El Poder Judicial de Perú postergó el inicio del juicio oral previsto para este jueves por la muerte de la joven periodista Melisa Alfaro, fallecida en 1991 por la explosión de un sobre bomba, presuntamente preparado por el Servicio de Inteligencia del Ejército, durante el Gobierno del entonces presidente Alberto Fujimori.
Según confirmó a EFE Gloria Cano, abogada de los familiares de Alfaro, el órgano judicial canceló la audiencia porque aún no ha resuelto la nulidad de una resolución planteada por la defensa del militar retirado Julio Salazar Monroe, quien fue jefe del Servicio de Inteligencia Nacional entre 1991 y 1998.
De esta manera, se dispuso el aplazamiento de las declaraciones de los implicados en el caso, entre ellos Fujimori (1990-2000) y su ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos, como presuntos autores mediatos (con dominio del hecho) de la muerte de la periodista, y el exmilitar Víctor Penas como presunto autor directo del atentado.
«Ayer nos notificaron que se suspendía. De acuerdo a la resolución que hemos recibido, hay un pedido de Julio Salazar Monroe, uno de los acusados, porque había planteado una nulidad de una resolución y la sala había omitido resolverla», explicó Cano a EFE.
La abogada detalló que, a pesar de que la sala «ya había señalado en una resolución que este planteamiento lo podrían ver en el inicio del juicio oral, se ha seguido insistiendo y finalmente ha señalado que, antes del inicio del juicio oral, va a resolver la nulidad planteada por Salazar Monroe».
La vista de la causa de esta nulidad, agregó Cano, quedó fijada para el próximo 15 de julio.
«El 15 de julio deben de escuchar y votar si aceptan o no el pedido de nulidad de Julio Salazar Monroe, que creo yo que no, y a partir de allí tendrían la posibilidad de iniciar (el juicio oral). En julio, tal vez», pronosticó.
A pesar de la suspensión de la audiencia, los familiares de Alfaro realizaron esta mañana una acción simbólica frente a la Sala Penal de Lima «para demandar a los magistrados que, en el desarrollo del juicio oral e investigación fiscal, prevalezca el derecho a la justicia de la víctima y sus familiares».
Por: Agencia