanques de almacenamiento y oleoductos.
Por esta razón, poner a producir un greenfield requiere inversiones multimillonarias previas y varios años de desarrollo antes de obtener el primer barril comercial, lo que explica por qué en el acuerdo se les fija una regalía reducida del 16 %, diseñada como un incentivo económico para compensar ese alto costo y tiempo de espera.
Por: Agencia