El rector Enrique Márquez presentó al directorio del Consejo Nacional Electoral (CNE) una propuesta para reglamentar las actividades previas a la campaña electoral, debido a la necesidad de buscar “llenar un vacío reglamentario en cuanto a las actividades políticas y electorales”.
Explicó que dicha iniciativa, que consta de 13 directrices, es importante debido al desarrollo de un diálogo, bajo mediación internacional, y los reclamos de actores políticos para unos comicios justos.
«La resolución contempla, entre otros aspectos, que ´todas las actividades de carácter público, así como la difusión de mensajes, imágenes, grabaciones, entre otras, por parte de precandidatos, candidatos, partidos políticos, militantes, electores, comunidades y organizaciones indígenas para promover y captar votos a su favor o a favor de determinada parcialidad política, deben ceñirse estrictamente al tiempo de campaña establecido en el cronograma».
También se plantea que «toda propaganda de campaña anticipada debe ser penalizada por el CNE y para eso debe aprobarse el conjunto de normas establecidas en el documento presentado», señala una nota de un medio de Maracaibo.
Enrique Márquez señaló que el sábado 14 de agosto, el mandatario Nicolás Maduro participó en la “reunión con candidatos y candidatas del PSUV», y en el evento transmitido por Venezolana de Televisión manifestó su apoyo expreso a las candidaturas de ese partido.
“Entendemos que el mandatario tiene una dualidad: es presidente y a la vez es líder de esa organización. La Constitución no le impide tal dualidad, lo que sí le impide es que, como jefe del Ejecutivo nacional, promueva candidaturas. Los funcionarios públicos están al servicio del Estado, no de una parcialidad política. Aquí hay una abierta violación a la Constitución y las leyes”, destacó el rector.
Por ello, en su propuesta se contempla la prohibición expresa del uso de recursos, instituciones y medios públicos para la difusión de propaganda electoral. La prohibición se extiende a los procesos internos de selección de candidatos en organizaciones con fines políticos.
Otra de las directrices planteadas por Márquez se refiere a la obligación de los medios de comunicación privados y los que integran la red de medios públicos, en relación con el cumplimiento de los “principios constitucionales de la paz, democracia, responsabilidad social, la preeminencia de los derechos humanos, y la imperativa atención a los estándares de la información plural, oportuna, veraz e imparcial”. En tal sentido, la normativa en cuestión “evitará favorecer o perjudicar a alguna candidatura o partido político, y procurará mantener un justo equilibrio en la programación y cobertura mediática de la campaña”. Banca y Negocio
Por: Agencia