“Las buenas costumbres, y no la fuerza, son las columnas de las leyes; y el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad», Simón Bolívar.
El título del presente artículo no está en mi intención tratar de develar el dilema de quién fue primero entre el huevo y la gallina. Eso lo dejo a los filósofos. No, en lo absoluto, pero si es bueno refrescar, desempolvar, que cuando en la dialéctica revolucionaria venezolana de “camaradas” y “camarados” el sentido de la palabra “atropello a la libertad de expresión” lo consideran que vulnera sus “intereses”, entonces los vemos pegando gritos a todo pulmón como observamos en las redes sociales la pasada semana en el salón de sesiones del Concejo Municipal de Maracaibo, donde se cumplía una consulta pública para reglamentar la entrega del premio municipal de periodismo Eduardo López Rivas.
En ese escenario en el que hijos del proceso, entre concejales y agitadores que son duchos en proferir palabras no publicables por respeto a usted como lector, la colega Leonor Argüelles, digna profesional del diarismo de calle, llevó la peor parte por la agresión verbal —cercana estuvo en concretarse en violencia física— de algunos de esos paradigmas de la tolerancia democrática electos el 21N de 2021, pero contrarios a su rol de legislar cumplen su mejor papel de militantes de la violencia que siguen al pie de la letra en la misión ordenada desde la estructura de propaganda y agitación del Psuv en el Zulia. Ya el enunciado de agitar lo dice.
Claro, seguros y airosos debieron sentirse en ese primer round por sabotear la sesión donde como lo dispuso el soberano ellos dejaron de ser mayoría y no digieren la lectura política de la nueva correlación política actual que no les permite entender, sino mejor no es legislar por la ciudad, sino la causa debe ser embochinchar a cada momento todo lo que signifique legalidad y orden.
Ese día siendo el tema de la consulta modificar la ordenanza anterior que regula una “legalidad” en la entrega del premio municipal de periodismo, muy distinta y contraria al respeto de hombres y mujeres profesionales que han estudiado cinco años en universidades públicas o privadas para ser periodista, —licenciado (a) en comunicación social— es una desviación heredada de la legislación municipal anterior. Sin embargo, hoy satisface, enaltece y compromete a la mayoría el hacer cumplir el Estado de Derecho en ese espacio de debates donde debe imperar la pluralidad y no el chantaje, aun cuando en el resto de la sociedad el respeto a ese derecho constitucional la “Revolución Bonita” convenga que su aplicación debe ser al estilo de la telenovela “Por Estas Calles”, escrita por Ibsen Martínez, donde destacó el personaje Eudomar Santos, célebre por la frase del “cómo vaya viniendo vamos viendo”.
Ahora bien, si los concejales revolucionarios quieren testimoniar algún reconocimiento a quienes ellos y sus predecesores califican de “periodistas”, comunitarios, populares, alternativos o como deseen llamar, —sin estar acreditados con estudios universitarios— muy bien pueden presentar una propuesta legislativa, pero no a lo mero macho cuando sus camaradas no han pasado por una universidad pública o privada para obtener ese título deseado sin atajos en el tiempo de estudios que significan cinco años bien especificados en el artículo Nro. 2 de la Ley de Ejercicio Profesional del Periodista Venezolano y en el Código de Ética. Claro, que están en su derecho de concursar quienes así lo cumplan estando, inclusive, sus títulos validados en alguna universidad bolivariana que forme periodistas.
Interesado en el tema cómo estoy, acaso no es más bien “atropello a la libertad de expresión” el cierre, confiscación de equipos, cierre de emisoras de radio o de televisión en todo el país que ejecuta Conatel. No es un “atropello a la libertad de expresión” haber echado a la calle a cientos de periodistas, técnicos, locutores, productores, publicistas, obreros y personal administrativo de medios plurales y democráticos. No es “atropello a la libertad de expresión” el haberle negado a la prensa escrita el insumo físico del papel y llevar a desaparecer de la calle hasta a los recordados pregoneros en cualquier esquina. Además por sufrir de amnesia les recuerdo la desaparición de fuentes de trabajo de padres y madres que tenían un kiosko donde se ganaban la vida y los lectores de periódicos o revistas podíamos conseguir la prensa nacional, regional e internacional. Adonde fueron a parar cientos de colegas, reporteros gráficos, publicistas, diseñadores, choferes y técnicos de primera de los talleres donde surgía cómo el pan caliente el periódico del día. ¿Díganme quien atropella a quién?. Asimismo, “atropello a la libertad de expresión” son las cada vez más y constantes denuncias de medios digitales sobre el bloqueo de sus portales en el internet por parte del Estado venezolano.
El “atropello a la libertad de expresión” que denuncian los revolucionarios no deja de ser asimismo el “congelamiento” mantenido por años del Consejo Nacional Electoral, CNE, sobre el derecho que tienen los miembros del Colegio Nacional de Periodistas, CNP, entre otros gremios, de elegir, designar o renovar a sus autoridades gremiales. Hoy, en esas autoridades existe cansancio, agotamiento y desconexión con los problemas que atraviesa el periodista, salvo contadas excepciones gremialistas. Esta es la lectura. ¿Así o más claro?.
En resumen otros “atropellos” distintos a la libertad de expresión igual han hecho añico la vida de los venezolanos y zulianos. El derecho a disfrutar de una mejor calidad de vida sin el “atropello” de pasar 4, 5, 8 o más horas en 2 o 3 tandas diarias sin el servicio eléctrico. ¿Esa verdad cómo debe llamarse?. Vivir como camellos en una tierra bendita llena de ríos, lagos y embalses sin tener un eficiente y seguro servicio de agua no es otro “atropello”. Madrugar, agotarse y pasar el resto del día como un zombi después de hacer una inmensa cola para surtir gasolina no es otro “atropello”. Que decir de los miles de casos de “atropellos” que a diario es víctima el ciudadano de parte de funcionarios uniformados o no que meten mano en los bolsillos de la gente, dándole rienda suelta a la extorsión o matraqueo alegando cualquier infracción o la conocida frase “deme pa’ los frescos”. Cómo debemos llamar la miseria de un salario mínimo que no satisface adquirir lo más mínimo para la alimentación de un hogar. ¿No es eso otro “atropello”?. Y lo que a diario viven pensionados y jubilados no es otro “atropello” cuando cobran para alimentarse o comprar medicinas migajas y burusas. Esto y muchas cosas mas son “atropellos” a la dignidad de los hombres y mujeres de un país llamado Venezuela.
Por: José Aranguibel Carrasco / CNP-5.003