La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia ratificó la pena máxima para los 12 de 17 detenidos señalados como culpables de participar en el magnicidio frustrado perpetrado el 4 de agosto de 2018 cuando el presidente Nicolás Maduro se encontraba en un acto militar celebrado en la avenida Bolívar de Caracas. La Sala declaró desestimados nueve recursos que buscaban anular las condenas impuestas.
Estas personas, 13 civiles y cuatro militares, fueron acusadas por el Ministerio Público (MP) por homicidio intencional calificado en grado de frustración en la persona del Presidente de la República, entre otros delitos.
Dichas condenas ya había sido ratificadas el 21 de marzo pasado por la Sala Especial Dos de la Corte de Apelaciones Antiterrorista, luego de que el Tribunal Nacional Primero de Juicio con competencia en casos vinculados con delitos Derivados y Conexos asociados al Terrorismo emitió condenas entre 5 y 30 años de prisión en un juicio transcurrido entre el 2 de diciembre 2019 al 2 de agosto 2022.
Esta ratificación de condena emitida por el TSJ, se realiza luego de que el 23 de agosto pasado, la Sala Penal recibió los nueve recursos (de casación) consignados por abogados de los 17 condenados. Los recursos contienen denuncias relacionadas mayormente con el juicio celebrado en contra de los acusados.
Sin embargo tras la revisión, los magistrados desecharon la denuncia en que el tribunal de juicio presuntamente se negó a darle curso a una nueva prueba que supuestamente favorecía al general de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) Alejandro Pérez Gámez, acusado de haber informado el cambio del sitio donde se realizaría el acto celebratorio del 81 aniversario de ese componente militar, lo cual le sirvió de guía a los planificadores del magnicidio, así como adujeron que ya otro militar había admitido ser la persona que informó a Julio Borges sobre el sitio donde sería el acto militar. Esto, para la Sala Penal no califica para ser expuesta en un recurso de casación, el cual está dirigido a denunciar presuntas infracciones de las cortes de apelaciones y no de los tribunales de juicio.
Otra de las denuncias interpuestas es el allanamiento hecho a un inmueble atribuido al general Héctor Armando Hernández Da Costa y en donde hallaron un documento titulado “Operación Constitución”, alusivo a los planes para deponer al presidente Maduro. Hernández Da Costa “obró con premeditación conocida”, dice la sentencia.
Los magistrados igualmente desecharon esa denuncia por tratarse de un planteamiento poco claro e impreciso.
Las restantes denuncias también fueron desestimadas por la Sala Penal cuyos magistrados dejaron incólume las condenas impuestas, según se lee en la sentencia 682 redactada por la magistrada Elsa Gómez y convalidada por sus colegas, Carmen Marisela Castro y Maikel Moreno.
Los condenados
Entre los 17 procesados por el magnicidio en grado de frustración, 12 fueron condenados a 30 años de prisión.
Los hallaron culpables de los delitos de: homicidio intencional calificado en grado de frustración cometido contra la integridad física del presidente Nicolás Maduro; homicidio intencional calificado ejecutado con alevosía y por motivos fútiles en grado de frustración en perjuicio de los ciudadanos (militares) José Del Valle Núñez Martínez, Ortiz Belatis Benny, Luis José Alexander Molina Torres, Darwin Moreno, Gómez Dorante Jesús, Hernández Moran Víctor y Guerrero Salazar Lizneidy; lanzamiento de artefactos explosivos en reuniones públicas; traición a la patria; terrorismo y asociación.
Entre los 12 condenados a pena máxima figuran tres militares, uno de ellos el general Alejandro Pérez Gámez, quien para el momento de los hechos se desempeñaba como director de los Servicios para el Mantenimiento del Orden Interno de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).
La lista también la compone el coronel (GNB) Pedro Javier Zambrano Hernández fue otro de los militares que recibió pena máxima; Juan Carlos Monasterio Vanegas, sargento mayor de primera en situación de retiro (GNB), igualmente fue condenado a 30 años de prisión; los pilotos de los dos drones activados frente a la tarima donde se encontraba el jefe de Estado ese 4 de agosto también fueron condenados a 30 años de cárcel: Bryan de Jesús Oropeza Ruiz, Argenis Gabriel Valera Ruiz y Alberto José Bracho Rosques; Yanín Fabiana Pernía Coronel, la mujer acusada de prestarles logística para esa acción, igualmente recibió pena máxima; Yolmer José Escalona Torrealba, el explosivista que recibió los drones en Barquisimeto (Lara) para su preparación con C-4, según la investigación, igualmente fue condenado a 30 años; Emirlendris Carolina Benítez Rosales, una empresaria catalogada como presunta colaboradora en el atentado fallido, recibió la pena máxima; Oswaldo Gabriel Castillo Lunar, condenado a 30 años de prisión; Henrybert Enmanuel Rivas Rivas, condenado a 30 años, José Miguel Estrada González también integra el grupo de 12 condenados a 30 años de prisión por ser colaborador en la preparación de los drones.
Los otros condenados son: el General Héctor Armando Hernández Da Costa, condenado a 16 años de prisión tras culparlo por el delito de conspiración; Ángela Lizbeth Expósito Carrillo, 24 años de prisión, acusada de alojar en su vivienda a Henrybert Enmanuel Rivas Rivas, cabecilla de la operación; José Eloy Rivas Díaz, 20 años de prisión por financiamiento al terrorismo; Juan Requesen (exdiputado de Primero Justicia), 8 años de prisión por el delito de conspiración.
Por: Agencia