La aplicación del incremento del ingreso integral de los trabajadores se conocerá una vez sea publicado en Gaceta Oficial, sin embargo, se prevé que sea a través del bono de guerra económica o del ticket de alimentación.
Así lo afirmó el economista Robert Parga, presidente del Colegio de Economistas del estado Carabobo, quien agregó que “como ya sabemos estos bonos no tienen incidencia en las prestaciones sociales, vacaciones, utilidades ni antigüedad, porque no forman parte del salario mínimo integral, el cual está en 130 bolívares”, reseñó El Universal.
Para el economista Parga se tenía una gran expectativa acerca de un ajuste sustancial del salario mínimo de los venezolanos y el Día del Trabajador el presidente Nicolás Maduro se refirió a un incremento del ingreso mínimo integral de 30 dólares, lo que llevará el ingreso integral de 100 a 130 dólares mensuales.
Impacto en los empleadores
Parga señaló que “en el pasado, todos se asustaban cuando se hablaba de aumento salarial porque significaba que iba a haber un aumento de la inflación importante en el país y se iba recrudecer la situación económica. Actualmente el gobierno ha optado por una política de estabilización cambiaria de tipo ortodoxa, buscando la manera de controlar la inflación y mantener esa estabilidad cambiaria tan necesaria”.
El especialista explicó que “de alguna forma los empresarios sienten que esto los beneficia porque no los afecta en mayor medida en su estructura de costos, pero una política restrictiva respecto a una estabilidad cambiaria genera disminución del crédito en el mercado, bajos los salarios, lo que ha venido haciendo el gobierno nacional para no caer nuevamente en un proceso hiperinflacionario que nos lleve a una desestabilización del tipo de cambio y terminemos nuevamente en una reconversión monetaria como lo hemos vivido ya”.
Indicó que hay la voluntad política de incrementar los salarios, pero es importante dejar claro que un incremento importante en los salarios va a generar todos estos efectos perniciosos.
En este sentido, el Estado busca la manera de mantener controlados los precios y mantener estable el tipo de cambio, y va a tener que seguir utilizando esas medidas que son poco populares, como la restricción del crédito nacional. “Ya sabemos que el crédito público y privado ha caído en sus mínimos históricos, lo que ha afectado la productividad de las empresas, y ha afectado el consumo del venezolano por medio de tarjetas de crédito”.
Fondo de pensiones
Para el economista “la responsabilidad sobre las pensiones recae en el Estado venezolano, en ese sentido, que los empresarios contribuyan en eso es algo positivo, ya que todos tenemos que ser actores fundamentales en los cambios económicos del país, pero para que los empresarios estén de acuerdo en formar parte en ese proceso de contribución de las pensiones, también es necesario que el Estado venezolano aplique medidas que sean más conducentes a mejorar la situación económica”.
Hay que aumentar la productividad de las empresas para incrementar la producción de bienes y servicios, hay que liberar el crédito, “pero ahí se cae en el tema de que al liberar el crédito se puede generar un aumento de la liquidez monetaria, que a su vez se traduce en un proceso inflacionario; por lo tanto es necesario que esa política de incremento de producción de bienes y servicios esté amarrada a una política de estabilización del tipo de cambio y una estabilización de los precios de la economía”, dijo.
Aseguró que “si contribuimos en términos de Estado a conseguir que se eleven los montos de inversión nacional o extranjeros, para que los empresarios puedan acceder a esos fondos en función de hacer crecer sus empresas, no va a haber ningún problema en contribuir con esta nueva política del Estado venezolano sobre un fondo de pensiones, que se busca aplicar por medio de una ley.
Estrategias para avanzar
A juicio de Parga, el Estado venezolano ha buscado la forma de estabilizar los precios en la economía y lo ha logrado porque “en enero la inflación fue de 1.7, en marzo la inflación mensual fue de 1.2. Teníamos más de 12 años que no veíamos una inflación tan baja en un mes, probablemente en abril se termine con una inflación similar”, apuntó.
El Estado ha restringido el gasto público, “pensamos que siendo este un año electoral se iba a incrementar la liquidez del mercado nacional en procura de votos para el 28 de julio, pero el Estado venezolano, en su mantenimiento de esa política de estabilidad cambiaria, ha sido responsable en mantener el control del gasto fiscal y minimizar la inyección monetaria al mercado nacional.
Señaló que hay voluntad de querer estabilizar la economía, pero todo está estrechamente enlazado con las restricciones en los mercados internacionales producto de las sanciones, lo que crea una expectativa en el gobierno, en términos de cómo responder a la necesidad de dinero para poder invertir en la economía nacional para levantarla, para lo cual se necesita inyectar cuantiosos recursos.
El tributo empresarial a las pensiones
Antes de presentar la Ley ante la Asamblea Nacional, la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, y otros miembros del gabinete económico se reunieron con los gremios empresariales, encabezados por Fedecámaras, para presentar el proyecto legislativo.
Como parte del debate se acordó que la base de cálculo fuese el costo de la nómina de las empresas. Esta contribución será pagada por cualquier empresa que tenga actividad económica en Venezuela, independientemente de si su domicilio fiscal se encuentra o no en el país, y será independiente de los pagos regulares al IVSS.
Las empresas deberán pagar hasta el 15% de su nómina integral (salarios más bonos) mensual como contribución al sistema de pensiones, de acuerdo con el proyecto de la Ley Especial de Protección de Pensiones.
En ningún caso la base de cálculo del ingreso por trabajador debe ser inferior al salario integral indexado de 130 dólares mensuales.
Por otro lado, en el proyecto de Ley se delega en el Presidente de la República la atribución de ajustar anualmente el porcentaje de contribución, el cual puede ser discriminado por tipo de actividad económica.
La definición de la contribución establece como máximo 15 % de la nómina integral, lo que sugiere que queda un margen de acuerdo para que los empresarios puedan negociar con las autoridades una tasa más manejable, si fuera el caso.
Además, el artículo 8 del proyecto prevé que el Presidente de la República podrá exonerar a empresas de esta contribución, mediante decreto.
Por Agencia