La policía peruana que combate la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes descubrió a un grupo criminal que tenía entre sus víctimas a mujeres migrantes, incluidas seis venezolanas menores de edad a quienes presuntamente explotaba sexualmente incluso dentro de una cárcel .
“Antes no hemos investigado un caso así”, el lunes a The Associated Press el coronel Manuel Díaz, jefe de la división de investigación de trata de personas. Por su parte, el Instituto Nacional Penitenciario manifestó que indaga los acontecimientos, y la ministra de la Mujer, Claudia Dávila, dijo que el caso es “tremendamente grave” por haber ocurrido en el interior de una prisión.
El jefe de la Dirección Contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, general Ulises Guillén, señaló a la AP que entre enero y octubre han rescatado a 589 venezolanas víctimas de trata, de las cuales 28 eran menores de edad.
La investigación policial se desarrollará más de dos meses para observar, vigilar y seguir a los integrantes de la organización criminal, integrada por peruanos y venezolanos. Díaz le dijo a la AP que los agentes ingresaron la semana pasada “a un prostíbulo llamado El Rosal”, en la provincia de Huaral, donde rescataron a tres adolescentes venezolanos de entre 15 y 16 años.
Luego, en otro local de Huaral —que era el lugar donde los tratantes recluían a las víctimas— rescataron a otros tres adolescentes venezolanos de entre 16 y 17 años. Díaz dijo que estas víctimas tenían sellos en los antebrazos que las autoridades en Perú colocan a quienes ingresan a los penales. Los sellos eran de la cárcel de Huacho, una ciudad cercana a Huaral, dijo Díaz.
Las adolescentes, junto a otra venezolana de 19 años, estaban cautivas y vigiladas por dos guardianes de su misma nacionalidad, un hombre de 18 años y una mujer de 47. Esta última era la encargada de llevar a las víctimas a la cárcel de Huacho, donde eran explotadas sexualmente.
Omar Méndez, jefe de la agencia carcelaria peruana, dijo por la tarde a la radio RPP que la unidad de asuntos internos investiga el caso. Hasta el momento han detectado que el 15 de octubre dos mujeres venezolanas ingresaron a la cárcel de Huacho, una de ellas muy joven con un documento de identidad aparentemente falso, junto a una mujer mayor.
La policía dice que una mujer venezolana de 47 años, apodada La Tuerta, que está detenida, reconoció ante los agentes que llevaban a las menores al interior de la cárcel para que fueran explotadas sexualmente.
Díaz indicó que la prisión era apenas uno de los lugares donde las adolescentes venezolanas eran explotadas por la banda integrada por peruanos y venezolanos. Las víctimas también fueron llevadas a algunas calles y hoteles, ya un prostíbulo de Huaral para poder obtener la mayor cantidad posible de dinero a partir de ellas, de acuerdo con las investigaciones.
Las seis adolescentes y la joven venezolana se enfrentaron a una “multa” de 4.200 dólares con sus captores. El jefe de los investigadores excluyó que el método de captación se realice normalmente a través de redes sociales o usando a una connacional, que las convenzan bajo una falsa oferta de trabajo.
“Les dicen: ‘vas a trabajar de anfitriona, de modelo, de mesera, de vendedora de prendas de vestir’, y como las personas tienen la necesidad clamorosa de salir por la crisis económica de Venezuela hacen el recorrido por Colombia, Ecuador hasta llegar a Perú”, dijo Díaz.
En Perú se adaptará en esclavas. “El traerte me ha costado, tu pasaje cuesta, tu alimentación cuesta, también cuesta pagar para que pases las fronteras, tú eres mi ‘multada’ y esa deuda me la tienes que pagar”, agregó Díaz, refiriéndose a la forma en que los tratantes se dirigen a sus víctimas menores de edad.
Sin familia y en absoluto desarraigo, las menores se someten a sus captores, que las explotan sexualmente. Quienes osan rebelarse son amenazadas de muerte, y las que desafían a los tratantes pueden terminar asesinadas por sicarios, agregaron, y recordó al menos dos muertes en otro caso diferente ocurrido en octubre.
Con el paso del tiempo los captores comienzan a imponer “multas” por diversos motivos a las víctimas. “Las multas van aumentando una y otra hasta que prácticamente se definen en impagables; es la esclavitud del siglo XXI”, dijo Díaz.
Por: Agencia