Un documento oculto de la Fiscalía colombiana, conocido por la revista RAYA, deja al descubierto el entramado empresarial que se tejió detrás de la fallida “Operación Gedeón” que pretendía, a principios de 2020, dar un golpe de Estado contra el presidente de Venezuela Nicolás Maduro Moros.
La pesquisa, en la que participaron una docena de investigadores de la Policía, recopiló testimonios y documentos que puso tras las rejas, un año después, a Yacsy Alezandra Álvarez Mirabal, la mujer que ha sido catalogada como la “Mata Hari” venezolana dentro del operativo.
No obstante, dos de los tres mega empresarios siguen en libertad y sin ser procesados por la Fiscalía de Francisco Barbosa Delgado, a pesar de que las evidencias se recopilaron y de que los testigos los señalaron como financiadores, desde sus empresas asentadas en Barranquilla, en este complot internacional contra Venezuela.
Álvarez está acusada de haber preparado toda la logística para que un conductor de la Costa transportara entre Barranquilla y Santa Marta 26 fusiles calibre 5.56, silenciadores de armas de fuego, 26 visores nocturnos de dos ojos, 29 visores nocturnos de un ojo, 4 binoculares nocturnos, 438 baterías Motorola, 15 cascos militares, 3 chalecos antibalas, entre otros elementos decomisados que pusieron al descubierto la conspiración.
Los tres empresarios, uno de ellos capturado en Caracas semanas después de que cayera el material bélico en el norte de Colombia, tienen en común que han sido dueños, socios o directivos de las más importantes empresas petroleras de Venezuela y las cuales actualmente tienen su asiento en Barranquilla, reseñó Últimas Noticias.
Uno de ellos es Jorge Luis Cordero García, dueño de la empresa Veneco Colombia SAS y quien, según un correo electrónico en poder de la Fiscalía, emitió un memorando para ser el codeudor en el arriendo de una vivienda urbana en Barranquilla la cual sirvió de logística para todas las actuaciones de Álvarez Mirabal.
“Esto permitirá a la Fiscalía probar su teoría del caso, en cuanto a la materialidad del delito de porte ilegal de armas y el delito de entrenamiento para actividades ilícitas, así como la participación de la acusada en esos hechos y su responsabilidad”, resalta uno de los apartados del documento escrito por un investigador de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y el cual fue utilizado por la Fiscalía en contra de Álvarez, pero no contra los empresarios.
Poder que Ricardo Barreto Muskus le otorgó a Jorge Cordero para que lo representara en Barranquilla.
Cordero García es socio de otro de los empresarios del petróleo ocultos en esta trama: Ricardo Francisco Barreto Muskus. Actualmente reside en Miami, pero una de sus empresas más importantes está asentada en Barranquilla.
Se trata de Solmico OIL SAS, una sociedad que se constituyó en Barranquilla el 26 de febrero de 2014, con el fin de operar de forma exclusiva en zonas francas la refinación de petróleo o hidrocarburos para la producción de combustibles, derivados del petróleo crudo y sus mezclas. Esta aparece en el documento como aliada de Álvarez Mirabal junto con otra empresa de Barreto Muskus: Esquivenza S.A. que luego pasaría a llamarse Especialidades Quimicas Venoco S.A., también asentada en Barranquilla.
Según el documento en poder de la Fiscalía, estas empresas hacen parte del entramado financiero desde el que “presuntamente salió el dinero para financiar los gastos necesarios para la organización, planeación y ejecución del entrenamiento ilícito por el que se llamó a juicio a Yacsy Alexandra Álvarez Mirabal”, la mujer apodada como la Mata Hari venezolana y quien actualmente está recluida en la cárcel La Picaleña de Ibagué. Es más, dice el documento, los testigos señalaron a estas empresas como fuente del dinero que les era entregado por Álvarez a los exmilitares para solventar gastos de sostenimiento.
Por: Agencia