Como consecuencia de la exigencia de una investigación penal por la gran cantidad de ejecuciones extrajudiciales presuntamente acometidas en 2021 en el estado Carabobo, según consta en informes realizados y cotejados por activistas de derechos humanos en fecha reciente, la ONG Provea recibió una demanda por difamación, interpuesta por el gobernador de la entidad, Rafael Lacava.
Así lo denunció, a través de las redes sociales, el coordinador de exigibilidad de la organización no gubernamental, Marino Alvarado, quien señaló que en la demanda realizada por el mandatario también figura el sacerdote jesuita Alfredo Infante, director de DD.HH. de la fundación Centro Gumilla.
En una petición realizada en marzo pasado, Provea y el Centro Gumilla exigieron al Ministerio Público que el jefe del Ejecutivo estadal fuese incluido en la investigación solicitada, al igual que el resto de la cadena de mando, luego que durante el año pasado se registraran 221 denuncias de ejecuciones extrajudiciales contra la Policía de Carabobo.
Este hecho convirtió al cuerpo de seguridad regional en uno de los organismos más letales del país, señala el integrante de Provea en videomensaje publicado en Twitter.
Se les informó de la denuncia este lunes
En el video, Marino Alvarado explica la situación. También detalla que se le informó de la demanda por difamación, a través de una comunicación oficial, durante la jornada de este lunes 16 de mayo.
“Supuestamente lo hemos difamado (a Lacava) porque hemos exigido que se investigue la presunta responsabilidad que pueda tener el gobernador en las ejecuciones extrajudiciales que han ocurrido en el estado Carabobo”, dijo Alvarado.
Añadió que la acción emprendida por ambas ONG “es lo que nos corresponde como activistas de derechos humanos. Hay una grave vulneración que debe investigarse, así como los autores materiales y la cadena de mando. Esta (la demanda por difamación) es la consecuencia de ser exigente en materia de derechos humanos, el riesgo que corremos los activistas”.
Puntualizó que “pareciera que hay una política de Estado para evitar investigar a quienes pudieran tener la mayor responsabilidad. Nunca hemos dicho que el Gobernador sea responsable, sino que debe investigarse su presunta responsabilidad. Ese es el papel del Ministerio Público y exhortamos a la Defensoría del Pueblo a que colabore para que se investiguen todas las presuntas ejecuciones extrajudiciales registradas en el país”.
En este sentido, enumeró un total de mil 414 en 2021 y 3 mil 034 en 2020, para lo cual llamó a evitar la impunidad.
ATENCIÓN | Rafael Lacava, Gobernador de Carabobo, demanda por “difamación” al Coord. Legal de PROVEA, Marino Alvarado, y al Padre Alfredo Infante Sj (@centrogumilla); tras exigir investigación hacia Lacava por presunta responsabilidad en denuncias de ejecuciones extrajudiciales. pic.twitter.com/5fG8sff4RN
— PROVEA (@_Provea) May 16, 2022