Una filial de Petróleos de Venezuela S. A. (PDVSA) ha emprendido una acción legal formal ante la Cámara de Comercio Internacional (CCI) contra el grupo petrolero estatal de Jamaica, Petrojam.
El foco central de este reclamo es la decisión del Gobierno jamaiquino de nacionalizar forzosamente una refinería de la cual la estatal venezolana era copropietaria, expone la nota de Banca y Negocios.
Para comprender la magnitud de la actual disputa legal, es fundamental repasar los antecedentes de la alianza energética entre ambas naciones.
En el marco de la iniciativa geopolítica Petrocaribe impulsada en 2006, PDV Caribe (filial de PDVSA) adquirió el 49 % de las acciones de Petrojam, la única refinería de petróleo en Jamaica.
El gobierno de la isla, a través de la Petroleum Corporation of Jamaica (PCJ), mantuvo la participación mayoritaria del 51 %. El objetivo principal de esta transacción era realizar una inyección de capital sostenida para modernizar, expandir y mejorar la capacidad de procesamiento de las instalaciones.
Sin embargo, durante la década siguiente, las inversiones prometidas por la parte venezolana para la mejora de la refinería no se materializaron.
La situación bilateral se agravó significativamente con la posterior imposición de sanciones por parte del gobierno de los Estados Unidos a PDVSA, lo que limitó drásticamente la operatividad comercial, el suministro de crudo y las transacciones financieras de la empresa venezolana.
Argumentando que el riesgo inminente de las sanciones estadounidenses y la paralización de las inversiones ponían en peligro directo la seguridad, el suministro y la soberanía energética de la isla, el parlamento de Jamaica aprobó en febrero de 2019 una legislación de adquisición obligatoria.
Esta maniobra legal permitió al Gobierno jamaiquino expropiar el 49 % de las acciones pertenecientes a PDVSA, asumiendo así el 100 % del control de la refinería.
En su momento, las autoridades de Jamaica indicaron que los fondos correspondientes al valor de las acciones serían depositados en una cuenta de garantía bloqueada, bajo el argumento de que las restricciones financieras impuestas por Washington impedían cualquier transferencia directa a las cuentas del Estado venezolano.
A pesar de estas medidas, Venezuela nunca desistió de sus derechos sobre el activo, exigiendo no solo el pago del valor nominal de las acciones, sino también compensaciones por dividendos vencidos y el valor real de mercado de la instalación, cifras que en su momento el Ministerio de Petróleo venezolano estimó en torno a los 250 millones de dólares.
Al elevar formalmente el caso ante la Cámara de Comercio Internacional —una de las instituciones de arbitraje más importantes del mundo para resolver disputas corporativas transfronterizas—, la filial de PDVSA persigue un laudo vinculante para destrabar la compensación financiera, según fuentes del ámbito legal internacional.
Por: Agencia