La industria petrolera venezolana proyecta cerrar el año 2026 con una producción de 1,3 millones de barriles diarios (bpd) y aproximarse a los 1,5 millones de bpd al cierre de 2027, impulsada por un ritmo de crecimiento intermensual estimado entre 18.000 y 20.000 barriles.
Durante la 82.ª Asamblea Anual de Fedecámaras, el presidente de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), Héctor Obregón, precisó que la meta estratégica a corto plazo contempla la suscripción de 105 contratos definitivos antes de que finalice diciembre de 2026, de los cuales ya se contabilizan 61 acuerdos firmados y 44 negociaciones activas en curso.
Obregón explicó que entre el 65 % y el 70 % de estos instrumentos contractuales se orientan al desarrollo de campos nuevos (greenfields), mientras que el porcentaje restante atiende la rehabilitación de infraestructura en campos maduros, detalla Banca y Negocios.
Este dinamismo operativo se fundamenta en las recientes reformas normativas a la Ley Orgánica de Hidrocarburos y su reglamento, que incorporaron cláusulas de arbitraje internacional en sedes neutrales para brindar seguridad jurídica, así como esquemas de participación productiva, alianzas de servicios y alianzas técnico-financieras con capital privado.
El presidente de PDVSA dijo sobre el tema gasífero que tienen como misión «la exportación de gas metano y gas industrial para que Venezuela continúe y mantenga activa la matriz energética del país».
Disposición del sistema financiero nacional
Por su parte, el economista y presidente de la junta directiva del Banco Exterior, Luis Xavier Grisanti, enfatizó la disposición del sistema financiero nacional para integrarse activamente al apalancamiento del crecimiento económico y el financiamiento a la cadena de bienes y servicios petroleros.
Aunque destacó que la cartera crediticia bancaria repuntó desde 240 millones de dólares en 2020 a 3.800 millones de dólares en meses recientes, subrayó que aún representa cerca del 4% del Producto Interno Bruto (PIB), una escala modesta frente al promedio regional de 33 %.
Para catalizar este respaldo financiero, Grisanti señaló como requisito indispensable la flexibilización gradual del encaje legal —actualmente situado en 73 %— en la medida en que se consoliden los equilibrios macroeconómicos, se reduzca el financiamiento monetario del déficit y se contenga la inflación a un dígito.
Aunado al avance en el levantamiento de sanciones y la disminución del sobrecumplimiento (overcompliance) por parte de la banca corresponsal, estimó viable que en un lapso de 18 a 24 meses la intermediación financiera nacional pueda elevar la cartera de préstamos a entre 8 % y 10 % del PIB.
Por: Agencias / Foto: Archivo