Los Gobiernos de Perú y Chile evalúan abrir un corredor humanitario para atender la crisis migratoria en su frontera compartida, donde Perú ha reforzado este viernes la seguridad con el despliegue de cerca de centenares de militares en las inmediaciones de la zona limítrofe.
Un día después de la escalada de tensión política entre Lima y Santiago por la situación de los migrantes en su frontera, la subsecretaria chilena de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, dijo que las autoridades de ambos países tuvieron un diálogo «abierto y fructífero en los últimos días» y que, en las conversaciones, se ha señalado la posibilidad de abrir un corredor humanitario, aéreo o terrestre.
Matizó, sin embargo, que esto «requiere de la voluntad de los países a los que los migrantes quieren retornar».
«El objetivo principal de fondo es crear un corredor humanitario desde Chile para que estas personas logren volver a su país», aseguró el subsecretario del Interior chileno, Manuel Monsalve.
En el punto limítrofe de ambos países, denominado Línea de la Concordia, hace días que cientos de migrantes, la mayoría de ellos venezolanos y haitianos, permanecen varados sin poder retornar a territorio chileno ni ingresar a Perú, sin agua alimentos o servicios sanitarios.
Perú refuerza seguridad
Hasta la sureña región peruana de Tacna, colindante con la chilena de Arica, se ha desplazado esta tarde el ministro de Defensa peruano, Jorge Chávez, para supervisar la llegada de 196 militares que apoyarán a la Policía Nacional del Perú (PNP) en el control migratorio de la zona, donde la situación hoy se mantuvo en calma.
Chávez rechazó, sin embargo, que Perú vaya a «militarizar» la frontera y remarcó que respetará el acuerdo con Chile para que sus Fuerzas Armadas se mantengan, cuando menos, a cien metros de la zona limítrofe.
Los militares, insistió el ministro, respaldarán las labores de seguridad de la Policía en caso de que se vulnere el control fronterizo y las personas sin documentos ingresen en territorio nacional, tal y como sucedió este jueves, el mismo día que entró en vigor el estado de emergencia decretado por el Gobierno peruano en todos sus departamentos fronterizos.
En la Línea de la Concordia también se desplazaron este viernes funcionarios de la Superintendencia de Migraciones de Perú para empezar a revisar individualmente los documentos y la situación migratoria de las personas aglutinadas en la frontera, dando prioridad a los grupos más vulnerables, entre ellos personas con niños, mujeres embarazadas y de edad avanzada.
El problema, sin embargo, es que se exigen documentos que muchas personas desplazadas no tienen.
La ONU pide diálogo
El recrudecimiento de la situación migratoria en esta zona fronteriza hizo escalar el jueves la tensión política entre Lima y Santiago.
De un lado, el Gobierno peruano convocó al embajador de Chile para expresarle «su protesta por la falta de colaboración mostrada por las autoridades policiales chilenas» y, del otro lado, la cancillería del país austral citó al embajador de Perú para pedirle explicaciones por unas declaraciones del alcalde de Tacna, Pascual Güisa.
Güisa se refirió en una entrevista al presidente chileno, Gabriel Boric, como un «innombrable e irresponsable» y señaló que su administración «está trasladando el problema» migratorio en su país, en sintonía con lo que expresó el primer ministro peruano, Alberto Otárola, quien pidió a Boric que «solucione sus problemas y que no los tire hacia otro país».
Ante esta situación, el portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric, pidió hoy a los Gobiernos de ambos países que dialoguen para solucionar el problema migratorio en su frontera y se mostró “preocupado” por la situación de las personas que permanecen bloqueadas en su intento de salir de Chile.
Por Agencia