El opositor venezolano Humberto Prado, nombrado por Juan Guaidó comisionado para los derechos humanos, exigió este jueves atención médica para el director de la ONG Fundaredes, Javier Tarazona, quien se encuentra detenido desde el pasado 2 de julio en el Helicoide, una sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en Caracas.
En su cuenta de Twitter, Prado recordó que Tarazona “cumple 166 días detenido arbitrariamente en las mazmorras del Helicoide”, por lo que reivindicó el derecho de activista a recibir “atención médica inmediata”.
El opositor indicó que el director de Fundaredes presenta dificultad respiratoria, flema con sangre, frecuencia cardíaca elevada e hipertensión, provocando que su familia “tema por su vida”.
“Su asistencia médica ya es una cuestión de vida o muerte, por lo que debe ser trasladado de inmediato a un hospital”, añadió Prado, quien recordó que, hasta la fecha, han fallecido 10 “presos políticos” bajo la custodia del Estado venezolano.
“El último fallecido fue el general Raúl Isaías Baduel, quien presuntamente se contagió de covid-19, pero sus familiares aseguran que lo dejaron morir en el mismo centro de tortura donde está Javier Tarazona”, sostuvo.
La coordinadora del área de documentación y derechos humanos de Fundaredes, Clara Ramírez, denunció el miércoles, tras recibir denuncias de los familiares, que a Tarazona se le ha negado la aplicación del monitor holter, cuando solicitó el traslado a un centro médico para realizar este procedimiento.
La Justicia venezolana confirmó el pasado 9 de diciembre el pase a juicio de Tarazona, principal voz de denuncia del conflicto que comenzó en marzo pasado entre las Fuerzas Armadas y disidentes de las FARC en Apure, estado fronterizo con Colombia.
El director de la ONG Foro Penal, Gonzalo Himiob, indicó que el hermano del director de la ONG, Rafael Tarazona, y el activista de Fundaredes Omar de Dios García también pasarán a juicio, si bien ninguno de los dos se encuentran actualmente en prisión.
Los tres activistas de Fundaredes fueron detenidos el pasado 2 de julio, cuando acudieron a la sede de la Fiscalía en Coro, capital del costero estado Falcón, a denunciar que estaban siendo víctimas de acoso y persecución por funcionarios de la Policía, agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y sujetos sin identificar, según denunció entonces Fundaredes.
Todos ellos están acusados de terrorismo, incitación al odio y “traición a la patria”.
Por: Agencia