Cientos de personas marcharon este sábado en Buenos Aires para protestar por la instalación de un vallado policial en torno a la vivienda de la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, para quien un fiscal solicitó una pena de 12 años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
El domicilio de la también exmandataria (2007-2015), ubicado en el barrio capitalino de Recoleta, amaneció este sábado con un conjunto de vallas en sus inmediaciones y un refuerzo de la seguridad policial, unas medidas dispuestas por el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, encabezado por el opositor Horacio Rodríguez Larreta.
Desde este lunes, un grupo de militantes políticos, sociales y estudiantiles mantenía una vigilia en torno al domicilio de la exmandataria, pero el Gobierno porteño aprovechó las fuertes lluvias de esta madrugada para limpiar la zona y establecer el vallado en cuestión, impidiendo la congregación de manifestantes en el lugar.
La vicepresidenta cargó en su página web contra la decisión del Ejecutivo capitalino, subrayando que este sábado la esquina de su casa se encontraba «literalmente sitiada».
«Las vallas colocadas por el señor Larreta son algo más que impedir la libre circulación, son algo más que sitiar a la vicepresidenta de la nación. Quieren prohibir las manifestantes de amor y de apoyo absolutamente pacíficas y alegres, que tienen lugar ante la ya inocultable persecución del partido judicial», aseveró Fernández.
Por este motivo, los líderes de la coalición oficialista del Frente de Todos en Buenos Aires llamaron a congregarse en torno al domicilio de la vicepresidenta para protestar por el vallado policial.
Allí, funcionarios del Gobierno nacional, dirigentes políticos, sindicales y simpatizantes del kirchnerismo realizaron una «sentada» frente a las vallas, sin que por el momento se hayan registrado incidentes con la Policía.
El pasado lunes, el fiscal federal Diego Luciani pidió una condena a doce años de prisión contra Cristina Fernández, en el marco de un juicio por presuntas irregularidades en la adjudicación de obras públicas cuando era jefa de Estado.
El fiscal considera que está probado que la actual vicepresidenta fue la «jefa» de una asociación ilícita que causó un millonario perjuicio económico al Estado.
Fernández dijo que no hay pruebas que acrediten tales acusaciones durante una comparecencia pública el martes, después de que el tribunal que la juzga le negara la posibilidad de ampliar su declaración indagatoria.
Versión del gobierno porteño
En declaraciones al canal de noticias TN, el jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, explicó que la instalación del vallado tenía por objetivo «garantizar la circulación» de los vecinos de la zona.
«Los gobiernos tenemos la responsabilidad de garantizar el orden público. Acá vimos que progresivamente, en las últimas 48 horas, se habían organizado sistemáticamente para turnarse, llegaban personas, tuvimos batucada, feria, ruidos hasta las 2 de la mañana… La gente tiene que poder vivir con tranquilidad», aseguró Miguel.
Por: Agencia