El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más destacó este sábado la labor de los defensores de derechos humanos en ese país, quienes, con el Gobierno que preside Daniel Ortega, sufren «persecución» y han sido despojados de su nacionalidad y propiedades.
En un mensaje con ocasión de conmemorar el Día Internacional de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos, el Colectivo elogió el trabajo de los activistas nicaragüenses que durante años han promovido y defendido los diferentes derechos humanos, «a costa incluso de persecución, cárcel, tortura, despojo arbitrario de nacionalidad y robo de sus propiedades», reseñó EFE.
«Pedimos a la comunidad internacional que continúe atenta a las permanentes violaciones de derechos humanos cometidas a diario por la dictadura que oprime al pueblo de Nicaragua usando el aparato represor de la Policía, jueces y fiscales, para criminalizar a toda aquella persona que levanta su voz contra las injusticias», abogó ese Colectivo, integrado en su mayoría por activistas nicaragüenses exiliados y con sede en San José, Costa Rica.
Esa ONG recordó que en febrero pasado fueron excarcelados y expulsados de Nicaragua 222 personas «que estuvieron hasta tres años ilegalmente detenidas en cárceles por órdenes de los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo, un delito considerado de lesa humanidad».
Semanas después a otros 94 nicaragüenses también les fue quitada su nacionalidad y sus propiedades confiscadas, al igual que los 222 que fueron expulsados, anotó.
«El último régimen que usó esta medida contra sus ciudadanos fue el nazi que lideraba Adolfo Hitler en Alemania», ilustró el Colectivo.
Y observó que de los más de 300 desnacionalizadas hay periodistas, defensores de derechos humanos, líderes campesinos, religiosos, feministas, opositores y «decenas de personas comunes que protestaron por las violaciones de derechos humanos cometidas desde abril de 2018 luego que policías, paramilitares y hasta soldados del Ejército dispararon contra personas, dejando al menos 355 muertos y más de 4.000 heridos (en las protestas)».
Uno de los casos es el de Vilma Núñez de Escorcia, co-fundadora y presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), organización que fue «ilegalmente cerrada en diciembre de 2018 por órdenes de Ortega y Murillo por defender los derechos de los nicaragüenses», continuó.
Núñez también fue despojada de su nacionalidad nicaragüense y se encuentra en Nicaragua sufriendo los atropellos del régimen contra su persona, agregó el colectivo.
Resaltan el caso del obispo Rolando Álvarez
El Colectivo también resaltó el caso del obispo Rolando Álvarez, quien en febrero pasado fue condenado a más de 26 años de prisión tras negarse a abandonar su país y por delitos considerados traición a la patria.
Según esa ONG, el jerarca ha sido víctima de persecución desde el 2018 «solo por denunciar la represión estatal y las violaciones de derechos humanos en Nicaragua» en el marco de las protestas que estallaron en ese año.
«Desde agosto de 2022 fue detenido ilegalmente y más tarde llevado a la cárcel. El 10 de febrero de este año fue arbitrariamente condenado a 26 años de prisión y lo despojaron de su nacionalidad», puntualizó.
El Colectivo solicitó a «los organismos internacionales y países democráticos que continúen su labor de exigir a la dictadura de Nicaragua el respeto a los derechos humanos, la libertad de los más de 100 presos políticos y volver a la senda democrática».
Por Agencia