Cientos de migrantes fueron dejados el viernes en una parada de autobús de San Diego en lugar de en un centro de recepción que había estado sirviendo como base de operaciones porque éste se quedó sin financiación local antes de lo previsto, lo que muestra cómo incluso la ciudad más grande de la frontera sur de Estados Unidos está batallando para hacer frente a la afluencia sin precedentes de personas.
Los migrantes, que antes disponían de un lugar seguro para cargar sus teléfonos, ir al baño, comer y organizar su viaje a otro punto de Estados Unidos, ahora se quedaron en la calle, ante lo cual grupos de apoyo a migrantes se apresuraron a ayudar lo mejor que pudieron con medidas improvisadas.
Autobuses de la Patrulla Fronteriza que transportaban a personas procedentes de Senegal, China, Ecuador, Guatemala y muchos otros países llegaron al exterior de una estación de tránsito. Grupos de apoyo a migrantes les informaron que desde allí serían transportados en autobús a un estacionamiento, donde podrían cargar sus teléfonos y conseguir que les llevaran al aeropuerto. La gran mayoría tenía previsto pasar sólo unas horas en San Diego antes de tomar un vuelo o de que alguien los recogiera.
”¿Estamos en San Diego?”, preguntó Gabriel Guzmán, de 30 años, un pintor de la República Dominicana que fue liberado tras cruzar la frontera el jueves a través de un remoto paraje montañoso. Le dijeron que compareciera en junio ante un tribunal de migración de Boston, donde tiene la esperanza de ganar dinero para enviárselo a sus tres hijos.
Abd Boudeah, de Mauritania, voló a Tijuana, México, a través de Nicaragua, y siguió a otros migrantes hasta una brecha en el muro fronterizo, donde se entregó a los agentes el jueves tras caminar unas ocho horas. El exestudiante de ingeniería molecular dijo que huía de la persecución por ser gay y planea establecerse en Chicago con un primo que lleva 20 años en Estados Unidos.
“He soñado mucho con este (momento), y gracias a Dios estoy aquí”, dijo Boudeah, de 23 años, en un inglés impecable.
Los voluntarios dieron instrucciones en inglés, español y francés a pequeños grupos, todos ellos hombres y mujeres solteros. Utilizaron aplicaciones de traducción para otros idiomas.
“Vamos a cruzar la calle juntos y a ponernos en fila”, dijo un voluntario a su teléfono, que lo tradujo al hindi para un grupo de hombres de India.
“Cansado del camino”, dijo en ruso Alikan Rdiyer, un kazajo de 31 años, mientras aguardaba instrucciones para dárselas a un amigo de Los Ángeles que iba a recogerle. La Patrulla Fronteriza le dio un aviso para comparecer ante un tribunal de inmigración en agosto de 2025 en Filadelfia, una ciudad de la que no había oído hablar.
El estacionamiento del centro de tránsito estaba lleno de coches, por lo que los migrantes no tenían dónde estar, y no había baños públicos. Un taxista ofreció un viaje al aeropuerto internacional de San Diego por 100 dólares, el doble de lo que cobraban las aplicaciones de viajes compartidos. Algunos migrantes se dispersaron por el vecindario cuando los voluntarios no lograron contactarlos para darles instrucciones de que aguardaran en la acera.
El condado San Diego le ha dado 6 millones de dólares desde octubre a SBCS, una organización sin ánimo de lucro antes conocida como South Bay Community Services, con el fin de que proporcione estaciones de carga de teléfonos, alimentos, asesoramiento sobre viajes y otros servicios en una ex escuela primaria. El grupo quería mantenerla abierta hasta marzo, pero el jueves fue su último día.
El de San Diego es uno de los muchos gobiernos locales —incluidos los de la ciudad de Nueva York, Chicago y Denver— que han pasado apuros para ayudar a los migrantes sin sacrificar servicios clave. Al igual que en otras ciudades fronterizas, los migrantes suelen permanecer en San Diego menos de un día antes de marcharse, pero albergues de gran tamaño gestionados por Jewish Family Service y Catholic Charities llevan meses llenos y dan prioridad a las familias.
Nora Vargas, presidenta de la junta de supervisores del condado San Diego, respaldó firmemente el centro de acogida para migrantes, pero dijo que el condado tuvo que hacer una pausa en los gastos mientras evalúa los daños por las catastróficas inundaciones de enero y aborda el problema de las personas sin hogar y la falta de atención sanitaria entre sus residentes. “Tenemos que ser prudentes desde el punto de vista financiero”, señaló.
SBCS, que ha sido objeto de duras críticas por parte de algunos grupos de defensa de los migrantes, dijo al condado que sus servicios cuestan 1,4 millones de dólares al mes, señaló la portavoz Margie Newman Tsay. El condado le pidió que se propusiera reducirlos a 1 millón de dólares.
“No es que los fondos se agotaran antes de tiempo, es que los fondos se estiraron al máximo”, comentó Newman Tsay.
Los grupos de ayuda han prestado un apoyo fundamental a los recién llegados, y eso ha suscitado críticas de algunos sectores. El fiscal general de Texas, Ken Paxton, amenazó esta semana con demandar y cerrar Annunciation House, una organización que existe hace décadas y acoge a migrantes en El Paso. Paxton dijo que el grupo podría estar “facilitando la entrada ilegal a Estados Unidos”.
Ruben Garcia, director de Annunciation House, reunió a simpatizantes en una rueda de prensa para denunciar la estrategia de Paxton. “Es una advertencia en toda regla a otras entidades que también realizan la labor de hospitalidad de que muy bien pueden ser las siguientes”, manifestó.
SBCS dijo que había atendido a 81.000 inmigrantes en San Diego desde el 11 de octubre. En un informe presentado al condado indicó que había gastado 750.000 dólares en personal hasta el 24 de diciembre y 152.000 dólares en gastos operativos, incluidos alojamiento, transporte y seguridad.
“Podría haber hecho mucho más con 6 millones de dólares”, dijo Erika Pinheiro, directora ejecutiva de Al Otro Lado, un grupo de ayuda a migrantes que está prestando asistencia cuando las personas migrantes son dejadas en las calles.
Vargas, que le escribió al presidente Joe Biden la semana pasada para solicitarle su apoyo, defendió el desempeño de SBCS y puso de relieve su trabajo previo de acompañamiento a niños migrantes que viajan solos en el Centro de Convenciones de San Diego en 2019.
“Nadie es perfecto, especialmente cuando estás tratando de llenar un vacío que dejó el gobierno federal”, dijo Vargas, haciéndose eco de una opinión común entre los alcaldes de las grandes ciudades.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza dijo el viernes en un comunicado que las liberaciones en las calles fueron “el ejemplo más reciente de la necesidad apremiante de que el Congreso proporcione recursos adicionales y tome acción legislativa para corregir nuestras leyes de inmigración obsoletas”.
De octubre a enero, la Patrulla Fronteriza liberó a más de 500.000 migrantes con órdenes de comparecer ante tribunales de inmigración. Los grupos de ayuda a migrantes suelen lograr proporcionar albergue temporal, pero las liberaciones en la calle no son algo inaudito. También la estación de tránsito de San Diego ha sido escenario de liberaciones a gran escala el año pasado.
San Diego se ha convertido en uno de los corredores más transitados para los cruces ilegales, y en enero registró un promedio de 800 detenciones diarias. Muchas personas proceden de África Occidental y Asia. En ese mismo mes hubo una media diaria de más de 100 personas originarias de China.
La Patrulla Fronteriza les dijo a los grupos de ayuda a migrantes que el viernes habría 350 liberaciones en las calles, dijo Pedro Rios, director del programa fronterizo Estados Unidos-México del American Friends Service Committee, un organismo activista. La agencia no proporcionó cifras cuando se le solicitaron.
Por: Agencia