Una jueza española prohibió la grabación y difusión de imágenes del cadáver del joven de origen brasileño Samuel Luiz, que murió tras ser brutalmente golpeado por varias personas en la calle, en un crimen con el agravante de homofobia.
Según un auto conocido este martes, la presidenta del tribunal que juzga estos días a cinco procesados por el asesinato responde así a la Fiscalía y otras acusaciones, que pidieron que las sesiones en las que declaren los forenses sean a puerta cerrada, como también apoya el jurado popular, reseñó EFE.
La magistrada considera que “la solución más proporcional” es mantener a puerta abierta la celebración del juicio, aunque con la prohibición de grabar o difundir todas las imágenes del cadáver y las pruebas forenses por las partes del proceso, así como por los medios de comunicación.
La Audiencia Provincial de La Coruña (norte) juzga desde la semana pasada con jurado popular a cinco personas por este caso, en el que la Fiscalía pide penas de entre 22 y 27 años de prisión.
En la primera jornada del juicio, el Ministerio Público definió el crimen de Samuel, de 24 años, como una “cacería brutal e inhumana”, con el agravante de homofobia en dos de los acusados.
Durante la sesión de este martes, cinco testigos presenciales del crimen han declarado que vieron cómo los agresores propinaban patadas y golpes a la víctima cuando ya estaba en el suelo, y que nadie intentó frenar la paliza hasta la llegada de dos ciudadanos senegaleses que acudieron a socorrer a Samuel.
Los hechos ocurrieron en la noche del 3 de julio de 2021, cuando los acusados comenzaron a golpear brutalmente a Samuel porque pensaban que les estaba grabando con su móvil, aunque en realidad el joven realizaba una videollamada con una amiga.
Varios testigos declararon que los agresores amenazaron a Samuel y le gritaron “maricón” repetidamente.
El asesinato de Samuel Luiz desató en España una ola de indignación y protestas entre los movimientos LGTBI.
Dos menores de edad que participaron en la agresión fueron condenados en marzo de 2022 a tres años y medio de internamiento tras confesar el asesinato.
Por Agencia