Salarios elevados en puestos como camareros en el extranjero, promesas de ser modelo con viaje y gastos pagos. Bajo ofertas engañosas, bandas delincuenciales y redes dedicadas a la trata de personas captan a sus posibles víctimas dentro de Venezuela para someterlas en algunos casos dentro del país a esclavitud o servidumbre forzada, explotación sexual u otras formas de trabajos forzados. En particular, los estados fronterizos como Sucre o Apure son nichos para estos grupos.
Así lo explicó la abogada Norma Ferrer, experta en trata de personas en la ONG Cooperazione Internazionale (Coopi), durante un conversatorio sobre la trata de personas en Venezuela, organizado por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana (CDH Unimet), reseñó Tal Cual.
Según datos recogidos por Coopi en agosto de 2022, de las víctimas de trata identificadas entre 75 % y 80 % son mujeres, con edades comprendidas entre los 13 y 35 años. La mayoría de ellas son captadas para servidumbre o trabajo doméstico.
Además en el estado Apure, señaló Ferrer, hay mendicidad forzada de niños y niñas, especialmente de etnias indígenas. Este tipo de mendicidad, acotó Victoria Capriles, directora del CDH Unimet, también fueron identificada en los estados Zulia y Bolívar.
En el caso del estado Sucre, al tener rutas marítimas con Trinidad y Tobago, la crisis ocasionó que redes criminales se apoderaron de esta zona y fueran usadas para el tráfico ilícito de migrantes y trata de personas.
«Muchas de estas personas objetos de tráfico de migrantes también son víctimas de trata, pero son criminalizadas. En Trinidad y Tobago hay turismo y casas de explotación sexual. Se presume que algunas desaparecidas puedan estar en estos lugares, pero no ha habido una investigación exhaustiva en estos casos», destacó la especialista.
La mayoría de las víctimas proviene de comunidades con mucha precariedad económica o aisladas porque no hay servicios de denuncia, protección o asistencia médica adecuada. Los niños y hombres también son víctimas de trata: Coopi identificó que 15 % fueron sometidos a trabajos forzados. En algunos casos son enviados a las minas del estado Bolívar o islas del Caribe para ello.
En el estado Sucre, las formas de captación no siempre pasan por las propias bandas o redes dedicadas a estos delitos. «Vimos mucha presencia de tratantes familiares, madres, tíos, primos, que venden a su familiar (…) También hay jóvenes que conocen que van a prostituirse, pero el consentimiento es nulo cuando son víctimas de explotación sexual».
Ferrer señaló que no siempre se debe estar dispuesto a migrar para estar expuesto a redes de trata. «En pandemia aumentó la captación por redes sociales a través de ofertas fraudulentas de trabajo, falsas agencias de modelaje o concursos de belleza. Estén pendientes de esas ofertas maravillosas, que se disfrazan en grandes salarios o beneficios», advirtió la especialista.
En esos estados donde Coopi pudo intervenir, destacó la abogada, constató que las víctimas tienen diferentes regiones de procedencia: un porcentaje lo representan las personas del mismo estado (Sucre y Apure), entidades cercanas como Delta Amacuro y Monagas, así como del centro occidente del país (Lara, Miranda, Carabobo, Barinas).
La organización también identificó como modus operandi la captación de víctimas a través de fiestas en los colegios; mientras que en el estado Sucre se constató que las bandas ubican a personas Lgbti bajo la promesa, en el caso de personas trans, de pagarles por completo la operación quirúrgica de transición o la terapia de reemplazo hormonal.
Norma Ferrer puntualizó que el Estado venezolano tiene varias falencias legales para hacer frente a este delito trasnacional: hay problemas para identificar a las víctimas y al delito en sí mismo, hay una falla estructural del sistema de justicia, escasez de funcionarios dedicados a ello o involucrados con estas bandas armadas, así como la falta de cifras oficiales por parte del Ministerio Público o del Ministerio de Interior y Justicia.
Víctimas de trata en Colombia
Christian Filip, coordinador de proyectos Abogados Sin Fronteras Canadá, sede Colombia, señaló que se debe tener presente que la trata de personas «es una violación a los derechos humanos que interrumpe el proyecto de vida de las víctimas. Es necesario que los Estados no solo tengan el enfoque de condenas, sino de reparación a las víctimas».
Durante su intervención en el conversatorio, destacó que hay patrones de cosificación e hipersexualización de la mujer en algunos países que favorecen la trata, al igual que precarias condiciones económicas.
Según cifras aportadas por las propias autoridades colombianas, 181 personas fueron víctimas de trata en ese país en el año 2020, de ellas 76 fueron de nacionalidad venezolana; mientras que en 2022 se identificaron 111 víctimas, de las cuales 19 son venezolanas.
Un 74 % de las víctimas venezolanas fueron captadas por ofertas de trabajo fraudulentas, señaló Filip, quien destacó el caso Yolanda, como se conoce a una migrante venezolana que fue víctima de explotación sexual en Colombia bajo una oferta engañosa de trabajo para vender café en la ciudad de Cúcuta, departamento Norte de Santander, fronterizo con Venezuela.
La mujer acudió a Cruz Roja en búsqueda de ayuda y la denuncia fue llevada a la Fiscalía de ese país, que desestimó el delito de trata de personas y sólo admitió el de «inducción a la prostitución».
En octubre de 2021, tras una revisión del caso, la Corte Constitucional de Colombia falló en contra del Estado colombiano y solicitó la creación de un protocolo para la identificación y atención de víctimas, así como brindar protección y asistencia integral a las víctimas cuando se detecten indicios de trata, sin necesidad de que haya una investigación penal del delito.
El representante de Abogados Sin Fronteras también destacó que las redes de tratantes en Colombia buscaban específicamente a personas Lgbti y las captan con ofertas engañosas de trabajo sexual virtual (cámaras webcam), pero las condiciones ofrecidas cambian en el camino y son sometidas a la prostitución.
Universitarios expuestos
Victoria Capriles, directora ejecutiva del CDH Unimet, afirmó que en el marco de la emergencia humanitaria compleja y la crisis de movilidad venezolana, cada vez hay más casos de víctimas de trata de personas, sobre todo jóvenes.
«El Estado debe reconocer la trata como un problema y tomar acciones para proteger a la población. En Venezuela, por una falta de institucionalidad y la emergencia humanitaria, se ha dejado de lado las acciones contra la trata. Organizaciones de la sociedad civil han tratado de cubrir las falencias, pero con las complejidades del caso», señaló Capriles.
En 2021, el CDH Unimet realizó un estudio sobre la vulnerabilidad en captación de estudiantes de esa universidad. Al menos 74 % de los consultados afirmó haber sido testigos repetitivos de ofertas engañosas en redes sociales, que podrían estar asociadas a este delito.
Otro de los resultados del estudio es que 72,1 de los estudiantes reconoció que escuchó poco o algo sobre trata de personas, y 17 % tenía dudas en identificar las formas relacionadas a ella.
La Unimet elaboró en 2021 un estudio para evaluar la vulnerabilidad de sus estudiantes ante redes de trata de personas.
Si bien 80 % de los estudiantes demostró estar familiarizado con los delitos más comunes asociados a trata de personas (explotación sexual, esclavitud, trabajos forzados), sólo 29 % identificó que aceptar ofertas de trabajo engañosas pueden llevarlos a situaciones de trata.
También 14,6 % de los estudiantes denunció haber recibido ofertas de empleo ventajosas en los últimos años, como esquemas piramidales, ofertas de modelaje en el exterior, trabajos de camarera en Trinidad o España con elevados beneficios, propuestas de acompañantes (escort) en Europa. La especialista señaló que, dentro de esa formas de captación que han desarrollado los tratantes, está la de incitar a la persona a que se lleve a otras, con lo cual también se las compromete en el delito.
Por Agencia