El uso excesivo de la fuerza aplicado por el buque TTS Scarborough de la Guardia Costera de Trinidad y Tobago que ocasionó la muerte de un niño y heridas a su madre tendrá responsabilidad internacional, pues fue evidente la falta de proporcionalidad entre un buque de guerra y un peñero.
La Organización Nacional de Salvamento y Seguridad Marítima de los espacios acuáticos de Venezuela (ONSA) calificó de desproporcionada la actuación de la guardia costera trinitense, la cual es recurrente en la zona. «Bajo el alegato de incursión en sus aguas territoriales, desde el buque se efectuaron disparos que dejaron como saldo un fallecido, el niño Yaelvis Santoyo, y una persona herida, Darielvis Sarabia, madre del pequeño».
Francisco Villarroel Rodríguez, consultor jurídico de la organización y especialista en Derecho Marítimo e Internacional, y el vicecomodoro Luis Guillermo Inciarte, secretario general, expusieron los aspectos técnicos legales del caso.
Además de condenar la acción y expresar sus condolencias a los familiares, ONSA en su interés por la observancia los derechos colectivos y difusos de la comunidad, relacionada con los espacios acuáticos, exaltó la importancia de que las autoridades venezolanas ejerzan todos los mecanismos para investigar el caso y accionar las responsabilidades correspondientes.
Evaluación legal del caso
Villarroel detalló que el buque de guardacostas es, dentro del marco del Derecho del Mar y el Derecho internacional, buque de guerra. Tiene los símbolos de ese Estado, está armado, tiene funciones jurisdiccionales para el ejercicio de la soberanía, y hay antecedentes en el derecho internacional en cuanto a las responsabilidades que pueden surgir en estos casos, de paso inocente, como consecuencia del uso excesivo de la fuerza, porque tiene que haber una proporcionalidad.
El especialista calificó de irresponsables las declaraciones del primer ministro de Trinidad y Tobago, pues no tienen asidero en el derecho internacional. «Ha habido precedentes de este tipo de casos en la zona, se está convirtiendo en algo recurrente. Hay decisiones incluso de la Corte Internacional de Justicia sobre el uso excesivo de la fuerza, que es evidente en este caso.»
Para ejemplificar su afirmación, Villarroel señaló que incluso en el reporte que hizo la guardia costera no indica que hayan tenido armas, no tenían forma de defenderse contra esa agresión, ni cómo evadirse, porque su capacidad de maniobra y de propulsión eran muy limitadas frente a la otra embarcación. «Esto tiene una responsabilidad internacional que, si no es ahorita, será más tarde».
De acuerdo con Villarroel estos casos no prescriben, por tratarse de acciones que van en contra de los Derechos Humamos, por lo tanto, podrán ser investigados y establecer responsabilidades en cualquier momento.
Los miembros de ONSA aseguraron que ahora corresponde al Estado venezolano, en las relaciones entre estados, exigir que se abra una investigación, se determinen las responsabilidades y también, como toda responsabilidad cuando no se puede retrotraer a un estadio anterior, que paguen los daños que hayan causado, que si bien no constituye un consuelo para los familiares, sí representa un precedente para evitar que se repitan estas acciones.
Acciones desde el punto de vista marítimo en Venezuela
Ante la llegada de los migrantes a Venezuela, luego de su deportación por parte de Trinidad y Tobago, entre ellos el capitán de la embarcación del suceso, ONSA advirtió que es importante conocer cuáles serán las acciones que tomarán las autoridades venezolanas.
De manera extraoficial se conoció que los dueños del peñero cobraban una cantidad para el traslado. «De acuerdo a lo establecido en leyes venezolanas es responsable de las medidas de seguridad de la navegación, cumplimiento de las normas, seguridad de las personas a bordo y de las maniobras. Se espera que en las próximas veinticuatro horas debería presentar, ante la Capitanía de puertos de la Circunscripción acuática de Delta Amacuro, un informe relatando lo ocurrido».
La investigación del Ministerio Público pudiera derivar en acciones por tráfico de personas y asociación para delinquir. “Desde el punto de vista marítimo hay que iniciar un proceso, le corresponde a la autoridad hacer la investigación y pronunciarse”, precisó el vicecomodoro Luis Guillermo Inciarte.
Delta Amacuro y Güiria, zonas de riesgo
La Organización Nacional de Salvamento y Seguridad Marítima de los espacios acuáticos de Venezuela reiteró el llamado a la población a no exponerse en la navegación en zonas que han sido identificadas de alto riesgo. “Dentro del mapa de zonas de riesgo para embarcaciones hemos definido a las Circunscripciones acuáticas de Delta Amacuro y Güiria, entre otras, como áreas de peligro, siendo aquellas donde los navegantes pueden verse involucrados en una situación de riesgo inminente dado que existen reportes de actos violentos contra embarcaciones: piratería marítima, robo armado y acceso a áreas internas a las embarcaciones, uso de armas de uso de fuego contra las embarcaciones y sus tripulaciones. Además, son zonas de difícil acceso y comunicación en caso de emergencia”, puntualizó Inciarte.
El secretario general de la organización insistió en la precariedad de la seguridad de las embarcaciones y las personas. «Corresponde a las autoridades de ambos países las acciones para garantizar la seguridad de la navegación, evitando los actos de depredación de buques, de piratería, el narcotráfico, la navegación ilegal y cualquier otro tipo de circunstancia que viole las leyes».
Por Nota de Prensa