La comisión presidencial para los derechos Humanos y atención a las Victimas presentó ante los diputados electos en 2015 un informe en el que reportan que la Fuerza de Acciones Especiales (Faes) cometió más de 500 ejecuciones extrajudiciales durante el año 2020.
Entre las víctimas hay 400 identificadas y otras 125 no fueron reconocidas, el texto detalla que también detectó un patrón de ejecuciones entre jóvenes varones de escasos recursos debido a la militarización de la seguridad ciudadana.
Estas víctimas de ejecuciones por parte de la Faes en 2020 se suman a las más de dos mil 500 registradas en el territorio nacional por Michelle Bachelet, desde la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
El Humberto Prado, comisionado para los Derechos Humanos y Atención a las Víctimas, informó que también registraron 232 detenciones arbitrarias identificadas y otras 106 víctimas que presuntamente también habrían sido detenidas.
El 69 por ciento de las detenciones en casos de trabajares de la prensa fueron detenciones clandestinas y por tanto posiblemente ilegales o arbitrarias, mientras que solo 31 por ciento fueron acompañadas de procesos judiciales.
Prado indicó que los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, se han visto severamente violados en el año 2020 en el contexto de la pandemia, señala El Nacional.
Al menos 79,3 por ciento de la población no tiene suficiente poder adquisitivo para cubrir la Canasta Básica. El 96 por ciento de los hogares están en situación de pobreza y 79 por ciento en pobreza extrema.
Sólo 13 por ciento de la población tiene agua potable de forma ininterrumpida y en cuanto a la alimentación, 27 por ciento de los venezolanos se encuentra en estado de mendicidad, mientras 42 por ciento de los hogares tuvieron que rebuscar alimentos en la calle y 35 pro ciento afirmaron haber consumido alimentos que preferirían no haber comido.
Además, la Canasta Básica ronda los 300 dólares americanos, lo que equivale a 230 salarios mínimos para diciembre del año 2020.
Grupos vulnerables
En cuanto a grupos en situación de vulnerabilidad, aseguró que los trabajadores de la salud fueron los más afectados con 297 trabajadores de la salud fallecidos por COVID-19 hasta diciembre del año 2020, registrados por Médicos Unidos Venezuela y Provea.
“Es de destacar que Venezuela ostenta la cifra de mortalidad más alta de la región de trabajadores de la salud y la mayoría de los trabajadores son mujeres”, manifestó.
La Comisión también documentó un total de 212 femicidios de los cuales, 56 adicionales se reportaron en el extranjero.
En un informe titulado Discriminación estructural y violencia de género en Venezuela hasta agosto del año 2020: Ni una más Venezuela, determinaron que 86,4 por ciento de la población reporta que siempre o casi fueron víctimas de acoso sexual.
Cerca de 10 millones de mujeres están afectadas por la reducción de 326 toneladas de anticonceptivos.
La ONG Covite reportó una escasez de 78 por ciento de los anticonceptivos. “Esto afecta el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos”, resaltó Prado.
Sobre las personas privadas de libertad, se confirmó que ocurrieron al menos 299 ejecuciones extrajudiciales en 2020 en cárceles nacionales. 61 por ciento de las ejecuciones estuvieron asociadas a violencia policial, mientras que 33 por ciento debido a desnutrición y condiciones de salud, solamente 4,4 por ciento fueron por otras causas.
En relación a la comunidad LGBTI, la oficina confirmó que hasta el año 2017, 109 personas habían sido asesinadas debido a su orientación sexual y para el año 2020 se confirmó que hay cerca de seis mil familias LGBTI que requiere protección legal y no la tienen. Apuntó que permanecen vigentes muchas leyes que promueven la discriminación en contra de este grupo de personas.
Protección
En relación con las personas defensoras de derechos humanos, la Comisión indicó que ocurrieron cerca de 286 ataques en su contra. En este sentido, Prado aseveró que están preparando un borrador de proyecto de ley para la adopción de medidas de protección de las personas defensoras mediante la creación de dependencia y análisis en la defensoría del pueblo.
Esta ley será presentada a la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional electa en 2015.