El presidente de los obispos españoles, Juan José Omella, exigió este lunes una revisión «exhaustiva e imparcial» del informe elaborado por el Defensor del Pueblo de España, en el que se denunciaba que más de 445.000 personas sufrieron abusos en el ámbito religioso.
El documento, dado a conocer el pasado octubre, asegura, además, que 236.000 víctimas de esos abusos podrían haberlo sido directamente de sacerdotes o religiosos, reseñó EFE.
Omella negó hoy la «veracidad y fiabilidad» de la encuesta realizada por el Defensor del Pueblo para llevar a cabo su informe y apuntó la necesidad de corregir «cualquier sesgo que pueda haber sido extrapolado de manera maliciosa».
Lo hizo al inicio de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española (CEE), que se celebra estos días en Madrid, ante la que reconoció que el documento elaborado por el órgano estatal «ha llenado de tristeza» a los representantes de la Iglesia en España.
Según Omella, desde la CEE se revisó la encuesta y «francamente, nos resulta imposible confiar en la veracidad y fiabilidad» de los resultados.
A juicio de los obispos, en el informe del Defensor, «lo único contrastado» es que se recogieron «373 testimonios que se refieren a 487 víctimas».
Por Agencia