El gobierno de Argentina aseguró que aumentará la presión sobre el gobierno venezolano a fin de que conceda los salvoconductos a los seis militantes de Vente Venezuela que están resguardados en su embajada de Caracas tras considerar que corren peligro físico si no salen de la sede de la legación.
Así lo dijeron fuentes oficiales a la agencia Reuters, quienes denunciaron que el mandatario Nicolás Maduro había incumplido su promesa de permitir que estas personas salieran de la Embajada de Argentina rumbo a Buenos Aires.
«Venezuela no está dando salvoconductos, no está cumpliendo con lo acordado ni con la Convención sobre Asilo Diplomático (1954)», dijo una de las fuentes, un funcionario de la Cancillería argentina luego de que en abril se conociera que la expedición de salvoconductos era una realidad.
Reconocieron que allí está «toda la oficina de campaña de (María Corina) Machado» y que los mismos son hoy día «perseguidos políticos».
Por otro lado, una fuente venezolana consultada por la agencia británica dijo que esperaban que Argentina dieran un «impulso significativo» y público esta semana para exigir la salida segura de estas seis personas, al tiempo que otro funcionario de ese país recordó que Venezuela debe entregar los salvoconductos sin condiciones para que estas personas abandonen la Embajada.
El pasado 20 de marzo, luego de las detenciones del coordinador de organización de Vente Venezuela, Henry Alviárez, y la secretaria política nacional de esa organización, Dignora Hernández, el Ministerio Público emitió órdenes de captura contra otras siete personas, la mayoría integrantes de la organización política que lidera la líder de la organización María Corina Machado.
Se tratan del general retirado Oswaldo Bracho, la jefa de campaña de Machado, Magalli Meda; así como su jefa de comunicaciones, Claudia Macero; y el coordinador de asuntos internacionales, Pedro Urruchurtu.
También se libraron órdenes de captura contra el exdiputado Omar González Moreno, integrante de la dirección nacional de Vente Venezuela; Humberto Villalobos, coordinador nacional electoral del partido; y el exministro de Transporte Fernando Martínez Mottola porque estos estarían involucrados en una nueva trama de conspiración contra el Estado llamada Brazalete Blanco, una supuesta trama que tenía como objetivo el asesinato de líderes políticos del chavismo y del propio Nicolás Maduro, por el cual fueron arrestadas más de 15 personas, entre ellas Rocío San Miguel, directora de Control Ciudadano.
Por: Agencia